Jorge Bermúdez ante comisión de la Cámara sobre Caso Convenios: «Se coló el virus de la corrupción»

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados se convocó la tarde de este martes 1 de agosto para conocer la fiscalización que ha ejercido la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos vía trato directo que han efectuado las municipalidades y, además, buscó tener antecedentes sobre las medidas que se han adoptado para precaver y, cuando corresponda, sancionar, prácticas irregulares en la materia.

La jornada contó con la presencia del contralor Jorge Bermúdez, quien en su exposición consideró que el Estado tiene muchos recursos que no sabe cómo gastar y manifestó que la situación no debiera generar sorpresa.

“Es un típico caso de mutación de una enfermedad llamada corrupción”, remarcó Bermúdez. Luego, agregó que, en esta materia, se encontró una nueva forma de desviación de recursos: el sistema de transferencias que tiene, según aseveró, una debilidad de diseño institucional que no está definida por ley.

“Cuando uno contrata un bien o un servicio en el Estado, de lo que estamos hablando es de una compra en el Estado y eso tiene toda una regulación (…) Cuando lo hace a través de las transferencias, desgraciadamente lo que se ha descubierto acá es que esa ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad y la corrupción (…) Evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. Sí, es corrupción”, sostuvo el contralor citado por Radio Bío Bío.

Respecto a cifras, indicó que, en la Ley de Presupuestos de 2023 se contemplan 1,4 billones de pesos en transferencias a privados. En el caso de los gobiernos regionales, las transferencias han aumentado en 216.220 millones, es decir, un 45,5%.

En ese contexto, sostuvo que no hay una regulación permanente, general, un marco que regule las transferencias, por lo cual no se puede seguir la ruta del dinero. Afirmó que existe discrecionalidad en la modificación del presupuesto al pasar de inversión a transferencia de capital. Algo similar ocurre en los proyectos que se financian y corresponden a una asignación “directa” o “nominativa” a personas jurídicas privadas.

Por otra parte, consideró que hay ausencia de control político e inexistencia de normas de transparencia, conflictos de interés y probidad. Tampoco de control interno.

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