De 2021 a 2022, la gobernabilidad e instalaciones del penal de San Miguel empeoraron, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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El informe señaló que durante 2022 el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla obtuvo una evaluación de 4.12, a diferencia de 2021, cuando calificó con 6.45 puntos.
Entre los nuevos peligros del penal, señaló extorsiones, sobornos, deficiente alimentación para los reclusos, así como carencias en los comedores, áreas deportivas y áreas médicas.
El reporte indica falta supervisiones del titular, capacitación al personal, inadecuada separación y clasificación de presos, así como falta de atención a personas de la diversidad sexual y portadores de VIH.
Lo anterior se suma a las carencias denunciadas desde 2021, que a la fecha no siguen sin atenderse, como hacinamiento, sobrepoblación y actividades ilícitas.
Autogobierno o cogobierno en el penal
Persiste el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, considerado autogobierno o cogobierno dentro del penal, así como fallas en las condiciones de higiene, prevención de violaciones a derechos humanos y falta de procedimientos para sanciones disciplinarias.
Algunos de los factores favorables del Cereso que desaparecieron de 2021 a 2022 son la separación de hombres y mujeres, supervisión del centro por parte del titular, alimentación, capacitación a personal y atención a personas de la diversidad sexual.
En el informe 2022, el penal de la capital mantiene como únicos puntos positivos la integración del expediente técnico-jurídico para los reclusos, además de la integración y funcionamiento del Comité Técnico.
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Foto: Agencia Enfoque
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