A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Gustavo Gatica pidió que se asuman las responsabilidades políticas en el gobierno, por la contratación de la empresa de seguridad del ex carabinero Claudio Crespo («Full Clean S.A.») en la Delegación Presidencial de la Provincia del Maipo.
«La semana pasada el medio Interferencia sacó un reportaje que muestra que la delegación presidencial del Maipo contrató a la empresa de Claudio Crespo. Esta noticia muestra cómo nuevamente este gobierno que decía ser pro-derechos humanos ha mostrado un total desinterés y poco resguardo en esta materia», señaló Gatica en el video.
Seguidamente, indicó que «junto con la senadora Fabiola Campillai y diversas personas, entre ellas diputadas, diputados, alcaldes y organizaciones sociales y culturales, estamos exigiendo que se asuman las responsabilidades políticas de este hecho para que no vuelva a ocurrir algo así otra vez».
De acuerdo a lo informado por Interferencia, la empresa Full Clean S.A. «fue contratada el 1 de octubre de 2022 por la Delegación Presidencial Provincial de Maipo (DPP Maipo), desembolsando $40 millones vía trato directo a lo largo de 9 meses por servicios de seguridad».
El reporte del medio detalla que la compañía «es propiedad de la suegra, esposa y cuñada de Claudio Crespo Guzmán, ex teniente coronel de Carabineros acusado por el Ministerio Público de cegar a Gustavo Gatica de un escopetazo en 2019. El ex carabinero es, también, gerente de operaciones de la compañía».
Asimismo, recordaron que el caso de Gustavo Gatica «se encuentra aún en investigación, a la espera de las últimas diligencias», y que Crespo estuvo en prisión preventiva 13 meses por la agresión que se le imputa, quedando libre el 12 de octubre de 2021 luego de que la justicia estimara que era «materialmente imposible que pueda perpetrar delitos de la misma naturaleza que el investigado», pues fue dado de baja de Carabineros (lee el reportaje completo aquí).
Escucha la declaración de Gustavo Gatica a continuación:
Llaman a firmar declaración
Tras la denuncia, la senadora Fabiola Campillai junto a los y las diputadas Carmen Hertz, Ana María Gazmuri, Lorena Pizarro, Ericka Ñanco, Boris Barrera, Hernán Palma, los alcaldes de La Cisterna y Pudahuel, además de concejales de Renca, Colina, Estación Central, Pudahuel y Quinta Normal, y varias organizaciones sociales, emitieron una declaración pública, e hicieron un llamado a la ciudadanía a suscribirla.
La declaración señala lo siguiente:
«Expresamos nuestro profundo rechazo ante la contratación vía trato directo por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Maipo de la empresa de seguridad Full Clean S.A. propiedad de la familia de Claudio Crespo, ex-carabinero imputado por cegar a Gustavo Gatica y de manipular evidencia de su responsabilidad en este caso, quien actualmente se desempeña como gerente de operaciones en dicha empresa.
Como personas comprometidas con la justicia y el respeto por los Derechos Humanos consideramos inaceptable que una institución gubernamental tenga tratos contractuales con empresas vinculadas a personas imputadas en causas de violaciones a los Derechos Humanos. Más aún, cuando estas tienen relación con materias de seguridad.
Lo señalado por la delegación provincial de Maipo, respecto al desconocimiento de estos hechos, no es excusa, ya que, tanto en la página de Mercado Público, como en los antecedentes presentados por la publicación de “Interferencia” el nombre de Claudio Crespo se consigna como gerente de operaciones, por lo cual, resulta impresentable la decisión de haber contratado los servicios de esta empresa.
Exigimos una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de estos hechos, como asimismo, que se asuma la responsabilidad política de la autoridad. No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materias de Derechos Humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país.
Manifestamos nuestra profunda solidaridad con Gustavo Gatica y señalamos que acciones de este tipo representan un nuevo atentado a todas las víctimas del estallido social y son claras señales de impunidad por parte del Estado de Chile».
Firma la declaración ACÁ
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