La comisión de Hacienda del Senado despachó ayer martes el proyecto de royalty minero. Tras un tercer reajuste por parte del Gobierno, la instancia aprobó por unanimidad una nueva fórmula de carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF).
En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA).
Según el Ejecutivo, la carga tributaria potencial máxima establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales (adicional).
En el caso de que la suma de los gravámenes supera dicho límite, el royalty se ajustará hasta alcanzar el porcentaje máximo establecido en la ley.
La comisión también aprobó una indicación que precisa la aplicación de la carga potencial máxima y los criterios con que se distribuirán los recursos del Fondo para Comunas Mineras de 55 millones de dólares, correspondiente a uno de los tres fondos que crea la iniciativa para distribuir entre gobiernos regionales y municipios del país, consignó Diario U de Chile.
Cabe recordar que el lunes tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que había llegado a un acuerdo con legisladores de la oposición sobre el nuevo tope fiscal.
¿Royalty Minero o manga ancha al extractivismo desbocado?
El Ciudadano tuvo acceso al protocolo de acuerdo del proyecto de Ley de Royalty Minero.
En uno de sus puntos (3-C), el texto plantea que se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ellos afecte el cumplimiento de la normativa ambiental.
Para tal fin, se prevé constituir una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo.
Este punto ha generado polémica y despertado alertas por parte de los defensores del medio ambiente, quienes critican que se haya pactado a espaldas de la ciudadanía el acuerdo que contiene un ‘fast track’ para la facilitar la aprobación de proyectos mineros, brindando todas las facilidades para las mineras y sus labores extractivistas.
«La ganada de las mineras en el acuerdo Gobierno/Oposición por el royalty: Fast track ambiental para proyectos mineros. El guión avanza rápido de ´gobierno ecologista´ a ´caballo de Troya extractivista´ «, señaló el periodista Patricio Segura.
Por su parte, la politóloga, magister en Sociología y especialista en Ecología Política, Pamela Poo, planteó que «una cosa es discutir el royalty y otra es acordar a espaldas de la ciudadanía el fast track para proyectos mineros, se sabe que se requiere de recursos, pero otra cosa es dar manga ancha al extractivismo desbocado.»
«Sabido es que quienes presentan malos proyectos son los privados, y quienes se los mejora es el estado, sumado a que quienes se demoran son los privados. No se requiere de diagnóstico, existen los de la OCDE, Sociedad civil, academia. Por otra parte, acá falta en serio hablar de mejoras a la ley ambiental y su evaluación, como se integra el cambio climático, Escazú, y otras lógicas que ya son de siglo XXI, el mundo político no está entendiendo lo que se nos viene encima», explicó.
«Este protocolo de acuerdo de la Comisión de Hacienda del Senado y el Gobierno, está hecho para destrabar la discusión del royalty. Me parece problemático ese punto(3-C), que si bien dice que se vamos a respetar la Ley Ambiental, el problema es que la ley tampoco asegura mínimos actuales. El tema de Escazú no está incluido, no hay seguridad de que las cosas de nos han preocupado al mundo ambiental y ecologista puedan ser tomadas en cuenta», declaró a El Ciudadano.
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