Por Claudio Bossay
En la actualidad, mucho se habla de los recursos del Estado entregados a organizaciones de la sociedad civil, más de 200 mil en todo Chile, según el Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de éstas, cerca de 50.000 son entidades que se dedican a promover y competir en distintas actividades deportivas. (1).
Si no fuera por el trabajo de las organizaciones sociales deportivas, los indicadores de obesidad o sedentarismo en Chile serian aún peores. Por tanto, un reconocimiento a estas 50.000 organizaciones vinculadas a la actividad física y el deporte, la mayoría de estas aportan día a día la posibilidad de que la población practique alguna actividad corporal, muchas veces en forma gratuita o a bajo costo. Como parte de la misma dinámica, también se debe reconocer a los dirigentes de este sector de la sociedad, los que ofrecen su tiempo y recursos para que otros puedan disfrutar de esto tan hermoso que es practicar deporte.
En este contexto, también hay que reconocer que el deporte de “élite” o de alto rendimiento, mientras más rendimiento o logros obtiene y aspira, más costoso se vuelve. Los equipos multidisciplinarios que este sector requiere son de abultado presupuesto. Por ello, es necesario el apoyo de todo el país, tanto del Estado como del sector privado, para que la representatividad de Chile en el concierto internacional se desempeñe en las mejores condiciones posibles.
No obstante el reconocimiento positivo a la labor de las organizaciones deportivas en Chile, también tenemos que mirar el pasado y presente de éstas con el propósito de conocer y re-conocer el manejo que las mismas han tenido con los recursos públicos. Al respecto, no siempre el uso de estos ha sido transparente. Por nombrar algunos casos, la historia reciente nos recuerda el bullado “Chilerecortes” en el 2007, los Juegos Deportivos Suramericanos en 2014, los Juegos Bolivarianos de Playa en el 2016, los constantes problemas de las federaciones deportivas con sus rendiciones de cuentas con el Estado y, últimamente, el caso de corporaciones deportivas municipales, principalmente la de Vitacura.
En este contexto y solo para mesurar el impacto de la inversión pública en la política deportiva chilena, lo que invierte el Estado en escuelas o talleres deportivos para la población en general, favorece y atiende solo al 1.89 por ciento de la población, es decir, 360 mil personas aproximadamente, según datos de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) para el 2023.
En cuanto el Alto Rendimiento, nadie pone en duda que para tener mejores logros deportivos es necesario una muy fuerte inversión. Para ello, el 2006 se creó la Corporación de Alto Rendimiento (ADO Chile), cuyo objetivo fue atraer recursos privados al alto rendimiento como complemento del importante apoyo del Estado”. Pero la realidad dista mucho de ese objetivo.
En un sucinto análisis, de los $6.000 millones (de pesos) manejados por ADO Chile solo en el 2021, casi el 97 por ciento de ellos provienen del Estado a través el IND, recursos que fueron entregados de forma directa a esta organización.
De recursos privados en ADO Chile poco se sabe y, tampoco se conocen los aportes al y del “Team Chile”, se ha indicado que los gastos administrativos de su funcionamiento son unos $600 millones anuales aproximadamente.
Sobre donaciones recibidas por esta Corporación, hay que distinguir entre dos tipos: las directas (sin franquicia) y las que se han hecho con franquicia tributaria. De las directas, el último balance hecho por ADO el 2021(2), éste da cuenta que se recibieron $125 millones, mientras que entre el 2021 y el 2023 no hay información sobre donaciones con franquicia.
Según el registro público del IND, desde que se constituyó en el 2006 la Corporación de Alto Rendimiento ADO Chile, han ingresado 122 proyectos al Registro de Donaciones, de los que solo han obtenido recursos 11 proyectos con financiamiento completo, sumando un total de $500 millones, en contraste a que las empresas privadas están donando un promedio anual de alrededor de $10.000 millones de pesos en proyectos deportivos.
Como conclusión, se puede afirmar que hay que replicar las fortalezas del sistema y no las trabas o la burocracia. Las buenas ideas de la sociedad civil deportiva tienen que ser apoyadas por el sector público fortaleciéndolas, por ejemplo, con capacitaciones constantes. El COCH, por su parte, ya empezó a entender esto y está apoyando al deporte comunitario mediante convenios firmados con varios municipios, ahora hay que hacerlo efectivo y eficiente.
Como parte de lo mismo, es necesario mejorar los instrumentos ya existentes. Hay que aumentar el número de organizaciones que postulan a recursos públicos, ya sea del IND, de los gobiernos regionales y de los municipios; hay que repensar el FONDEPORTE, que ha ido bajando sus montos en los últimos años; y sobre Donaciones con franquicias, hay que ampliar y profundizar la difusión de esta herramienta entre las empresas y las organizaciones deportivas.
Por último, no hay que olvidar que existen dos instrumentos más para el fomento del deporte. Se trata de los subsidios para el deporte y las concesiones de recintos deportivos, que deben mejorarse siempre observando la oferta disponible y las realidades de las organizaciones deportivas comunitarias.
Claudio Bossay Salinas
Sociólogo, U de Chile.
Magíster en Gestión Deportiva.
(2) https://coch.cl/wp-content/uploads/2022/07/Estados-Financieros-ADO-CHILE-2021-con-Opinion.pdf
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