El excandidato presidencial de Ecuador, Andrés Aruaz, compareció en Bogotá, Colombia, con su asesor legal, para presentar una denuncia legal contra el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, ante la Cámara de Representantes de Colombia.
Este anuncio marca el primer paso formal hacia la justicia en el caso de lawfare e intervención extranjera perpetrada por Barbosa con el propósito de socavar la democracia de Ecuador.
En el período previo a las elecciones generales ecuatorianas de 2021, el candidato presidencial Arauz fue objeto de un caso de lawfare llevado a cabo por los Estados colombiano y ecuatoriano en connivencia con el principal medio de comunicación colombiano, Semana – un caso que también difamó y calumnió a la Internacional Progresista.
Apenas unas semanas antes de las elecciones de 2021, Semana publicó un artículo en portada citando fuentes militares y de inteligencia colombianas que afirmaban que Andrés Arauz había recibido un préstamo de 80 mil dólares del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La base de este artículo difamatorio eran supuestos archivos de un ordenador portátil de un miembro del ELN asesinado, Andrés Felipe Vanegas Londoño, conocido con el alias de «Uriel». Pero Semana fue aún más lejos, afirmando que el supuesto pago tuvo lugar en la Cumbre inaugural de la Internacional Progresista en septiembre de 2020.
Las imputaciones del caso son manifiestamente falsas
La Cumbre de la Internacional Progresista tuvo lugar íntegramente en línea durante el primer año de la pandemia del covid-19. Las actas completas de la Cumbre están disponibles aquí. La Cumbre no supuso ninguna reunión física y no hay forma posible de que la supuesta transacción pudiera haberse realizado. La Internacional Progresista rechaza categóricamente la información falsa y malintencionada publicada por Semana sobre un supuesto vínculo con el ELN. La Internacional Progresista nunca ha tenido contacto alguno con el ELN.
Sólo un día después, apareció en Internet un vídeo ampliamente compartido en el que aparecían hombres vestidos con uniforme militar junto a banderas blasonadas del ELN y pañuelos «de la selva colombiana» que supuestamente defendían su apoyo al «camarada Andrés». Sin embargo, un ornitólogo ecuatoriano demostró rápidamente que el vídeo era un montaje tras identificar en las imágenes un ave que sólo puede encontrarse en Ecuador y Perú. Esto demostró que el vídeo no se filmó en Colombia, sino en un país totalmente distinto.
A pesar de carecer de base fáctica, las acusaciones de Semana se utilizaron como garrote político para difamar a Andrés Arauz y difundir desinformación. Incluso el presidente ecuatoriano Lenin Moreno intentó legitimar los informes de Semana, afirmando en un discurso público que «es muy grave que el dinero de los narcotraficantes esté entrando en la escena política del país».
Pero la actuación del Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, convirtió un golpe propagandístico en un asunto de injerencia extranjera directa con graves consecuencias para la democracia ecuatoriana.
Pocos días después de la primera vuelta electoral, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito en visita oficial para entregar a su homóloga ecuatoriana, la Fiscal General, Diana Salazar, las supuestas pruebas en contra de Andrés Arauz. Además, el equipo legal de Arauz ha obtenido ahora nuevas pruebas que sugieren que Barbosa plantó información falsa en los supuestos ordenadores pertenecientes a «Uriel».
La muy publicitada visita del Fiscal General y los reportes del escándalo fabricado fueron ampliamente compartidos a través de todas las plataformas mediáticas, dañando severamente la imagen y candidatura de Aruaz en plena campaña presidencial. La visita de Barbosa no sólo representó la difamación de Andrés Arauz por parte del Estado colombiano, sino también una injerencia extranjera ilegal en las elecciones presidenciales de Ecuador, una violación clara e inaceptable de la soberanía nacional.
El anuncio de una acción legal formal es un primer paso esencial para que el Fiscal General Barbosa rinda cuentas por sus atroces actos de injerencia extranjera en las elecciones ecuatorianas de 2021.
Exigimos justicia para el pueblo de Ecuador, que ha visto su soberanía y su proceso democrático socavados a sabiendas por el fiscal general Francisco Barbosa. Y exigimos justicia para Andrés Arauz.
Traducción: Lizzette Vela
Foto: Wire
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