Después de más de tres décadas renueva la BUAP su Ley Orgánica

La reforma a la Ley de la BUAP que votará este jueves el Congreso de Puebla, pretende ampliar las facultades académicas de la institución y ponerla a la vanguardia en materia de acceso a la educación y derechos universitarios.

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La iniciativa impulsada por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez prevé avanzar en la protección del medio ambiente y el combate de la violencia contra las mujeres, incluyendo en el modelo educativo, la responsabilidad social, el compromiso ambiental, la perspectiva de género y el respeto por la diversidad y los derechos de grupos minoritarios.

También incluye la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como ajustar las funciones del Consejo Universitario y los requisitos para encabezar la rectoría de la máxima casa de estudios.

La añeja ley y los cambios que vienen

La ley vigente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se promulgó el 15 de abril de 1991 y sólo se ha reformado dos veces: una en junio de ese año, por una fe de erratas, y otra el 28 de diciembre de 1998, por una reforma sustancial a varios artículos, como la que se planea realizar ahora, 25 años después.

La modificación en los requisitos para encabezar la rectoría consiste en eliminar el límite de edad de 65 años para ser aspirante, así que ahora sólo existirá el mínimo de 35 años cumplidos el día de la votación.

Para crear la defensoría se prevé un nuevo capítulo en la ley, que establezca que esta será “la instancia encargada de la defensa de los derechos universitarios de quienes integran la comunidad universitaria”, y el Consejo Universitario tendrá un plazo de ocho meses para iniciar la elaboración del reglamento de la misma luego de promulgarse la reforma.

Además, se pretende facultar al consejo para elegir a la persona que encabece la defensoría, entre una terna propuesta por la rectora, como actualmente se elige a quienes presiden la Tesorería y la Contraloría General, así como a la abogada o abogado general.

El consejo también adoptará la facultad de “promover, fomentar y evaluar los estudios en los niveles educativos que imparta la universidad: la investigación científica, artística y humanística, así como impulsar el intercambio cultural, científico, artístico y académico”.

La responsabilidad social y el nuevo modelo educativo se abordan en un capítulo especial que indica que, a través de la docencia, la investigación, preservación, acrecentamiento y difusión del arte y la cultura, la universidad promoverá:

I. La igualdad sustantiva entre las personas; II. La prevención y erradicación de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, especialmente las que se ejercen contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad social; III. La constitución de espacios universitarios libres de violencia; IV. Las políticas institucionales con perspectiva de género; V. El deporte, el cuidado de la salud y el bienestar psicoemocional individual y colectivo; VI. El respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad; VII. La internacionalización a través de la investigación, la cooperación académica, el intercambio y la movilidad;

VIII. Los valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos; IX. La participación multi, trans e interdisciplinaria en la detección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; X. La formación en habilidades digitales, así como el uso ético y responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; XI. La preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diversas culturas; XII. Las conductas éticas del personal académico y alumnado y el respeto a los derechos de autor; XIII. La integridad académica en la realización de las actividades sustantivas, adjetivas y regulatorias; XIV. Las lenguas, tradiciones y manifestaciones culturales de las comunidades como forma de generar identidad regional, y XV. El ejercicio responsable de los recursos públicos, a través de procedimientos que permitan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Las interrogantes de la nueva Ley de la BUAP

También hay cuestionamientos a la nueva Ley de la BUAP, principalmente por la percepción de que la iniciativa se elaboró de forma unilateral en Rectoría, sin consultar al Consejo Universitario ni a la comunidad estudiantil y académica, como lo exigen el estatuto de la institución y la Ley de Educación Media Superior y Superior.

La exsecretaria General de la BUAP y exaspirante a la rectoría, Guadalupe Grajales y Porras, difundió una carta abierta dirigida al Congreso del estado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual expuso las razones por las que considera la reforma como ilegal, regresiva e inconstitucional.

El principal argumento por el cual señala que el Congreso no debería avalar la iniciativa, es que presuntamente no fue aprobada por el Consejo Universitario y se habría simulado la consulta a la comunidad universitaria.

Esto debido a que la consulta para avalar el proyecto de reforma supuestamente se realizó del 17 al 20 de mayo, y la aprobación en el consejo el 24 de mayo, aunque la iniciativa llegó al Congreso del estado el 24 de mayo. Así que parece imposible que en un mismo día se conocieron los resultados de la consulta, se envió el proyecto al gobernador y éste lo remitió al Poder Legislativo.

Según Grajales y Porras: “tampoco se dio a conocer a los órganos de gobierno competentes de la universidad constituidos por los consejos de cada unidad académica y los consejos por función”.

Finalmente, la iniciativa se aprobó el pasado lunes por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso del Estado y se prevé ponerla a votación en el pleno en la sesión ordinaria de este jueves 8 de junio.

Ilustración: Iván Rojas

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