Por Vanessa González y David Arboleda (*)
Los efectos de la crisis climática que afronta la humanidad continúan copando los titulares de los medios de comunicación, a la vez que se viralizan en redes sociales sequías e inundaciones. Pero no siempre se visibiliza a los grupos más afectados, por lo que es importante preguntarse: ¿Quiénes reciben los impactos directos de los extractivismos y qué consecuencias traen para sus vidas?
Comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes -cuyos grupos familiares tienen niños, niñas, mujeres y ancianos-, asumen una parte importante de estos impactos. Son estos grupos, históricamente excluidos, quienes dependen directamente de la tierra y los bienes comunes naturales para sobrevivir, o se ven forzados a vivir y trabajar en contextos (tanto rurales como urbanos), de mayor precarización y alta vulnerabilidad social, como son las zonas de riesgo ante conflictos socioambientales de diversa índole o por situarse en enclaves extractivistas.
Ejemplos de ello, son: respirar gases tóxicos, exponerse a la contaminación de las aguas, estar a merced de derrumbes o desbordamientos de ríos, por mencionar algunos.
Como lo indica en su glosario la Plataforma Latinoamericana y del Caribe para la Justicia Climática, ‘aunque los impactos de los eventos climáticos extremos llegan a todas las personas, no todas ellas tienen la capacidad de enfrentarlos y recuperarse de estos con la misma facilidad’.
Por lo mismo es relevante reconocer la existencia del racismo en este contexto, en el que el colonialismo sigue presente. El racismo climático advierte cómo opera la discriminación racial en la gestión de las políticas económicas y ambientales, y cómo existen prácticas desde empresas e industrias que afectan de manera diferencial a grupos según su pertenencia étnico-racial.
¿Dónde se instalan los vertederos industriales? ¿Cuáles son las zonas en sacrificio y qué comunidades habitan en estos territorios? ¿Cómo se distribuyen las cargas ambientales? ¿Qué poblaciones o territorios protege el Estado? ¿Qué grupos tienen capacidades reales y recursos para responder a una emergencia o catástrofe?
Así, comunidades enteras que viven de la pesca, la agricultura, y la recolección, entre otros oficios, se ven afectadas por los fenómenos meteorológicos drásticos que se evidencian con olas de calor y lluvias prolongadas, alterando los tiempos y terrenos para las cosechas; pero también, se enfrentan a la profundización extractivista y al deterioro irreparable de la naturaleza, lo que termina por desplazarlas internamente o más allá de las fronteras internacionales.
Otras se ven empujadas a vivir en los contextos anteriormente mencionados por el empobrecimiento estructural en el que se encuentran, en algunos de los casos siendo empleadas en trabajos precarios que ponen en riesgo su salud.
Por esta razón, problematizar desde la interseccionalidad ayuda a comprender la desproporción, tanto en el impacto de la crisis como en la distribución de recursos para la recuperación, dejando en evidencia la desigualdad existente entre diferentes grupos sociales.
Sin duda, hay una relación directa con la vulneración de derechos humanos, el acceso a los servicios básicos de las personas, y el incremento de la brecha de género y étnica. Como lo ha dado a conocer ONU Mujeres en otras oportunidades, «cuando ocurren desastres, las mujeres tienen menos probabilidades de sobrevivir y suelen ser las más perjudicadas debido a las prolongadas desigualdades de género que han creado disparidades en la información, la circulación, la toma de decisiones y el acceso a los recursos y la formación».
En el marco del 25 de julio, en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, recordamos el compromiso de Chile ante la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, más aún en el actual escenario de crisis climática, el cual demanda de políticas públicas y mecanismos para garantizar los derechos de las personas que habitan lugares con mayor riesgo.
(*) Artículo publicado en el marco del lanzamiento de la línea de trabajo “Migraciones Climáticas”, de la Organización Migrantas.
Foto Portada: Agencia EFE, inundaciones en Perú (2023)
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