La Fiscalía Regional de Atacama inició este viernes una investigación ante una denuncia presentada por posibles irregularidades en el convenio firmado entre la fundación Comprometidos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región.
La Fundación recibió un total de $128 millones para llevar a cabo un plan piloto relacionado con la distribución de agua potable en cuatro campamentos de Copiapó, en Atacama, refiere ADN.
La denuncia se realizó luego de que se verificaran los antecedente y se revelara que la fundación cambió de giro para realizar dicha tarea, pasando de realizar películas y realizar labores de veterinaria, ha repartir agua en camiones aljibes.
La alerta se presentó luego de que el monto que se había recibido inicialmente, se elevara a $190 millones, en mayo.
“Hemos recibido una denuncia de la diputada señora Sofía Cid, para que se investiguen los hechos que han sido conocidos públicamente a través de distintas entidades de prensa y televisión. Involucrarían a algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos“, aseguró el fiscal Christian González, citado por Bío Bío.
“Nuestra obligación constitucional y legal es iniciar una investigación, para determinar si en estos hechos hubo o no delitos y en el evento de haber delito, si hay o no responsable de los mismos”, confirmó el fiscal al tiempo que manifestó que no está dirigido a una persona en particular.
Ministro Montes sobre convenios en Atacama
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al radical cambio de giro de fundación que firmó un millonario convenio con el Minvu.
En este sentido, aseveró que si bien es un tema que se debe investigar, no pueden hacerse juicios previos.
Esto, porque en principio se ve como una situación “extraña” y que afecta a todo el trabajo que ejecuta el Estado y también a otras fundaciones que si hacen una labor importante para muchas familias.
“Me parece extraño y tendrá que investigarse, porque no corresponde (hacer un juicio) solamente con esa información parcial. Parece bastante absurdo y bastante ridículo que una fundación que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados y eso habrá que oírlos”, aseguró Montes, citado por Bío Bío.
De igual manera, aseguró que es «indignante» que comiencen a cobrar por un servicio básico a familias en situación de vulnerabilidad, como son la que viven en campamentos.
Por su parte, la seremi de Vivienda de Atacama, Rocío Díaz, ha instruido la realización de un sumario administrativo por este caso y ha enviado antecedentes a la Contraloría Regional.
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