Servicio Mejor Niñez acreditó fundación de Gastón Pinochet, imputado por  producción de material pornográfico infantil y abuso sexual infantil

La acreditación de esta fundación por parte del Servicio Mejor Niñez, a pesar de la causa judicial en contra de Pinochet, la presidencia de la corporación de Matías Pinochet (hijo de Gastón Pinochet y ex SEREMI) la que podría revocar la acreditación, y una nueva denuncia que es revelada por un documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Por Josefa Barraza Díaz

El pasado 14 de julio, El Ciudadano publicó un reportaje que reveló que, el primer miembro del Tribunal Electoral Regional del Maule, Gastón Francisco Pinochet, está imputado por abuso sexual infantil, producción de material pornográfico infantil y amenazas, quien además fue el representante legal de un organismo colaborador acreditado del Sename, Corporación de Ayuda a la Familia, y que cuenta con el proyecto “Residencia de vida familiar Liliana Donoso”, el que consiste en “acoger a 20 niñas vulneradas gravemente en sus derechos, proporcionándoles la satisfacción de sus necesidades biopsicosociales, en un ambiente protector, reparatorio, empático y seguro” -se describe en un acta del Sename-. 

Según antecedentes recabados por este medio, Pinochet posee dos querellas en su contra: la primera por abuso sexual infantil, mientras que la segunda por violación impropia, producción de material pornográfico infantil y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar. Incluso, Gastón Pinochet está en calidad de imputado ante el Ministerio Público, siendo defendido por la actual directora jurídica de la Municipalidad de Talca, Grace Salazar; a quien Contraloría solicitó sumariar administrativamente por presuntas faltas a la probidad administrativa. 

Sin embargo, este caso no acaba aquí. 

Durante la tarde del martes 18 de julio, este medio recibió un comunicado de prensa del directorio nacional de SINTRASUB (Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas para la Niñez y Juventud), en el que se dan a conocer nuevos antecedentes respecto a la causa judicial que tiene como protagonista a Gastón Francisco Pinochet.

“Estudiados los antecedentes y consultada nuestra base sindical, es posible corroborar que Pinochet Donoso fue representante legal de la mencionada Corporación, organismo acreditado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez (…) Así las cosas, se acreditó a una entidad que tenía a uno de sus directivos con una investigación gravísima, como es el abuso sexual, no siendo observada por la unidad de acreditación y el consejo de expertos, ambos del servicio Mejor Niñez”, se lee en la misiva de dicho sindicato. 

Respecto a la acreditación señalada por SINTRASUB, este medio tuvo acceso al “Acta Sesión N°15 Consejo de Expertos-de carácter ordinaria. Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez” -del 20 de julio de 2022-, en el que se describe que la Corporación de Ayuda a la Familia solicitó ser reconocida en calidad de colaborador acreditado para ejecutar las líneas de acción en las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, con un total de 3 regiones declaradas para ejecución, siendo aprobada por unanimidad por el consejo constituido por Juan Paulo Sánchez, Paula Margotta, María Carolina Velasco, y Roxana Espinoza.

“Considerando los antecedentes provistos por el Servicio, así como el análisis realizado por este sobre el cumplimiento de los requisitos contenidos en la normativa vigente y en los instrumentos de análisis y verificación de los mismos, y en los cuales se sustenta el informe favorable emitido por de la Unidad de Acreditación, se aprueba la solicitud realizada respecto del colaborador mencionado”, resolvió el consejo, a pesar de que en aquella fecha, Pinochet ya estaba imputado por abuso sexual infantil y producción de material pornográfico infantil. 

Al ser consultado el Servicio Mejor Niñez sobre esta acreditación a pesar de la causa penal en contra de Pinochet, afirmaron que en 2022, la Corporación de Ayuda a la Familia fue acreditada en esta instancia tras presentar la documentación requerida, la que, además de información organizacional y financiera del organismo, incluye Currículum Vitae, título universitario, certificado de antecedentes, certificado de inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y declaración jurada de los miembros de su directorio; lo que dejaría entrever que dicha corporación no informó sobre la causa judicial en contra de Pinochet. 

Sin embargo, esta acreditación no es lo único que alerta, puesto que, el 4 de marzo de 2023, la Corporación de Ayuda a la Familia tuvo elecciones de directorio -que posee 12 proyectos vigentes-, en donde asumió como presidente de este organismo Matías Pinochet Aubele -hijo de Gastón Pinochet-, y quien ejerció como SEREMI de Economía del Maule durante el gobierno de Sebastián Piñera, entre febrero de 2019 y el 11 de marzo de 2022.

Lo anterior, incumpliría el artículo 6 bis relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado, según la ley del Servicio Mejor Niñez N° 21302, en donde se establece que una razón de inhabilitación sería que los miembros fundadores o del directorio, hayan ejercido los cargos de ministro de Estado, subsecretario, secretario regional ministerial (SEREMI), entre otros, dentro de los doce meses anteriores a la acreditación; siendo claramente incumplido por Matías Pinochet.  

Con respecto a la incorporación de Matías Pinochet como presidente de la corporación, desde el Servicio Mejor Niñez, explicaron que en junio solicitaron a todos los organismos acreditados la actualización de antecedentes; en esta instancia la Corporación de Ayuda a la Familia “presentó a Matías Pinochet como presidente y se detectó su inhabilidad para ejercer ese cargo. Ante esta situación, el Servicio solicitará de manera formal al organismo colaborador, la subsanación de esta situación en un plazo de 60 días. En caso de que esta irregularidad no sea subsanada, se procederá a revocar la acreditación”, confirmó el Servicio.

Además, es importante mencionar que el actual director de la “Corporación de Ayuda a la Familia”, es el ex director regional de Sename Maule, Pablo Bravo, quien estuvo en el cargo hasta noviembre de 2020. 

“No podemos dejar pasar las graves falencias que tiene el sistema de acreditaciones del Servicio Mejor Niñez, tanto en la unidad de acreditación, como el consejo de expertos, puesto que en el acta de acreditación, referida a la Corporación de Ayuda a la Familia, no se presenta ninguna observación (…) Además, preocupa la falta de transparencia por parte de la Corporación de Ayuda a la Familia, quienes no cuentan, a la vista pública, del modelo de prevención del delito, exigido por ley, que afecte a la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, tampoco cuenta, a la vista pública, con canales de denuncia, comité de prevención del delito y comisión de ética, estamentos, que dados los cargos que tiene el ex representante legal, debieron haberse adoptados con medidas urgentes de resguardo a favor de la niñez”, sostiene SINTRASUB en su comunicado. 

No obstante, El Ciudadano tuvo acceso a un documento que revela una nueva denuncia en contra de Gastón Pinochet. En el Memorándum N°596 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -del 1 de febrero de 2023-, además de narrar el caso de abuso sexual infantil por el que Pinochet es investigado, se detalla que se tomó conocimiento que “otras niñas y adolescentes que residían en aquel entonces en el RPM Residencia Victoria, de la ciudad de Talca, dependientes de la “Coporación de Ayuda a la Familia”, organismo colaborador de Sename y Mejor Niñez, en la cual el imputado ejercía cargo directivo (Pinochet), eran trasladadas por las educadoras de trato directo de la residencia al domicilio particular del presunto imputado, lugar donde cometía los ilicitos”. 

“Pese a que Sename había sido advertido de la situación, no se activaron las circulares pertinentes, ni se realizó la denuncia pertinente en su momento, más la Fiscalía se encontraba en conocimiento de los hechos a raíz de los antecedentes incorporados en la causa, y solo se tomó declaración a las funcionarias de la residencia entre ellas la señora Jeannette Silva González (directora de RPM Residencia Victoria) y María Verónica Rosario Sánchez (psicologa de RPM Residencia Victoria), sin que conste declaración de las niñas ni remisión de informes psicológicos y menos entrevistas de otras personas que compartieron con ellas en la casa perteneciente al imputado”, se lee en el documento emitido por Héctor Valladares, jefe de la División Judicial, a Macarena Cortés, Jefa de Reinserción Social. 

Respecto a lo anterior, el 10 de octubre de 2020, la Contraloría Regional del Maule resolvió que la Dirección Regional del Sename del Maule, adopte las medidas tendientes a investigar la situación denunciada, supervisando y disponiendo la adopción de las medidas de seguridad para las niñas que se encuentran al cuidado de esa entidad colaboradora. 

“Finalmente, cumple con indicar que, efectuadas las indagaciones pertinentes, se constató que la cónyuge del denunciado es prima de la autoridad regional de que se trata (Pablo Bravo), circunstancia que habría impedido la intervención de ese funcionario en el estudio e informe de la presentación de la especie (…) que lo obligaba a abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés el denunciado, exigencia que no fue cumplida en la especie y que deberá ser observada en lo sucesivo ante situaciones como la descrita”, se detalla en el documento de la entidad fiscalizadora a la que este medio tuvo acceso. 

Sobre la existencia de este Memorándum, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirmó que en este caso, este documento es meramente conductor de un informe elaborado por el programa encargado de la curaduría y tutela de derechos de un menor atendido por el programa (Servicio Mejor Niñez), en tanto el Ministerio  no le corresponde intervenir en las definiciones e informes elaborados por los equipos en el marco de la autonomía antes referida.

Actualmente el caso sigue vigente, mientras que la defensa de Pinochet espera su sobreseimiento.

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