Glaciares ad portas de la Cuenta Pública Presidencial: Entre avances que se congelan y compromisos que se derriten

El gobierno de Boric comprometía en su programa la protección de los glaciares, sin embargo, no sólo no se ha avanzado en esta materia, sino que se ha retrocedido en lo que alguna vez fue una bandera de lucha del ex dirigente estudiantil, que en 2019, en su calidad de diputado, fue uno de los fundadores de la "Bancada Glaciar".

Absalón Opazo

31/05/2023 7:24pm

Parecía una broma del Día de los Inocentes. El autodefinido «primer gobierno ecologista» de Chile terminaba, vía Resolución Exenta 3824, con la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección Nacional de Aguas.

La noticia, conocida el 28 de diciembre, cayó como balde de agua fría en época de crisis climática y necesidad de fortalecer la seguridad hídrica.

Desde 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, operaba esta área responsable de las políticas públicas relacionadas con los glaciares del país. Entre sus funciones estaba elaborar el inventario general, su estudio y monitoreo.

Al desaparecer la UGN, sus atribuciones pasaron a la División de Hidrología, de nivel superior (incluso sometida al procedimiento de alta dirección pública) pero compartiendo prioridad con hidrometría y meteorología; proceso y desarrollo; y monitoreo de extracciones efectivas.

Ante el revuelo causado, el Ministerio de Obras Públicas aclaró que esta medida le otorgaría mayor jerarquía al foco en glaciares dentro de la DGA, ya que al contar la División de Hidrología con funcionarios en todo el país aseguraría un mayor despliegue territorial. En cambio la UGN sólo mantenía profesionales en Santiago y Aysén.

Esto fue refrendado en una presentación ante la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde el director DGA Rodrigo Sanhueza Bravo, expresó que «lo que estamos hoy día haciendo es incorporar esta unidad como un departamento Dentro de la División de Hidrología, Glaciología y Nieves, pero dentro de la orgánica del servicio, por lo cual tiene más potestad».

Más aún, se dijo que a futuro Glaciología y Nieves pasaría a ser una subdivisión, algo de lo cual no hay rastro alguno en la resolución ni en la actual página web del servicio.

Explicaciones más, explicaciones menos, lo cierto es que los fundamentos no convencieron a todos.

Desde la ciencia, el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, señaló que «volver a la institucionalidad que existía antes de la creación de la Unidad de Glaciología es un claro retroceso».

Y el 13 de enero, un total de 146 organizaciones ambientales solicitaron al Presidente Gabriel Boric revertir la medida, requiriendo que este ámbito se mantenga en una entidad especializada y enfocada en estos esenciales sistemas ecológicos e hídricos.

Incluso las críticas llegaron desde dentro. A mediados de enero un grupo de ex funcionarios de la desaparecida unidad presentó un recurso de reposición ante el director de la DGA, Rodrigo Sanhueza Bravo, solicitando reconsiderar la medida. En esta acción fueron representados por el ex director de la UGN, Gino Casassa Rogazinski.

Entre sus argumentos están que la medida habría carecido de «sustento técnico» y su convencimiento de que «disminuir la jerarquía y quitar la autonomía de la UGN. afectará negativamente sus labores operativas, tecnológicas y científicas, no estando a la altura de lo que el país necesidad en temas glaciológicos».

Paradojas del destino, aunque Casassa fue el último jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves y defendió la desechada institucionalidad, sus palabras no han ido siempre en búsqueda de la salvaguarda de estas relevantes fuentes de agua: «Hay una cita bíblica que dice que Dios al crear el mundo dio el mandato al hombre de señorear la tierra. Esto lo entiendo como un designio para el desarrollo sustentable, es decir, explotar la tierra sin destruirla. Si somos un país rico en recursos naturales, no puedo ser absolutista y decir que los glaciares son sagrados e intocables», dijo en 2014.

Si fuera un hecho aislado, esta decisión no sería más que una anécdota. Sin embargo, las últimas medidas del gobierno de Gabriel Boric en la materia apuntan a que los glaciares, a pesar de lo señalado previamente por quienes hoy conducen el país desde el Ejecutivo, no serían su prioridad.

Un supuesto que el próximo jueves 1 de junio, cuando se dirija al país en su segunda Cuenta Pública, el Presidente tendrá la oportunidad de controvertir o confirmar.

¿El cobre vale más que el agua?

Según el informe Glaciares de Chile: El lobby minero y el tortuoso camino para protegerlos (Chile Sustentable, 2020) la minera Los Bronces «destruyó entre 1988 y 2005 casi un 1 kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca alta del río San Francisco, que también desemboca en el Mapocho, provocando una pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua», reseñábamos en un artículo de octubre de 2020.

La mina Los Bronces es operada actualmente por Anglo American Sur (AAS), sociedad anónima controlada mayoritariamente por la transnacional británica Anglo American.

Está ubicada en la zona cordillerana de Santiago y Valparaíso, aledaña al glaciar La Paloma, los parques Río Olivares, el recientemente conformado Parque Nacional Glaciares de Santiago y el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Colinda, además, con las operaciones de Andina de Codelco.

El distrito minero fue descubierto en 1867, época en que comenzó su explotación. «En 1916 fue creada la compañía Disputada de Las Condes, y en 1952 fue traspasada a Minera Metalúrgica Peñarroya. En 1972 Disputada pasó a formar parte de Enami, y en 1978 fue vendida a Exxon, ocasión en que la agencia estatal se reservó una cláusula de recompra por hasta un 49%», consigna el portal Minería Chilena.

Cuando Exxon decidió enajenar sus activos, priorizó en la transacción a Anglo American, a lo cual se opuso Codelco por tener primera opción de compra.

La controversia se zanjó en 2012 cuando la estatal entró, junto a la japonesa Mitsui, a AAS con una participación del 29,5 % (en este porcentaje total Codelco mantiene un 20%). La matriz Anglo American retuvo el 50 % mientras que Mitsubishi se quedó con el 20,44 %. Un muy menor 0,00008 % es de la cuprífera británica Clarent SARL.

Los Bronces es del tipo rajo abierto y con el fin de ampliar su vida útil hasta 2036, la compañía presentó en julio de 2019 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su proyecto Los Bronces Integrado.

En estos 4 años de tramitación, fue evaluado por múltiples servicios. Hasta que hace un año, el 2 de mayo de 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental (por ser una iniciativa interregional la decisión final no la tomó una Comisión de Evaluación Ambiental regional) lo rechazó por no poder descartar la empresa «la generación de riesgo para la salud de la población», principalmente por no realizar «una evaluación del impacto en los términos de magnitud, extensión y duración de los aportes de material particulado respirable sobre los receptores humanos durante la construcción y operación del proyecto».

Ante esta decisión, el titular presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros de Gabriel Boric.

El 17 de abril, el gobierno revirtió la decisión del SEA y lo aprobó. Una decisión que fue aplaudida por el empresariado pero ampliamente cuestionada por los expertos y las organizaciones ambientales del país.

«Este proyecto tendrá un alto impacto socioambiental, porque agravará la afectación de la criósfera en la cordillera. Y lo digo no sólo por el material de depositación de material particulado producto de la explotación de la mina, tronaduras y circulación de vehículos», explicó el doctor en Geografía Francisco Ferrando, quien es profesor en el Seminario Glaciares Rocosos, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Universidad de Chile.

En opinión de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, «lamentablemente el gobierno autodenominado ecologista está votando en contra de la lógica ambiental que debería llevar adelante el Comité de Ministros. No es un comité para las inversiones, es un comité del medio ambiente y la sustentabilidad, y que se debe preocupar de que el desarrollo nacional vaya acorde con la protección ambiental, particularmente con la seguridad hídrica».

Han pasado ya más de dos meses desde aquella decisión y sus efectos persiguen al gobierno, con repercusiones internacionales. En su reciente visita al país, David R. Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, expresó que «el recientemente aprobado proyecto minero de Los Bronces podría acelerar el derretimiento de los glaciares de la región que abastece de agua potable a las regiones de Santiago y Valparaíso».

En otro ámbito, el de la institucionalidad hídrica, tras la aprobación en el Código de Aguas, en enero de 2022, de un artículo que prohíbe constituir derechos de agua sobre glaciares, las dos iniciativas que persisten en proteger estos ecosistemas fundamentales han tenido escaso avance.

En marzo de ese año pasó a la Comisión de Hacienda del Senado la moción que busca su salvaguarda integral sin que hasta la fecha el Ejecutivo le haya puesto urgencia. Dicha instancia no lo ha analizado, manteniéndose estancado en su primer trámite constitucional.

Y desde septiembre de 2022 también está paralizada la propuesta legal cuyo objetivo original era prohibir la constitución de derechos de agua en glaciares, pero que en su tramitación fue avanzando hacia una protección mayor.

Ese mes fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó al Senado, donde lo debe zanjar la Comisión de Medio Ambiente. En ésta no se ha revisado y la única sesión donde se trató tangencialmente el tema fue la del 9 de mayo, cuando la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas expuso sobre la aprobación de Los Bronces.

Ninguno de los proyectos ha tenido urgencias por parte del Ejecutivo en todo este período.

Tal es el resultado más visible de la gestión de Gabriel Boric durante su gobierno en el área, un evidente contraste con su programa para la segunda vuelta que comprometía como uno de sus elementos diferenciadores de José Antonio Kast, la protección de glaciares.

Una materia que incluso fue bandera de lucha del ex dirigente estudiantil quien en 2019, siendo diputado, fue uno de los fundadores de la -así llamada- «Bancada Glaciar«.