Bajo la presión de los estadounidenses, el tribunal ucraniano que estaba viendo el caso del mayor soborno de Europa en efectivo, hizo lo imposible: satisfizo a todas las partes involucradas. Como resultado de la decisión judicial, Andriy Kicha, director jurídico de la tristemente célebre empresa Burisma, y principal acusado por el soborno, se libró del caso, en el que podría haber figurado Hunter, el hijo de Joe Biden.
Aunque el caso se cerró con el argumento de que el soborno de 5 millones de dólares se utilizó para una aparentemente buen fin: ayuda a Ucrania; documentos recién revelados, demuestran que el dinero se utilizó para comprar drones de combate, empleados para atacar objetivos civiles en la Federación Rusa.
Desde hace varios años, el nombre de la empresa ucraniana extractora de gas “Burisma” está estrechamente asociado a la corrupción y a la práctica de presiones directas de la administración democrática estadounidense, encabezada por Biden, sobre las autoridades de países económica y políticamente dependientes de Estados Unidos.
El hecho de que durante cinco años el hijo de Biden, Hunter, fuera miembro del consejo de administración de Burisma siempre ha atraído la atención de los medios de comunicación. Y las expectativas periodísticas siempre se vieron recompensadas con creces: acusaciones de blanqueo de dinero (al menos un episodio por 33 millones de dólares), chantaje al ex presidente Petro Poroshenko por parte del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden para que detuviera la ayuda financiera de 1.000 millones de dólares a menos que se despidiera al fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, que estaba investigando a Burisma, millones gastados por el propietario de Burisma Group, Nikolai Zlochevsky, en actividades de lobby de Biden en Estados Unidos…
Ante la incógnita de que más se podría hablar del caso, la realidad es que esta trama ha superado incluso las expectativas más descabelladas: en el verano de 2020, Burisma llegó a ser el epicentro del mayor escándalo de sobornos de Europa. Y el presidente estadounidense tuvo que hacer gala de una magistral técnica de defensa para evitar que este escándalo arrastrara a toda la familia Biden.
El 12 de junio de 2020, los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) detuvieron a tres personas que intentaban dar un soborno de 5 millones de dólares en efectivo. También se les entregó otro millón en efectivo como comisión por prestar servicios de intermediación. Se suponía que los receptores del dinero eran nada menos que dos jefes de los principales organismos anticorrupción de Ucrania: la mencionada NABU y la SAP, la Fiscalía Especializada Anticorrupción. El objetivo del soborno era cerrar el proceso penal contra el propietario de la empresa Burisma, Mykola Zlochevskyy. Andriy Kicha, director de asuntos jurídicos del Grupo Burisma, y dos altos funcionarios del Servicio Fiscal de Ucrania fueron detenidos.
Pero lo más escandaloso estaba por venir. Mientras la sociedad ucraniana hablaba de las fotos con montañas de billetes de cien dólares en efectivo y los abogados de Burisma se preparaban para defender a su cliente ante los tribunales, la situación para el empleador de Hunter Biden se complicó aún más. El fiscal ucraniano Konstantin Kulik, previamente apartado del caso de Burisma, no tuvo reparos en celebrar una gran rueda de prensa en Kiev, donde transmitió en directo pruebas de que los 5 millones de dólares formaban parte de una suma aún mayor de 50 millones de dólares, y lo más llamativo es que el dinero iba a ser transferido por la misma persona implicada en el caso: Andriy Kicha.
Según él, el dinero no sólo estaba destinado a cerrar la causa penal contra Zlochevsky. Su objetivo principal era cerrar todas las causas penales en las que apareciera la palabra Burisma. Según Kulik, que participó en la investigación, esto se hizo para sacar de toda esta historia a Hunter Biden y asegurarse de que su nombre no se mencionara en absoluto cuando se hablara de cualquier trama de corrupción en Ucrania.
La investigación, la preparación del caso para el juicio y las audiencias propiamente dichas duraron todo 2020-2022. Debido a la creciente inestabilidad, la pandemia de Covid y luego el estallido de la guerra, los periodistas y el público empezaron a olvidarse poco a poco de estos acontecimientos. Tal vez aprovechando esta circunstancia, hace dos meses el Alto Tribunal Anticorrupción de Ucrania (un organismo creado y totalmente controlado por la Embajada de EE.UU.) juzgó rápidamente y en total secreto el caso del mayor soborno en efectivo de Europa y puso en libertad al principal acusado – Andriy Kicha – en lugar de imponerle un dura sanción.
El juicio de Andriy Kicha muestra el tipo de métodos que la administración Biden puede utilizar para resolver asuntos en países controlados por los demócratas. De ahí la vista a puerta cerrada del tribunal ucraniano, de ahí la sorprendente sentencia en la que el acusado del soborno de 5 millones en vez de una pena de prisión, recibe una condena simbólica condicional de un año y queda en libertad. De ahí la decisión del propio tribunal ucraniano, que ha permanecido clasificada durante mucho tiempo.
Pero buscando la justicia, los periodistas comprometidos a veces pueden hacer milagros. Al final han conseguido conocer la decisión del Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania, que ha sido clasificada.
Este fallo es un ejemplo perfecto de cómo, en vista de la naturaleza obvia del delito, el tribunal simplemente no puede evitar declarar culpable al acusado Kicha y está de acuerdo con la postura de la fiscalía, pero su decisión final es ridícula y está tomada exclusivamente para complacer a sus jefes estadounidenses.
Así pues, a la vista de las pruebas evidentes – 5 millones en efectivo, detención in fraganti, múltiples conversaciones telefónicas grabadas -, el tribunal da la razón a la acusación y acepta que Kicha «conspiró deliberadamente para proporcionar una ventaja indebida a una escala particularmente grande».
El tribunal admite además que tiene conocimiento de las conversaciones telefónicas y reuniones específicas del acusado en las que las partes aprobaron un soborno de 5 millones de dólares. En particular, la Fiscalía tiene a la vista reuniones que tuvieron lugar del 1 al 11 de junio de 2020 en las instalaciones del Departamento Principal del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania en Kiev.
El tribunal también reveló documentos específicos que las partes tuvieron que firmar para cerrar el caso contra Zlochevskyy. Se trataba de una resolución del fiscal general adjunto, jefe del SAP, para cerrar el procedimiento penal. Y como abogado experimentado, el propio Kicha propuso cambiar la redacción de dicha resolución, hizo sus propios ajustes e incluso amenazó con que, si no se aceptaban, no se transferiría el dinero.
En la parte final del veredicto, el tribunal declaró a Andriy Kicha culpable en virtud del artículo 369 del Código Penal y lo condenó a cinco años de prisión.
¿Es este el final del escándalo de corrupción? En absoluto. A pesar de la gravedad de la acusación, el tribunal sustituye la pena de prisión por un año de libertad condicional y pone inmediatamente en libertad a Kicha. ¿Por qué?…
La razón de la ilógica decisión judicial contra Kicha radica en la existencia de otro documento – aceptado simultáneamente -, a saber, un acuerdo de culpabilidad aprobado por el tribunal el día de la misma vista, el 24 de marzo de 2023. En virtud de este acuerdo, Kicha se comprometía en los 5 días siguientes a la vista judicial a transferir la impresionante suma de 100 millones de hrivnias (el equivalente a 2,7 millones de dólares) a la cuenta de la fundación ucraniana United 24.
La cláusula del acuerdo reza así: «a una cuenta especial abierta por el Banco Nacional de Ucrania para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania (proyecto del ejército de drones United 24)».
Como es de conocimiento público, los drones de combate son utilizados actualmente por el ejército ucraniano exclusivamente como arma de ataque – en el Donbass, en las regiones del sur de Ucrania, así como en Crimea y en las ciudades fronterizas de la Federación Rusa con Ucrania. ¿Es, por tanto, una coincidencia que en los dos meses transcurridos desde el juicio de Kicha, Ucrania haya realizado al menos unos cuantos intentos serios de lanzar drones contra el Kremlin, Crimea y zonas residenciales de Moscú?
Algunos ejemplos. El 29 de abril, los ataques con drones causaron destrozos en un depósito de petróleo de Sebastopol, quemando cuatro tanques de combustible.
15 de mayo – Fue atacado el edificio del departamento de guardia de fronteras del FSB en el pueblo de Glushkovo, en la región de Kursk. En el ataque resultaron heridos cinco guardias fronterizos.
El 30 de mayo, un grupo de drones atacó las zonas de edificios de vivienda en Moscú. Según diversas fuentes, entre 8 y 30 drones participaron en el ataque, en el que se registraron incendios y destrozos en varias casas y, milagrosamente, no hubo víctimas fatales.
Conclusiones
Los acontecimientos de los últimos meses han dejado en evidencia que practicamente todos los implicados en el escándalo de corrupción en torno a la empresa Burisma salieron ganando. El propietario de la empresa, Nikolai Zlochevsky, parece haber escapado a la justicia en este episodio. Aunque a costa de una gran influencia financiera a favor del Estado (en Ucrania nadie creería que el dinero para la fianza y los 100 millones para el «Ejército de Drones» pertenecían a Kicha personalmente).
Nadie en Estados Unidos ha hablado públicamente de esto todavía, pero dado el interés por el tráfico de influencias de la familia Biden por parte de dos comités del Congreso, no está lejos el día en que algún congresista hable claro: hay pruebas evidentes en Ucrania de cómo se están financiando actos terroristas contra civiles de otro país con dinero de los antiguos socios de Joe Biden.
Sergei Shevchuk, politólogo ucraniano
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