Los gobiernos de los países miembros de la ONU adoptaron formalmente el denominado Tratado de Alta Mar, destinado a conservar la vida marina y frenar las actividades nocivas en los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales.
El texto se acordó en marzo de 2023 tras una maratónica sesión de negociaciones, pero se requirió tiempo adicional para su traducción a los idiomas de todos los países de la ONU.
Según explicó Pepe Clarke, director de Prácticas Oceánicas de la organización WWF Internacional, la alta mar es el mayor bien común de la humanidad y constituye una parte crucial del sistema de soporte vital de nuestro planeta. Sin embargo, en la actualidad sólo está protegido alrededor del 1%
«El año pasado, gobiernos de todo el mundo se comprometieron a proteger y conservar el 30% de los océanos para 2030, y la adopción formal del Tratado de Alta Mar es un hito clave en el camino hacia la consecución de ese objetivo mundial de vital importancia», planteó Clarke.
El tratado recuerda en ese sentido que especies marinas icónicas como las ballenas, los tiburones, las tortugas y el atún, se mueven libremente entre las aguas nacionales y alta mar.
Pero, el bajo nivel de protección actual deja a las especies y ecosistemas oceánicos expuestos a los impactos de la pesca industrial insostenible, el transporte marítimo y otras actividades humanas.
En este sentido, el Tratado de Alta Mar proporciona un mecanismo para establecer zonas marinas protegidas en las aguas que quedan fuera del control de los distintos países.
¿Qué pasa en Chile?
Si bien Chile es reconocido a nivel mundial por el alto porcentaje de superficie marina protegida con el que cuenta, llegando a tener un 42,3% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) bajo alguna figura oficial de protección, aún quedan muchos desafíos pendientes.
Estos pueden verse favorecidos con este Tratado de Alta Mar, el cual es conocido oficialmente como Tratado de Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), y del cual Chile busca convertirse en el país sede para acoger su Secretaría.
En esa línea, Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile, señala que «tenemos especies altamente migratorias, que salen de nuestra zona jurisdiccional para llegar a sus áreas de reproducción y alimentación, como los grandes cetáceos, los cuales efectivamente también requieren de áreas de resguardo dentro de la porción de aguas internacionales que son parte de sus rutas migratorias».
Por ello, desde la ONG destacan que el tratado es un aporte a la conservación del llamado «Corredor Azul del Pacífico», que comprende las rutas migratorias de grandes cetáceos a nivel continental y que requiere esfuerzos multilaterales para una protección concreta.
Por otro lado, la experta puntualiza que si bien Chile estaría cumpliendo con el porcentaje de protección del 30% de sus océanos, no es suficiente para lograr la protección del 30% de los océanos a nivel global al 2030.
Ahora, tras su adopción, el tratado queda abierto a la firma de los Estados miembros de la ONU y debe ser ratificado por los gobiernos nacionales. Entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 60 países.
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