Conversamos con el actual Director Nacional y ex Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC), Ricardo Calderón sobre el presente y el futuro en perspectiva de la minería en Chile.
El histórico dirigente sindical señala a El Ciudadano sobre la Estrategia Nacional del Litio que “La creación de una empresa mayoritariamente estatal que sea garante de una producción limpia y responsable ambientalmente es fundamental” como también que “la viabilidad de cualquier negocio comercial en torno al litio es la implementación de un sistema de extracción radicalmente diferente al actual, que maximice el porcentaje de litio comercial y reduzca al mínimo el uso de agua”.
Respecto a la situación actual de Codelco es directo “La mayoría de los principales ejecutivos, salvo excepciones, son los mismos que durante los últimos gobiernos han promovido prácticas privatizadoras como la externalización de funciones, y en que existe un amplio margen para los negocios relacionados, el tráfico de influencias y la corrupción”
Por Bruno Sommer Catalán
-¿Cómo evalúa usted la estrategia nacional del litio, es lo que esperaba?
-En general, contempla los ejes principales definidos por la comisión que trabajó en el tema durante el gobierno de la ex presidenta Bachelet, y que comprometió el presidente (Gabriel) Boric en su programa.
En primer lugar, hay un énfasis en la protección ambiental de los ecosistemas en que se encuentran los salares y la participación de las comunidades que habitan en estos territorios.
También se considera la inversión de un porcentaje del royalty, que pagan las dos empresas que hoy extraen litio en el Salar de Atacama, en desarrollo tecnológico e innovación y en la creación de una institucionalidad que permita coordinar iniciativas públicas y privadas orientadas a la industrialización del litio y de otros minerales.
La creación de una empresa mayoritariamente estatal que sea garante de una producción limpia y responsable ambientalmente es fundamental dentro de la estrategia del litio. Para ello la filial que creó Enami y las dos filiales que creó Codelco, y los salares en que respectivamente tendrán CEOL autorizados para realizar estudios hidrogeológicos, son la base para una empresa de propiedad mixta y que debiera crearse en el proceso legislativo de los próximos años.
Sin la incorporación de Enami y Codelco, en nombre de los intereses de largo plazo del país, no sería posible avanzar en el desarrollo de una industria con proyecciones que no puede ser igual a la actual, y que va a requerir del compromiso de actores muy diversos.
Esperamos que el acuerdo al que llegue Codelco con SQM contemple la creación de una empresa mayoritariamente estatal en cuyo Directorio participen tanto representantes de sus trabajadores como de las comunidades del Salar de Atacama. Un gobierno corporativo que garantice transparencia y probidad en el uso de los recursos de esta empresa, y que vigile el cumplimiento ambiental desde su interior contará con la confianza suficiente para que esta sociedad de largo plazo sea estable para todas las partes.
La marca SQM y todo lo que esté relacionado a la corrupción empresarial de la política que el país ha conocido sólo parcialmente los últimos años, genera una desconfianza evidente entre la ciudadanía.
Un aspecto fundamental en la viabilidad de cualquier negocio comercial en torno al litio es la implementación de un sistema de extracción radicalmente diferente al actual, que maximice el porcentaje de litio comercial y reduzca al mínimo el uso de agua. Ello implica trabajar con urgencia en innovación tecnológica; de lo contrario simplemente no será ambientalmente posible realizar actividad industrial alguna en los salares.
Recordemos que el contrato de arriendo de parte del Estado, que es el dueño de todos los salares y minerales del país por mandato de la actual constitución, vence el 2030 con SQM y el 2046 con Albemarle y las compañías reconocen en sus memorias públicas lo que ello implica para sus accionistas. Por lo tanto, si no existen acuerdos razonables para el interés del dueño del recurso, el Estado debiera iniciar las licitaciones internacionales que correspondan.
-Respecto a la nominación de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, y su desempeño ¿Cuál es su evaluación?
-Transcurrido más de un año de la instalación del nuevo gobierno, en general existe bastante frustración entre trabajadores y ciudadanía porque las expectativas de cambio en las empresas estatales eran altas. La mayoría de los principales ejecutivos, salvo excepciones, son los mismos que durante los últimos gobiernos han promovido prácticas privatizadoras como la externalización de funciones, y en que existe un amplio margen para los negocios relacionados, el tráfico de influencias y la corrupción.
El gobierno del presidente Boric está en deuda en materia de gobiernos corporativos de las empresas estatales, particularmente en resolver las trabas que hoy existe para limitar la participación de trabajadores y comunidades en estos. Y, lamentablemente, Codelco es un ejemplo de como un mala cláusula aprobada en el congreso promueve un paralelismo antisindical en contra de una de las dos federaciones existentes en la empresa; y ello bloquea la participación de uno de los dos representantes laborales que debieran estar en el Directorio de la principal empresa del país.En ello hay negligencia tanto por la inacción del gobierno actual, como del congreso y de la misma administración de Codelco que sigue promoviendo este paralelismo antisindical en su gestión institucional.
En lo positivo, se puede destacar la transparencia acerca de la crisis estructural y los desafíos que tiene Codelco para enfrentar su desarrollo en los próximos años, aunque los responsables de esta crisis se mantienen en sus puestos e incluso son promovidos a responsabilidades superiores.
También es destacable el fin del juicio en contra de la Contraloría General de la República que promovió Oscar Landerretche en su pasada por Codelco y que, con ello impidió una fiscalización eficaz y facilitó los ilícitos por los que hoy está siendo investigado el ex presidente ejecutivo Pizarro Contador y otros ejecutivos despedidos por negocios relacionados y tráfico de influencias.
De la misma forma, el Pacto Estratégico firmado con la FTC y la suscripción de un nuevo acuerdo marco con los trabajadores contratistas son aspectos positivos en que se puede valorar la incidencia de Pacheco y del gobierno que lo nombró.
Sin embargo, más allá del discurso y cierta imagen comunicacional la incidencia real de Máximo Pacheco y la visión del actual gobierno en la administración de la empresa o es muy marginal aún, o han optado por mantener las políticas autoritarias y privatizadoras de la actual conducción ejecutiva.
Esperamos que quien reemplace al renunciado Andrés Sougarret esté a la altura de los desafíos que el presidente del Directorio está transparentando, y que convoque en forma urgente a un plan participativo de mejoramiento de la situación productiva, de mantenimiento, costos, salud y seguridad y la continuidad operacional de los procesos actuales. Y al mismo tiempo, es esencial que en los proyectos estructurales en curso se incorpore la visión de las operaciones y de quienes tienen experiencia al respecto, focalizando mejor el trabajo que realizan nuestros especialistas de la Vicepresidencia de Proyectos.
El nuevo presidente ejecutivo debiera estar disponible a escuchar mucho más a quienes trabajan directamente en los diferentes procesos que realiza la empresa, trabajadoras y trabajadoras de alta calificación, e intervenir radicalmente el modelo de negocios sustentado en la externalización y precarización a través del subcontrato.En esta perspectiva, la propuesta técnica que ha desarrollado uno de los sindicatos históricos de Chuquicamata para duplicar la capacidad de la función de Chuquicamata con una inversión más que rentabilizable desde varias perspectivas, va en la dirección que debiera asumir el conjunto del movimiento sindical de la empresa, aportando iniciativas y mejoras que ayuden a la empresa a mejorar sus procesos y así recuperar los excedentes que debiera entregar al país.
También se esperaría un cambio profundo en las relaciones laborales y que la empresa le ponga término a los despidos arbitrarios, su injerencia en favor de dirigentes que renuncian a ejercer su rol con autonomía, y que ponga fin a cualquier forma de acoso y persecución a cualquier dirigente o ex dirigente sindical. En esa misma línea, también esperaríamos un gesto más que simbólico que permita la reparación para decenas de trabajadores y trabajadoras despedidas por razones políticas, sindicales o por ejercer simplemente su libertad de expresión criticando la gestión de determinados Ejecutivos de Codelco durante las últimas dos administraciones, o por haber visibilizado las demandas feministas mínimas dentro de la empresa.
-Qué le parece que en los distintos estamentos relacionados a la minería existan tantos funcionarios ligados a Cesco?¿Representa esta entidad los intereses de la minería chilena?
En general, se asocia su actividad al lobby pro privatizador y en contra de la participación del Estado de la actividad minera y en sus industrias asociadas, y eso puede evidenciarse en el sesgo ideológico que domina en sus eventos, estudios y actividades.
Sin embargo, en su interior participan distinguidas y distinguidos profesionales y académicos de reconocimiento nacional e internacional, y el aporte que pueden hacer en la gestión de este Gobierno no podría ser descartado por prejuicios o discriminaciones arbitrarias. El Estado está abierto a que en él se desempeñen especialistas y personas con experiencia con miradas y trayectorias diversas, que permitan desarrollar proyectos de largo plazo que trascienden los períodos de uno, dos, tres gobiernos o más.
Además, hay quienes legítimamente optaron por apoyar la candidatura de Gabriel Boric y fueron activos partícipes de las medidas que el actual presidente comprometió en materia minera. Es el caso del actual subsecretario Willy Kracht que representó al Frente Amplio en el equipo programático de Apruebo Dignidad.
Lo que no se entiende es el nombramiento en el Directorio de Codelco de la ex funcionaria de Cesco Alejandra Wood, pese a que en su condición de licenciada de historia tampoco cumpliría el requisito por el que descalificó a Pamela Chávez para formar parte del mismo Directorio; es decir, una carrera inicial de a lo menos 10 semestres, según se establece en la ley de gobierno corporativo de Codelco.
-¿Cuál debiese ser el futuro de Enami?
-Enami necesita un nuevo gobierno corporativo que se haga cargo de una estrategia de desarrollo en que una nueva fundición polimetálica y de altos estándares ambientales es fundamental, y seguir retrasando esta decisión es muy dañino para una minería resentida por la falta de alternativas después de concretado el cierre de la fundición de Ventanas. Esto lo han expresado con bastante claridad las organizaciones sindicales del sector.
En muy importante escuchar a las organizaciones que representan a trabajadores y empresarios de la minería mediana, pequeña y artesanal, e incorporar sus perspectivas en el debate acerca del futuro de esta importante empresa.
Históricamente Enami nace como heredera de la Empresa Nacional de Fundiciones que existió antes y que quizás hoy es una nueva necesidad para hacerse cargo de los 4 millones de toneladas de concentrados de cobre que se deben transportar a fundiciones y refinerías asiáticas, perdiendo el país el valor de las valiosas sustancias que se categorizan como impurezas pero que sí son recuperadas por la industria polimetálica de destino. Este negocio se estima entre 5 y 10 veces más valioso que el cobre contenido en cada tonelada, además de los premios que se otorgan al cobre en forma de cátodo.
Además, entre 1,5 y 2 toneladas de CO2 es la huella de contaminación por carbono que genera el transporte marítimo de los concentrados no refinados que salen de Chile. Por lo tanto, también es una decisión ambientalmente correcta para combatir el cambio climático global el fundir y refinar el 100% de los concentrados del cobre en el país, y promover ecosistemas que promuevan negocios innovadores, empleos de buena calidad, y más recursos para el desarrollo regional.
Por otro lado, que Enami tenga la certeza que va a contar con los CEOL para que su filial haga alianzas para explorar salares con litio con potencial industrial y hacer estudios ambientales confiables, también es una necesidad evidente; a menos que se quiera ahogar a Enami y/o boicotear la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el presidente Boric en que se le entrega un rol a Enami y a Codelco como representantes del Estado en los salares.
Por eso puede ser relevante transparentar al detalle la situación actual de la empresa y de las últimas administraciones a través del trabajo de una comisión investigadora en la Cámara, como han propuesto diversas diputadas y sus colegas. Esto también permitiría despejar mitos acerca de cómo funciona el sistema de fomento minero que hace la empresa, el estado en que se encuentra su actual fundición y plantas de tratamiento de minerales; la necesidad de un nuevo gobierno corporativo y el potencial uso alternativo de la participación que la empresa tiene en la propiedad de Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, entre otras materias.
-¿Se cumplirá el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric en lo respectivo a minería ?
-Ya aprobado un royalty en un escenario parlamentario muy adverso, es importante que la ciudadanía perciba que los recursos que van a llegar a municipalidades y gobiernos regionales se invierten bien y en forma transparente, en las necesidades más relevantes de las personas que viven muchas veces sólo los impactos negativos de la actividad minera.
De las mismas manera, también es importante que el gobierno apoye la eficaz implementación con sentido de urgencia de la Estrategia Nacional del Litio, permitiendo que Enami y Codelco cuenten con el apoyo para ello, y que las comunidades vean el nuevo trato comprometido por el gobierno.
La implementación de laboratorios para medir los subproductos en la exportación de concentrados de cobre es una medida administrativa comprometida, que requiere los recursos necesarios y la coordinación entre órganos del Estado como el SII, Cochilco y Aduanas.
Los anuncios que el gobierno haga en relación a cómo nos haremos cargo de los crecientes millones de toneladas de concentrados de cobre a través de una estrategia nacional de fundiciones debiera movilizar al mundo de la ingeniería y proyectos, al mundo ambiental, y al mundo de la política a tener un diálogo con perspectiva país y de largo plazo, que se traduzca en acciones concretas y de corto plazo para avanzar en esta dirección. E insisto, la nueva fundición para Enami debiera verse como una parte de una estrategia más global para sumar valor agregado a nuestra minería y disminuir nuestra huella ambiental.
Finalmente, dotar a Enami de un nuevo gobierno corporativo y eliminar el paralelismo antisindical de la actual ley de Codelco, también son iniciativas que uno esperaría que vieran la luz durante este gobierno.
-¿Respecto al rol de la Ministra de Minería y el Subsecretario de la cartera, cuál es su evaluación?
-En todos los últimos gobiernos ha sido más o menos evidente una cierta tensión entre ministerios y subsecretarías de minería, quizás por el interés de los gobiernos por buscar con los nombramientos ciertos equilibrios políticos entre visiones diversas en que pueden existir algunas contradicciones importantes dentro de las coaliciones que forman parte del mismo gobierno.
Sin embargo, como representantes de un gobierno que tiene un programa y ciertas líneas de gestión, es muy negativo que estas divergencias se traduzcan en conflictos públicos que dañan la imagen del gobierno y evidencian deficiencias para resolver diferencias de manera razonable y, sobre todo, puertas adentro.
Y esto aplica a eventuales conflictos entre la actual ministra con el actual subsecretario como a los que éste tenga con las autoridades de las empresas estatales relacionadas con el ministerio de minería. No se ve muy bien que una autoridad aparezca pocos menos que boicoteando dos proyectos centrales para el desarrollo deEnami, por muy buenas razones que pueda tener personalmente para sostener una mirada crítica.
Pero ello es fruto del gobierno corporativo de la empresa que mantiene al ministerio dentro del directorio y los obliga a entrar en forma directa en las decisiones de ésta, generándose con ello conflictos que puestos en la esfera pública no contribuyen a que la ciudadanía confíe en lo que hacen las empresas estatales por el bien de Chile.
En un país cuya economía se sostiene fuertemente en la actividad minera y en que ésta enfrenta tanto oportunidades como cuestionamientos y desafíos de alta complejidad, siempre es deseable un ministerio de minería con mayor incidencia política, y en eso el actual gobierno no es una excepción.
Estimo que la ministra podría desplegar un mayor liderazgo y articulación intersectorial, poniendo en valor su condición de especialista en la salud humana y su enorme experiencia en diversas funciones políticas en la región de Antofagasta, una región en que se puede ver el crecimiento empobrecedor de una minería extractivista que no tiene un futuro viable.
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