Representantes de las ONGs Fiscalía del Medio Ambiente (FiMA), Fundación Terram y Defendamos la Ciudad, solicitaron al Contralor de la República la impugnación fundada del Artículo 80 del Decreto Supremo Nº 66-2009, en el que el gobierno reformula el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana (PPDA), y actualmente en trámite en la Contraloría. Esto, con el argumento que a través de este artículo se pretende eximir a ciertas industrias que contaminan y que no hacen las compensaciones debidas, del cumplimiento de las metas de emisión establecida, con el consiguiente perjuicio para toda la población, vulnerando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
(15 de julio 2009) En la mañana de hoy, Fernanda Pinochet, de la Fiscalia del Medio Ambiente (FIMA), Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Paola Vasconi, de Fundación Terram, se reunieron con el Contralor de la República, Sr. Ramiro Mendoza, para manifestarle su preocupación por la introducción del Artículo 80 al D.S. Nº 66 del 2009, que faculta a la Seremi de Salud de la RM, en su calidad de autoridad sanitaria, de eximir a las industrias existentes en la Región de cumplir la norma en materia de Óxidos de Nitrógeno y a las nuevas industria, a no hacer las compensaciones debidas.
Según los representantes de la sociedad civil, el Artículo 80 debe ser impugnado, ya que es inconstitucional e ilegal, pues contradice el principio básico de igualdad ante la Ley, argumentos que fueron debidamente detallados en un escrito que fue entregado formalmente a la Contraloría de la República el pasado viernes 10 de julio.
Esta mañana, Patricio Herman aseguró que «tenemos la convicción plena que la Contraloría General devolverá al Gobierno este Decreto porque, además de ilegal por las razones expresadas en nuestra denuncia, es obsecuente con las industrias que más contaminan y ello es inaceptable en un país cuyas autoridades desean que la OCDE lo acepte en su seno. La institucionalidad chilena siempre busca artilugios para favorecer a los grandes empresarios, lo cual es demostrativo del doble estándar que siempre hemos criticado».
Paola Vasconi, en tanto, dijo que espera que la Contraloría rechace este Decreto Supremo y lo devuelva a la autoridad en un plazo breve, para reformularlo y tener finalmente un Plan de Prevención y Descontaminación que asegure respirar un aire de calidad en la Región Metropolitana y que verdaderamente proteja la salud toda la población, dándose cumplimiento al objetivo central de este Plan.
Fernanda Pinochet, por su parte, expresó que “lo que estamos pidiendo es que no se privilegie a ningún grupo o persona determinado, simplemente que se respete el derecho constitucional que nos asegura que todos somos iguales ante la ley. La entrada en vigencia del Decreto Supremo 66 significaría privilegiar a un grupo del sector industrial, al eximirlos de una obligación legal, esto es, del cumplimiento de las metas de emisión individuales de Óxidos de Nitrógeno. Esta norma estaría creando una diferencia arbitraria e injusta, y poniendo en peligro al resto de la sociedad”, agregó.
Por su parte, el Contralor Ramiro Mendoza, acogió los planteamientos de FIMA, Terram y Defendamos la Ciudad sobre el tema, y se comprometió a revisar exhaustivamente el Decreto Nº 66, ahora en manos de la División Jurídica de la Contraloría. De encontrar fallas o inconsistencias en este documento, éste será devuelto a la autoridad respectiva y no se le dará curso.
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