Desde la elección del primer gobierno progresista del país —encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el Pacto Histórico en el Congreso— los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.
Ahora, a menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Colombia por parte de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional.
Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República de Colombia, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, lo que puede resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro —e incluso el propio Presidente Petro.
En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello —estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque— abrió un proceso disciplinario contra el senador por el “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos.
Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno.
El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían «paz total» al país.
Foto: Wire
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