Una tradición del PAN, echar a militantes críticos en víspera de elecciones

El PAN en Puebla ha convertido en tradición practicar las venganzas internas cuando en puerta hay un proceso electoral.

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Ese partido lleva casi una década castigando con investigaciones, expulsiones y hasta inhabilitaciones a panistas críticos o incómodos, con el fin de sacarlos de la contienda por las candidaturas.

El modus operandi suele ser el mismo: acusar al prospecto de alguna irregularidad, sancionarlo y lincharlo mediáticamente. Luego de quedar definidas las candidaturas, “congelar” el caso, sin que se determine de manera firme la responsabilidad del acusado.

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez; el exalcalde capitalino Luis Eduardo Paredes Moctezuma; los exdirigentes estatales Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana; el exdelegado del IMSS, Francisco Fraile García y la exdelegada de Sedesol, Ana Teresa Aranda Orozco, son algunos de los casos más sonados de esa manía persecutoria.

Varios de sus expedientes por supuestas anomalías siguen pendientes en las comisiones nacionales de Justicia y Anticorrupción del PAN, donde llevan meses o incluso años en espera de una resolución, con la posibilidad de que los casos “revivan” si así es conveniente.

El diputado local Eduardo Alcántara Montiel es el protagonista más reciente. Aunque no hay una sentencia firme en los procesos que enfrenta por violencia política y acoso sexual, su partido ya inició el proceso de expulsión, sanción que no aplicó en el pasado contra otros militantes acusados exactamente de lo mismo.

Alcántara y Genoveva, en capilla

El lunes 29 de mayo, la Comisión Permanente del PAN aprobó iniciar el proceso de expulsión del legislador local, a petición de la dirigente estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera Hernández, por considerar que la violencia política es una falta grave que amerita la pérdida de la militancia.

En un comunicado, el blanquiazul sostuvo que: “desde la dirigencia estatal del PAN Puebla se velará por los derechos políticos de las mujeres y no habrá cabida o tolerancia a la manifestación de cualquier tipo de violencia por razón de género”.

En 2021, Alcántara Montiel habría exigido a Erika de la Vega Gutiérrez 1.5 millones de pesos o un encuentro sexual a cambio de la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula.

En su momento, la queja no procedió al interior del PAN, cuando la presidenta era Genoveva Huerta Villegas. Entonces la agraviada acudió al Tribunal Electoral del Estado (TEEP) que hace unas semanas determinó la existencia de violencia política, por lo que ordenó al agresor disculparse públicamente y le impuso 3 años de impedimento para ejercer un cargo público, además de que ordenó al partido una sanción y otra más para Huerta Villegas por omisión.

El legislador ya emitió sus disculpas públicas, pero impugnó la sentencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no ha resuelto en definitiva si ratifica o revoca las sanciones impuestas por el TEEP. Aún así la dirigencia panista inició el proceso de expulsión.

Mismas acusaciones, diferente trato

De acuerdo con los estatutos del PAN, la Comisión de Orden Auxiliar del Consejo Estatal remitirá la solicitud de expulsión a la Comisión de Orden del Consejo Nacional, que determinará si impone o no dicha sanción.

Alcántara Montiel anunció que impugnará el dictamen de la Comisión Permanente, pues dijo que no se garantizaron sus derechos de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso, por lo que descartó que proceda su expulsión.

El legislador dijo que su caso es una venganza política por sus críticas y cuestionamientos a la gestión del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien cuenta con el respaldo de la dirigencia de Díaz de Rivera.

Tras el inicio del proceso de expulsión, la diputada local Guadalupe Leal Rodríguez señaló que “se midió con diferente vara” a Eduardo Alcántara, al recordar que el exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, también fue sentenciado por violencia política y nunca fue expulsado. Por el contrario, obtuvo cargos partidistas luego de concluir su mandato en 2018.

Genoveva Huerta dice que es perseguida

Mientras la Comisión Permanente define cómo procederá contra Huerta Villegas por este caso, el pasado 29 de abril el Consejo Estatal del PAN aprobó por mayoría iniciar un proceso administrativo contra ella y su extesorero, Jorge Zambrano Morales, por el presunto mal uso de 7 millones 600 mil pesos, ya que luego de una auditoría se detectó que no se comprobó el destino del dinero.

Díaz de Rivera señaló que los recursos sin aclarar eran parte del presupuesto que el partido ejerció en 2021, el cual fue auditado tras su arribo al Comité Directivo Estatal (CDE) en 2022 y los hallazgos de la auditoría se dieron a conocer al consejo en la sesión del 29 de abril, así que ahí mismo se aprobó iniciar el procedimiento para que los acusados solventen las inconsistencias, pues de lo contrario serán sancionados.

Ante las acusaciones, Huerta Villegas denunció que es víctima de una persecución política, en represalia por su aspiración a la candidatura a la gubernatura del estado, en la que también podría estar interesado Rivera Pérez.

“Lo digo con toda claridad: estoy sufriendo una persecución política por parte del #PANPuebla, pero no me voy a dejar. Si tanto les afecta que salga al interior del estado, que se pongan a chambear también (…) Sus calumnias no me quitan el sueño, es solo señal de su preocupación y del miedo que me tienen. Pero aquí sigo, avanzando con pasos firmes. @AccionNacional NO es el yunque de los Rivera y compañía”

Señaló en Twitter

El pasado 8 de mayo la legisladora acompañó a Rivera Pérez en un evento de gobierno y, en entrevista, aseguró que las finanzas de su gestión ya fueron auditadas y avaladas en la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que consideró que el procedimiento busca intimidarla, ya que días antes de la sesión del consejo criticó las obras para ampliar la sede del CDE y pidió por escrito a Díaz de Rivera informar en qué se gastan los recursos del partido.

La ahora diputada federal y su grupo han estimado un gasto de 14 millones de pesos para las obras en la sede panista, de las que se desconocen el proyecto y los contratos, ya que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) solo está publicado un contrato por 400 mil pesos por concepto de mantenimiento, pero se testó la parte donde se detallan los trabajos a realizar.

También se ha criticado la compra de camionetas modelo 2022, una de ellas para uso personal de Díaz de Rivera, quien se negó a usar la modelo 2016 que utilizaba Huerta Villegas en su gestión.

El caso Rafael Micalco

Impulsado por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, en 2015 Jesús Giles Carmona llegó a la presidencia del CDE y denuncio mal uso de recursos y actos de corrupción de su antecesor, el hoy diputado local Rafael Micalco Méndez, así que le inició auditorías e investigaciones.

Esto dio como resultado un expediente donde le imputaban la compra irregular de 15 inmuebles donde se instalaron comités municipales del partido, ya que supuestamente se adquirieron a sobreprecio y el vendedor era un prestanombres de quien dirigía el partido.

Por este hecho, en 2017 la Comisión Nacional de Justicia del PAN impondría a Micalco Méndez una multa, inhabilitación de tres años para que no pudiera competir por otro cargo público en 2018 y sería denunciado penalmente, sin embargo, nada de eso ocurrió, porque la resolución ya no se aprobó y a la fecha el caso no se ha retomado, pero es muy similar a lo que ahora ocurre con Huerta Villegas.

El caso Mondragón Quintana

En su primer año como gobernador, Moreno Valle rompió con el entonces dirigente panista Juan Carlos Mondragón Quintana, así que en represalia el mandatario impulsó en el Congreso del estado una reforma al Código Electoral del estado para agilizar la conclusión de su mandato y sustituirlo.

Así surgió la “Ley Mondragón”, avalada en fast-track, que consistía en pasar de noviembre de 2012 a febrero de 2013 el inicio del proceso electoral, para que así el PAN tuviera oportunidad de realizar sus elecciones internas para renovar su dirigencia, pues de no ser así se extendería un año la gestión de Mondragón Quintana.

Como el ajuste se contraponía a la Constitución del estado, la reforma no se pudo aplicar, pero mediante acuerdos con la dirigencia nacional, Moreno Valle logró echar al líder panista en Puebla e impulsó el arribo de Micalco Méndez, con quien años después también se confrontaría.

Los choques con Rivera y Paredes Moctezuma

En esa época Moreno Valle también rompió con Rivera Pérez, quien era alcalde de Puebla para el periodo 2011-2014, así que para 2015 de nuevo echó mano del Congreso del estado para imputar al exedil presuntas irregularidades en la Cuenta Pública y como castigo fue inhabilitado por 12 años para ejercer un cargo público.

Luego de varios meses de litigio en tribunales, Eduardo Rivera echó abajo la sanción y así logró volver a ser candidato a la presidencia municipal capitalina en 2018 y 2021, pero las disputas con el ahora difunto exgobernador continuaron.

La misma suerte corrió Luis Paredes Moctezuma, edil de la Angelópolis de 2002 a 2005, quien igual se volvió crítico de Moreno Valle y esto le valió procesos administrativos e inhabilitación cuando el Congreso local halló presuntas irregularidades en sus cuentas públicas diez años después de dejar el cargo.

Por la misma situación pasó el exsenador Francisco Fraile García, quien de aliado pasó a ser crítico del gobernador panista y le surgieron acusaciones de corrupción en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), caso por el cual estuvo a punto de llegar a la cárcel.

Después del fallecimiento de Moreno Valle en 2018, se convirtió en secretario General del PAN, el segundo al mando del partido en la gestión de Huerta Villegas, pero también con ella rompió en 2021, cuando intentó buscar la candidatura a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, lo cual no avaló ella y lo destituyó del cargo.

Ilustración: Iván Rojas

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