El remedo de “armonización” de la Ley de la BUAP

En los últimos meses hemos sabido de los cambios llevados a efecto por los congresos estatales a las leyes orgánicas y no orgánicas de las universidades públicas autónomas por ley.

Estos cambios se han efectuado con el propósito de “armonizar” las leyes universitarias con las leyes nacionales en materia de educación y de investigación: la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior. La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. y de la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en realidad, no afecta directamente aunque sí indirectamente a las universidades autónomas por ley, como lo señala explícitamente su “Artículo 10. Las políticas públicas en la materia estarán sujetas a los siguientes principios:…

VIII. Respetarán la libertad académica y la autonomía que reconozca la ley a las universidades e instituciones públicas de educación superior.”

El propósito de la “armonización” ha llevado a plantear la necesidad de caracterizar lo que se entiende por ‘autonomía’, y esta caracterización tiene que hacerse tomando en cuenta las condiciones en las que las universidades autónomas por ley han reivindicado dicha autonomía y con qué fines lo han hecho.

Es claro que el interés en “armonizar” las leyes de las universidades autónomas con las leyes nacionales obedece a distintos intereses que dependen de la prevalencia de los grupos en el poder universitario y de las condiciones políticas prevalecientes en la federación y los estados. Por esta razón vemos que en algunas universidades se ha llevado a cabo la “armonización” y en otras no. En algunas se ha llevado a cabo avanzando en los derechos universitarios y en otras se han echado atrás logros históricamente alcanzados.

El momento para llevar a cabo tal “armonización” es justo el que vivimos, el de la efervescencia política previa a las elecciones, de manera que no hay ninguna duda respecto al objetivo primordial de la “armonización”.

Aun así, se nos presenta a los universitarios la oportunidad de reflexionar en torno a la relación de la universidad autónoma con el Estado y su papel rector en la educación nacional.

Después de cuatro décadas de vivir bajo la imposición del modelo mercantilista de la educación, podemos hacer un diagnóstico bastante certero respecto a sus consecuencias más graves: un conjunto de burocracias universitarias “doradas”; un creciente número de docentes empobrecidos y sometidos; un alarmante conjunto de jóvenes desplazados(as), fuera de las aulas universitarias, sin ninguna oportunidad de acceder a la educación superior. El supuesto carácter universal del derecho a la educación ha sido un mito.

Y uno se pregunta ¿Para esto ha servido la autonomía? Sí y no.

En la mayoría de los casos ha servido como escudo para las burocracias voraces, para acrecentar su control sobre los universitarios, pero esta autonomía no es la que reivindicamos los genuinos universitarios. La autonomía como escudo es con ‘a’ minúscula. La verdadera autonomía es con ‘A’ mayúscula. Cada vez que la burocracia se llena la boca con la palabra ‘autonomía’ piensen que es la que les ha permitido reciclarse tantas décadas en el poder. Por eso aparecen como fieros defensores, pero de “su” autonomía para hacer y deshacer en la universidad.

La Autonomía no les sirve para eso, al contrario, les estorba. El ejercicio de la Autonomía tiene como efecto la generación de una vida democrática, de enriquecimiento mutuo, de respeto al otro en el libre diálogo propio del cultivo del conocimiento y de la preparación de la juventud mexicana.

Este remedo de “armonización” de la Ley de la BUAP es eso, un remedo, y como tal es ilegal regresivo y anticonstitucional.

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