Corte de Rancagua: Eduardo Macaya podrá cumplir arresto domiciliario, previo pago de una caución de 150 millones de pesos
La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva ordenada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, en contra de Eduardo Macaya Zentilli, quien está acusado como autor de delitos de abuso sexual impropio, además de aplicar una caución económica de $150 millones.
El imputado, de 71 años, padre del senador y presidente de la Udi, Javier Macaya, es imputado como autor de pedofilia de cuatro delitos de abuso sexual.
Tras ser formalizado, el Juzgado de Garantía de san Fernando había ordenado su prisión preventiva debido a que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas, además del peligro de fuga.
«Se debe tener presente que el imputado actualmente se encuentra en prisión preventiva bajo la hipótesis de peligro de fuga, aquello conforme a lo resuelto por esta Corte (…). Así las cosas, atendido el supuesto de prisión preventiva actualmente vigente, la controversia se centra en determinar la probabilidad que el encausado pueda sustraerse de los actos del procedimiento en caso de decretarse la caución que prescribe el artículo 146 del Código Procesal Penal -precisamente- para esta hipótesis», señaló la resolución.
El escrito, según consigna radio cooperativa, agrega que «a su vez se debe considerar que el imputado se presentó voluntariamente al Tribunal de Garantía el día de su formalización, sin perjuicio de existir una orden de detención pendiente en su contra, y que además no fue necesario utilizar orden judicial de allanamiento, al haber sido autorizada tal diligencia por un adulto o encargado del inmueble en que habita el imputado, en los términos del artículo 205 del Código Procesal Penal, lo que da cuenta que no ha sido refractario a los actos del procedimiento».
El abogado defensor de una de las víctimas, Hernán Fernández, confirmó la medida en declaraciones a El Mostrador: “Nos parece que es una señal contradictoria la que da el tribunal al revocar la prisión preventiva. Creemos que hay un peligro para la seguridad de las víctimas, porque cuando el entorno de un agresor sexual, de un imputado por delitos de abuso sexual infantil, niega los hechos, eso ya es una razón para temer de él. Porque aquí los delitos se cometen con persuasión, con seducción, con encandilamiento del entorno”.