En un día bastante movido en el Congreso, y en medio de la crisis que afronta el presidente Gustavo Petro, la bancada del Pacto Histórico denunció a Francisco Barbosa, senador de la República, por quebrantar la constitución.
A la crisis generada hace unos días por la disputa política entre Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, que terminó con la salida de ambos, ahora aparecen nuevas ramas en el árbol de escándalos en el que se convirtió el primer Gobierno de izquierda de Colombia y que por estos días atraviesa su peor crisis en sus primeros 10 meses.
Este martes 6 de junio, la bancada del Pacto Histórico —la coalición del presidente Petro en el Congreso— llamó a una rueda de prensa para comunicar que denunciará a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a aforados (magistrados, directores de entes de investigación) y al presidente mismo.
La base de la denuncia que, según el Pacto Histórico, fueron las declaraciones que dio Barbosa, el pasado 23 de mayo a la emisora local BluRadio. «Quiero decirle al director de la Policía, al de la Dijín [policía judicial], a los directores de la Sijín [Seccional de Investigación Judicial], que no porque les den una orden o les digan algo hay que hacerlo«, declaró el fiscal.
Las palabras vertidas por Barbosa en la entrevista fueron consideradas por los integrantes de la bancada como una incitación a que la fuerza pública desobedeciera al presidente de la República, quien es el comandante en jefe de la Policía y de las Fuerzas Armadas, como establece la Carta Magna.
El presidente Petro, durante una ceremonia de ascenso a subtenientes del Ejército celebrada el 2 de junio, se refirió a lo dicho por el fiscal. «Decirle a la Fuerza Pública que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las fuerzas militares, eso debe ser investigado, es una sedición, es una ruptura sediciosa de la Constitución Nacional y no puede ser ni aplaudido ni seguido ni silenciado».
«Son dos delitos claros: desobediencia e insubordinación. El señor Barbosa está atentando contra la institucionalidad pretendiendo generar una inestabilidad al interior de la Policía. Por eso le pedimos a la Comisión de Acusación que abra el caso por posible delito de conspiración», declaró David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.
Seguido, la senadora María José Pizarro agregó que Barbosa olvidó su papel de investigador y que está participando abiertamente en política, una acción prohibida para quien dirige una entidad como la Fiscalía. «Tristemente, es un vocero de la oposición. Puede tener su ideología política, pero no puede hacer lo que está haciendo, atacando al Gobierno y al presidente como si fuera un congresista más».
La senadora Clara López resaltó que si bien en Colombia la separación de poderes siempre ha funcionado, no se puede permitir en estos momentos que Barbosa empiece a politizar la justicia y a dar órdenes a la Policía. «No entiende, y mucho menos se compadece de la tradición democrática republicana ordenada en nuestra Constitución».
Por último, Wilson Arias pidió no dejar esta investigación en saco roto, pues nunca en la historia del país un fiscal se atrevió a darle órdenes a una de las Fuerzas Armadas.
«Agotaremos todas las instancias internas y en caso de no obtener resultados, iremos a la Corte Penal Internacional, que ha dejado clara su preocupación por la impunidad que se presenta en Colombia debido a la falta de investigaciones de la Fiscalía», advirtió el senador Arias.
Sin embargo, las expectativas generales sobre la Comisión de Acusación de la Cámara no son muchas. A esta célula legislativa se le conoce como Comisión de Absoluciones por la poca efectividad que tiene.
En su haber la Comisión tiene más de 1.300 procesos de diferentes aforados, como los expresidentes Iván Duque (2018-2022), Juan Manuel Santos (2010-2018) y Álvaro Uribe (2002-2010), y los exfiscales Néstor Humberto Martínez y Vivian Morales.
El caso más reciente en el que la Comisión actuó fue en el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, acusado por cobrar sobornos a cambio de favores en los procesos judiciales, un caso que se conoció en el país como el cartel de la toga.
Además, a esta entidad se le critica falta de competencias en materia penal, pues por naturaleza es una célula política compuesta por representantes de diferentes partidos.
Fuente Sputnik
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