Hay malestar e incertidumbre al interior de Copiapó. Una promesa de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Paipote, proyectada desde el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y paralizada durante toda la administración de Sebastián Piñera, está en vilo porque algunas autoridades del gobierno actual consideran que no es rentable.
Pese a que a fines de mayo se anunciara tras largos años de tramitación la concesión de 9 millones 667 mil dólares para iniciar la esperada modernización de la planta procesadora de cobre, por parte de la Empresa Nacional de Minería (Enami), a comienzos de julio el subsecretario de Minería, Willy Kracht, inyectó cuna buena dosis de inquietud al salir a través de las páginas de El Mercurio a decir que es “un proyecto que no es rentable”, diciendo que según las estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la inversión, proyectada a 25 años, tendría una rentabilidad negativa de 137 millones de dólares.
En lo que devela la intensa pugna que se está produciendo al interior de la coalición de gobierno, este miércoles 26 de julio, la ministra de Minería, Marcela Hernando, salió al paso del subsecretario, también a través de las páginas de El Mercurio, diciendo que la fundición es “rentable socialmente”.
Sus dichos los reafirmó en una sesión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados realizada ayer mismo y en donde fue presentada una Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería (FURE). Requerida por el diputado por la zona, Jaime Mulet, la ministra Hernando aseguró que “la iniciativa está en pleno desarrollo, se encuentra en evaluación pre inversional y ya está firmada la apertura económica por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, que permite precisamente el continuar con la etapa siguiente. Tenemos que dejar que ese proyecto siga avanzando en las diferentes etapas y que vaya perfeccionándose”.
En la oportunidad el diputado Mulet recalcó que el Ejecutivo debe plantear con claridad, no de modo genérico, la modernización de las fundiciones estatales. El parlamentario acusó “vaguedad en la toma de decisiones” del gobierno, destacando las diferentes declaraciones por parte de la ministra en relación a las dichas por el subsecretario. En relación a la estrategia de fundiciones presentada, además de reclamar respecto de la nula consideración de la pequeña minería, comentó que “las menciones son muy genéricas. Todos sabemos que hay tensión dentro del gobierno, ciertas miradas que pueden aparecer como contradictorias”.
“Después de un año y medio no tener un informe tan claro llama la atención”- sentenció el diputado.
LA ARREMETIDA DE KRACHT CONTRA ENAMI
En la sesión de la Cámara también fue invitado el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce, quien recibió un voto de censura de parte del subsecretario Kracht en una sesión del directorio de la estatal. Pese a que dicha posibilidad no está en los estatutos que rigen dichos encuentros, la petición fue sustentada en unas declaraciones dadas por Pérez de Arce que no debían ser públicas, pero que fueron hechas en la misma sesión del directorio. Según fuentes al interior de Enami, el objetivo de Kracht es sacar al vicepresidente, ya que ha estado encargado en los últimos años del diseño del proyecto de modernización de la fundición de Paipote. Con su salida, el proyecto de renovar la capacidad de la fundición se irá a dormir a una gaveta.
El subsecretario ha ido copando distintos cargos claves que definen las políticas mineras, colocando a miembros del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), una opaca entidad que se encarga de organizar seminarios financiados por la industria minera y que desde el comienzo de la transición, ha jugado un rol clave en ampliar los espacios para la iniciativa privada. En Enami, Kracht colocó en el directorio a Osvaldo Urzúa y Juan Carlos Román. En un cargo, inmediatamente por debajo del vicepresidente ejecutivo, colocó como gerente de operaciones a Matías Lagos.
La intervención de Kracht en Enami ha sido de tal magnitud, provocando la renuncia a fines de junio de uno de sus directores, Marcelo Rocha, quien además estaba a cargo de la filial creada por la misma Enami para gestionar la explotación del litio. En su renuncia, Rocha sostuvo que desde la subsecretaría se entorpecía la concreción de una política pública del litio. Un Contrato especial de operación de litio (CEOL) solicitado por Enami al ministerio de Minería, ya lleva más de un año de ser ingresado y aún no hay noticias.
Tal como informó El Ciudadano, el subsecretario Kracht integró en 2019 el directorio de Cesco, colocando en el aparato público bajo el actual gobierno a importantes operadores formados en dicho espacio de concubinato entre académicos y empresarios. Así instaló en el directorio de Cochilco a José Joaquín Jara y Emilio Castillo; y en Codelco ayudó en la promoción de Máximo Pacheco como presidente del directorio y de la ex-Cesco, Alejandra Wood.
Pérez de Arce detalló en la sesión de la Comisión de Minería que de cumplirse los plazos, la construcción de la nueva fundición estaría partiendo recién en 2025. También sostuvo que su evaluación no es sólo respecto de rentabilidad privada, sino que también hay rentabilidad social. Consultado por el parlamentario Mulet, respecto de si las declaraciones de Kracht paralizaron el proyecto, el vicepresidente de Enami sostuvo que “Cochilco ha dicho que el proyecto en la etapa que está sigue avanzando”
Respecto de las críticas a la rentabilidad de la fundición, Pérez de Arce dijo que hay un millón de toneladas estimadas para procesar.
UN INFORME FANTASMA
Pese a que Enami está a cargo y tiene los profesionales pertinentes para realizar los informes de factibilidad de la modernización de la refinería, los operadores de Kracht han instalado la necesidad de contratar nuevamente una agencia nueva para evaluar nuevamente los aspectos comerciales, técnicos, ambientales y sociales.
El subsecretario Kracht además se ha preocupado de marcar la agenda en los medios masivos. Entrevistado recientemente por TVN, ha repetido la narrativa de que las exigencias del actual gobierno es que las fundiciones y refinerías de minerales sean “económicamente rentables”.
La respuesta de los mineros no se dejó esperar. En una visita que hicieron a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, los sindicatos de Enami llamaron al presidente Boric a cumplir su palabra. En la oportunidad Eduardo de la Barrera, presidente del Sindicato de Trabajadores N°1 de la Fundición Hernán Videla Lira l, dijo que “es impresentable en el directorio cuando Cochilco y el ministerio de Desarrollo Social autorizan a Enami a iniciar los trabajos de factibilidad para el proyecto de la nueva fundición que fue aprobado. Inexplicablemente en el directorio desconocen este oficio de fecha 22 de mayo, y acuerdan contratar un estudio privado para la factibilidad del nuevo proyecto”.
Respondiendo a la falta de rentabilidad futura acusada por Kracht, de la Barrera sostuvo que entre 2008 y 2015 Enami giró al sector minero US$38 millones, que circularon en las regiones del norte. “¿Y nos dicen que no somos rentables? ¿Qué saben de rentabilidad social?”- remató.
Consultado por El Ciudadano, de la Barrera, destacó que “el proyecto de modernización tiene una base social. En el año 2016 se hizo un estudio del impacto social de la planta que evidenció que es una fuente de empleo directa o indirecta para unas 44 mil personas”.
Hoy Paipote Enami da empleo directo a unas 550 personas, en tanto en forma indirecta a otras 550 más.
También hay dudas respecto de las cifras exhibidas por Kracht para acusar la falta de rentabilidad de la planta de Paipote. Según la presentación realizada el día de ayer en la Comisión de Minería de la Cámara por el jefe del departamento de Políticas Públicas Mineras del ministerio, Francisco Dall’Orso, “se hizo un barrido de toda la información pública disponible sobre ejercicio de evaluación económica de fundiciones y refinerías”.
Las referencias de Dall’Orso son un estudio de Cesco del año 2020 y otro de la Cepal de 2021, además de otros dos realizados durante la administración reciente de Sebastián Piñera, en 2021, quien aplicó la política de no realizar ninguna inversión pública en minería.
De la Barrera comentó a El Ciudadano que “en el gobierno de Piñera gastaron un montón de plata encargando un estudio a la consultora Matrix”.
En relación a las cifras dadas a conocer por Kracht, el sindicalista contó que después de la entrevista, varios se preguntaron por el informe citado por el subsecretario. “No sabemos si se trata de un informe nuevo. No lo conocemos ¿dónde está? En ninguna parte existe como documento oficial. Hemos procurado ese informe, pero nadie lo tiene. No sabemos de donde sacaron ese informe. Mandar a hacer ternos a la medida es fácil”.
Respecto a la posibilidad que nuevamente se encargue desde el ministerio un nuevo estudio a alguna consultora, de la Barrera sostuvo que “ya denunciamos ante la Comisión de Minería que lo que pasa con la fundición es compatible con el caso de Democracia Viva, en donde se tercerizan funciones con el objetivo de sacar plata al fisco. El organismo oficial para hacer dichos informes es Codelco o Cochilco ¿qué nos va a decir un tercero aparte de ganarse unas buenas lucas?”.
Consultamos con los periodistas allegados a Kracht respecto de las fuentes que sustentan las pérdidas que acusa, sin embargo hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
En tanto, en las últimas semanas el instituto de derecha ordoliberal Libertad y Desarrollo ha emitido dos informes referidos a Enami, acusando pérdidas y salarios del personal. La ofensiva contra la estatal también ha sido desplegada desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), instancia que agrupa a las mineras privadas. Un formado ‘Comité de Análisis de Enami’, de dicha instancia está presionando al presidente Boric para intervenir la minera estatal, argumentando un endeudamiento de unos US$700 millones.
El economista Julián Alcayaga recuerda que en 1994, Enami era la segunda exportadora de Chile, sólo por detrás de Codelco, vendiendo productos al exterior en esa época por unos 800 millones de dólares.
¿Qué ha pasado en las últimas décadas?
Alcayaga comenta respecto de las pérdidas de Enami, que los costos fijos de la estatal son muy altos, en relación a la cantidad de mineral que reciben, que es principalmente de pequeños y medianos pirquineros. Al mismo tiempo, Enami tiene contratos con grandes empresas, a la que les cobra apenas un 30 ó 40 por ciento superior que a los pequeños mineros. Es un precio muy por debajo del costo real y de mercado. “De este modo, las fundiciones de Enami han estado subsidiando a las grandes empresas. Por eso no tiene utilidades”-sentencia el economista.
Para Alcayaga, detrás del retraso en la inversión para modernizar las fundiciones está el interés de las transnacionales, las que quieren terminar con todas las que sean del Estado.
El ex-presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta, comentó a El Ciudadano que “no hay una política de pequeños y mediano empresarios. Los grandes se han aprovechado de la captación de los recursos que entrega Enami. Esto debe ser revisados para construir una real política de fundiciones”.
UNA LENTA ESTRATEGIA DE REFINERÍAS Y FUNDICIONES
Tras el cierre de la Fundición Ventanas el pasado 31 de mayo, la capacidad de fundir los minerales en Chile, principalmente el cobre, ha mermado. Si en 1990, un 16 por ciento del cobre producido en el país fue concentrado, , es decir mineral casi puro, la cifra aumentó al 38 por ciento en el año 2000 y llegó al 50% en 2020, según cifras de Cochilco.
En Chile operan seis fundiciones, cuatro estatales y dos en manos de transnacionales. Codelco tiene Caletones, Potrerillos y Chuquicamata, en tanto que Enami está a cargo de la Fundición Paipote. Por su parte, Anglo American tiene Chagres y Altonorte, está en manos de Glencore.
Según el estudio ‘Mercado chileno del ácido sulfúrico al año 2031’ (Cochilco, 2022), de seguir dicha tendencia, junto al cierre de plantas como Paipote, la proporción de concentrado superará el 70 por ciento para el año 2030.
Con el objetivo de revertir dicha inclinación y cumplir con el programa de gobierno que planteó incrementar la capacidad estatal de fundición de metales, se presentó la semana pasada la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería (FURE), diseñada por el Ministerio de Minería, la que apuesta por “aprovechar los subproductos obtenidos en sus operaciones para generar nuevas fuentes de ingreso”.
Entre los llamados barros anódicos, considerados subproductos del proceso de extracción del cobre, se pueden encontrar metales preciosos como oro, plata, selenio, paladio y platino, comenta el documento.
También se destaca el impulso a la economía circular, considerando la recuperación y reprocesamiento de residuos mineros, así como también la chatarra tecnológica que no se está reciclando aún en Chile.
Los ejes de la propuesta son tender hacia la articulación público-privada para el levantamiento de refinerías, para lo cual se agilizarían los permisos ambientales y técnicos, junto con la realización por parte del Ejecutivo del levantamiento de los lugares potenciales para la instalación de estas plantas de procesamiento de minerales. También se propone, dada la inversión en tecnología de producción no contaminante, una certificación chilena para la producción de cobre.
Todo suena muy lindo y a tono con el programa en materia de minería de Apruebo Dignidad, sin embargo, en el transcurso de los últimos días han aparecido varias observaciones por parte de sindicalistas, diputados y profesionales del mundo de la minería.
Una fuente al interior de Enami comentó que técnicos han revisado la propuesta, encontrando que las piedras en el camino a la propiedad pública se encuentran en puntos muy específicos, como los referidos a la tecnología para evitar emisiones contaminantes, estándar que no sirve para el caso de Paipote.
“La operación tiene muchos detalles, pero básicamente ha sido presentar una supuesta estrategia, hace referencias al proyecto de Enami en Atacama, pero al momento de opinar sobre tecnología recomienda un tipo que no es aplicable a la que tienen las empresas públicas”- comenta la fuente.
Coincide con ello Pérez de Arce, quien en la sesión ocurrida ayer dio cuenta que las recomendaciones tecnológicas puestas en la estrategia presentada, “no sirven para una fundición no integrada como el caso de Paipote”.
“Se trata de dilatar el proyecto lo máximo posible, para que cuando termine el gobierno no se haya hecho nada, sino dar más espacio a la minería privada”- comenta la fuente al interior de Enami.
Por su parte, el diputado Mulet, junto con destacar que se lleva ya un año y medio de gobierno y no se ha avanzado en la construcción de una refinería estatal, como fue la promesa de campaña, consideró que es lamentable la ausencia de la Fundición Paipote en la estrategia presentada. Lamentó que “no se hace una mención categórica y clara sobre la necesidad de iniciar su construcción e indirectamente se cuestiona su tecnología. Además, el informe tampoco se detiene en la relevancia de la pequeña y mediana minería, y los requerimientos y peculiaridades que tiene para llegar a fundir y refinar”.
El sindicalista Patricio Elgueta llama la atención respecto de la lentitud de la implementación de una política pública minera de parte del Ejecutivo. “Pareciera que el gobierno no busca devolver al Estado la propiedad de los recursos naturales”.
Advierte que estos “se van a agotar. Hay un estudio que dice que el boom del cobre va a ser por 25 años más. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer fundiciones en Chile”.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano