Avanza ley para indemnizar a víctimas de acciones de gobierno

Diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla aprobaron este viernes el proyecto de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que establecerá los mecanismos para indemnizar a víctimas de acciones u omisiones del gobierno. 

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La iniciativa será votada en la próxima sesión del pleno, luego de obtener el aval de los legisladores en comisiones.

La legislación contará con un tabulador que definirá las remuneraciones para  cada víctima, así como el procedimiento para denunciar daños o violaciones a los derechos humanos, explicó Mónica Silva Ruíz, presidente de la Comisión de Gobernación. 

El Poder Ejecutivo deberá incluir en su Ley de Egresos un apartado de recursos para indemnizaciones, equivalente al .03 al millar del Presupuesto de Gasto Programable, es decir, 15 millones de pesos. 

Silva Ruíz indicó que este monto podría cubrir hasta siete eventos en los que el gobierno deba reparar agravios a ciudadanos, de acuerdo con las previsiones de gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Los municipios también tendrán la instrucción de establecer un fondo para atender dichas contingencias, el cual definirán de manera autónoma. 

Proceso para la reparación del daño 

Silva Ruíz explicó que para acceder a una reparación de daños, en caso de ser víctimas de violaciones a derechos humanos, las víctimas podrán presentar su queja contra la instancia «ejecutora de recurso», que en este caso son las secretarías de estado y organismos públicos descentralizados. 

«Por ejemplo, si es la Secretaría de Salud la que cayó en una situación de negligencia (médica), la ciudadanía tendrá que hacer la denuncia correspondiente, por la violación a (sus) derechos humanos o por la omisión de una acción que le pudo haber repercutido. Posteriormente, la autoridad fijará el monto establecido»

De acuerdo con la iniciativa presentada por el gobernador Salomón Céspedes, las autoridades fijarán el monto de la indemnización conforme lo establecido por la ley y si fueron daños personales, morales o incluso discapacidad permanente o la muerte. 

La diputada por el Partido del Trabajo (PT) indicó que los agraviados podrían reclamar ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en caso de no estar conformes con la compensación. 

Comentó que la expedición de esta ley terminará con 20 años de omisión legislativa, en los que el Congreso de Puebla omitió promulgar una legislación para la indemnización de víctimas. 

Refirió que la actual legislatura ha recibido notificaciones judiciales, por juicios y amparos de ciudadanos que denuncian la falta de un marco normativo en la materia.

Ilustración: Iván Castillo

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