Fue a las 17:42 del miércoles 28 de junio que el Metro de Santiago comunicó la suspensión del servicio en la estación Quinta Normal de la línea 5 por una persona que se había lanzado a las vías. Horas más tarde, la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular informaba que el sujeto era Jorge Salvo, manifestante que en enero de 2020 recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.
Si bien el proyectil fue disparado a menos de 30 metros de donde se encontraba Salvo, a día de hoy sigue sin identificarse al carabinero responsable de haber provocado su lesión. Tras la muerte de Jorge, desde la Coordinadora denunciaron que «no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería, al igual que la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial».
La noticia impactó no solo a la familia y el círculo cercano de Jorge, sino también a las organizaciones sociales y a las instituciones públicas que a día de hoy siguen buscando justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. «El caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas», señalaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Sobre ese estado de abandono en que se encuentran las víctimas de la represión estatal se refirió también la periodista Carolina Urrejola durante la última edición de Tolerancia Cero. Durante el segmento final del programa, Urrejola señaló que el Gobierno «no ha cumplido su compromiso» de fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y reparar los hechos ocurridos durante el estallido social. Además, la panelista hizo un repaso de las precarias condiciones bajo las cuales deben trabajar los funcionarios dedicados a este tema.
La intervención de Urrejola
«El 17 de enero de 2020 (Jorge) participaba en una manifestación cuando un carabinero disparó una bomba lacrimógena -contra todo protocolo- que impactó en su cara, reventándole el globo ocular izquierdo. La fiscalía inició una investigación que a día de hoy no da con los responsables», señaló Urrejola.
«Lo más dramático es que Jorge Salvo no es la primera víctima de violencia policial en el estallido que se suicida esperando justicia y reparación, es el cuarto. En esto hay que ser enfático: en esto el Gobierno no ha cumplido su compromiso de campaña de fortalecer las instituciones que trabajan en aclarar estos hechos», agregó.
La periodista continuó su intervención enumerando las dificultades que existen para conseguir justicia y reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social:
«El servicio médico legal sigue sin un oftalmólogo forense; no se ha reforzado el cuerpo médico para que permita certificar con los estándares internacionales de derechos humanos las lesiones; la atención psicológica a las víctimas fue suspendida por la pandemia, y hoy hay una espera de seis a ocho meses para conseguir una hora. A tanto llega la precariedad que desde el Ministerio Público le han prestado computadores a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para que puedan revisar imágenes de alta resolución», declaró.
Finalmente, Urrejola hizo un llamado a la administración Boric a cumplir su compromiso de campaña y fortalecer el trabajo de quienes buscan conseguir la anhelada reparación y justicia en el marco de los 50 años del golpe de Estado: «Espero que el gobierno se conmueva con el caso de Jorge Salvo y actúe en consecuencia, sobre todo en este 2023 en que conmemoramos 50 años del golpe de Estado y relevamos la importancia de los derechos humanos de todos los ciudadanos.