Hasta después del 2024 Puebla recuperaría inversión millonaria fallida

La secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, Teresa Castro Corro, reconoció que el proceso para recuperar la inversión de 600 millones de pesos realizada al Banco Accendo podría ser después de 2024, luego de que la Institución se declaró en quiebra y está en proceso de liquidación. Asimismo, negó que el “error financiero” fuera un acto de corrupción.

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Durante su comparecencia ante el Congreso local, refirió que además del gobierno de Puebla hay 400 acreedores pendientes del proceso judicial, entre los cuales hay entidades federales, gobiernos estatales y municipios.

El gobierno de Puebla está en el orden de prelación cinco, por lo que tendrá que esperar hasta que en Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) someta a subasta los activos de Accendo. La titular de Finanzas indicó que buscan escalar de lugar en la lista y aumentar las probabilidades de recuperar el recurso, aunque reconoció que la recuperación podría ser menor a la inversión.

Castro Corro negó que haya un quebranto al erario, pues señaló que la inversión fue por «economías» generadas de remanentes de años pasados y que el manejo fue conforme la normativa aplicable.

La funcionaria aseguró que el extinto Banco Accendo era una opción segura al momento de invertir, al señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le dio una buena calificación. En ese entonces era «la más redituable», al tener 1.5 por ciento de rendimiento, superior al promedio del mercado.

Castro Corro reprochó a los diputados locales que el tema haya sido «politizado» e incluso, dijo, se ha difundido información «malintencionada» para sugerir que la inversión pudo ser un acto de corrupción.

«No hay quebranto, hoyo financiero, boquete, acto de corrupción ni banco patito, mala fe, recomendaciones de terceros, no hay nada de ello diputados»

Teresa Castro Corro
Secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla

Para el gobierno, insistió, era «urgente» generar rendimientos, por una deuda heredada desde 2015, que en ese momento ascendía a mil 800 millones de pesos y creció hasta los 2 mil 600 millones de pesos, los cuales tuvo que pagar la actual administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Este crédito fiscal se originó en 2015, cuando la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas inició un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la «reincorporación indebida» de 700 millones de pesos, como saldo a favor.

Ante el pleno, no mencionó el papel que representó en ese momento el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa y admitió su responsabilidad en el movimiento financiero.

Morenovallismo malversó 161 mdp en «asesorías fiscales» simuladas

Al exponer este tema Castro Corro denunció que el gobierno panista pagó 161 millones de pesos a una empresa para «asesorías fiscales», lo cual sería una operación simulada.

El contrato se realizó por la entonces Secretaría de Finanzas y Administración con la empresa Sistemas LAC, para realizar declaraciones complementarias. No obstante, los trámites ante el SAT fueron realizados por funcionarios durante enero y el contrato fue en abril, por lo que el gobierno pagó por un servicio «innecesario», acusó.

«De esta contratación y el pago señalado, existen elementos para considerar que el mencionado servicio es una operación simulada, y un daño patrimonial, dado que se pagó un servicio sin requerirlo»

La funcionaria indicó que el pasado 19 de mayo se presentaron denuncias por presuntas responsabilidades administrativas, pues hay evidente dolo y quebranto al erario.

Además de la intentona de conseguir saldo a favor, la Secretaría de Finanzas tuvo que cubrir 200 millones de pesos por los ejercicios fiscales de 2015 hasta 2018, derivado de errores en el pago de impuesto a la nómina.

El crédito

En total se realizaron 11 operaciones de inversión con Banco Accendo por un total de 2 mil 407 millones de pesos.

De acuerdo con la funcionaria, con la quiebra sólo se perdieron 600 millones de pesos y estimó que por los intereses generó intereses de 7 millones 428 mil pesos.

En repetidas ocasiones insistió que la elección del Banco Accendo fuera por intereses, «recomendación» de terceros o en busca de un negocio, al señalar que fue un aspecto meramente técnico, en busca de optimizar los recursos.

Lo anterior luego de ser increpada por las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes cuestionaron la inversión por arriesgada.

La priista Silvia Tanús Osorio cuestionó que el banco tenía el capital «más bajo del mercado» y que hubo alertas de la Comisión Bancaria que supuestamente fueron ignoradas. Por su parte, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que el movimiento financiero no era «lógico» y que encubría un «negociazo» de terceros.

Castro Corro explicó que la inversión fue durante los meses que Accendo estuvo acreditado y por los aparentes beneficios que ofrecía, mientras que negó rotundamente que las transferencias obedecieran otro interés aparte de generar más recursos.

La bancada de Morena, por otra parte, se centró en el adeudo fiscal generado durante la administración panista y pidió presentar las denuncias correspondientes.

La diputada morenista Azucena Tapia cuestionó el “desperdicio” de la inversión en el Banco y sugirió que los recursos pudieron ayudar la emergencia sanitaria por covid-19.

Otras anomalías en fotomultas

Durante la comparecencia, la titular de Finanzas, Teresa Castro Corro confirmó que en 3 años pagó 694 millones de pesos a la empresa Intecproof para la operación del sistema vial conocido como fotomultas, pero en ese periodo sólo recaudó 613 millones.

Si bien reconoció que se perdieron 80 millones de pesos, dijo que la empresa no tenía los radares suficientes ni un sistema operativo de autos de 2015.

También dijo que este programa no tiene fines recaudatorios, sino más bien es un tema de prevención.

“Si ustedes ven lo que costó con lo que se recaudó está relativamente parejo”, dijo al recordar que la empresa que se queda con la operación del también denominado Monitor Vial está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Foto: Agencia Enfoque

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