Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el Ejército de Chile utilizó helicópteros para arrojar detenidos al mar y desaparecerlos, en los denominados «vuelos de la muerte». Una de esas aeronaves fue el Puma H255, que hoy forma parte de la utilería en un parque de juegos en el Reino Unido.
De acuerdo con un reportaje publicado por The Guardian este viernes, el armatoste vacío del helicóptero es la pieza central de un juego llamado «Heli Domination» en el parque de paintball Dogtag Airsoft, ubicado en Horsham, Sussex, donde los participantes utilizan armas de aire comprimido de baja potencia para simular combates.
«Hay un enorme helicóptero en el centro, quien consiga tocarlo durante más tiempo será el ganador», expresa un miembro del personal del parque en un vídeo grabado a principios de este año, al qe hace mención el medio británico.
The Guardian recuerda que el primero de los “vuelos de la muerte” ocurrió en octubre de 1973; un mes después del golpe de Estado, como parte de una campaña de desaparición forzosa de opositores políticos.
Como modus operandi, los agentes solían drogar o golpear a las víctimas antes de arrojarlas desde las aeronaves a lagos, ríos y mares.
Ana Becerra Arce, sobreviviente a uno de los centros de detención y tortura, recordó que fue en la playa de Rocas de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, desde donde salió uno de los primeros vuelos de la muerte. Sus compañeros, Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas y Ceferino del Carmen Santis Quijada, fueron obligados a subir al helicóptero Puma, matrícula H-255, para ser atados a una barandilla metálica y, 20 minutos después, arrojados al océano Pacífico.
«Aquí despegaban los helicópteros», expresó, señalando los contornos de una pista de aterrizaje ahora cubierta de maleza. Explicó que este lugar, remoto pero a pocos metros de la playa de Santo Domingo, era ideal para que la policía secreta del dictador Augusto Pinochet embarcara discretamente a los prisioneros en su flota de helicópteros Puma antes de sobrevolar el mar y arrojarlos, aún vivos, al agua.
En su artículo, The Guardian hace mención que en 2001, el ejército chileno admitió haber asesinado a más de 100 personas con el mismo método durante la dictadura. Sin embargo, señala que los esfuerzos por identificar a víctimas y autores se han visto obstaculizados por la escasa cooperación de las Fuerzas Armadas.
«No fue hasta 2018 que un ex brigadier y tres pilotos fueron nombrados oficialmente como sospechosos de la desaparición forzada de los tres hombres», resalta la publicación.
Investigadores no tuvieron acceso al helicóptero H-255
El caso de los «vuelos e la muerte» sigue abierto, los investigadores nunca tuvieron acceso a una prueba clave, el helicóptero Puma H-255, el cual fue vendido por los militares en 2003 y enviado al Reino Unido.
La publicación británica Helicopter International informó de que el H-255 fue adquirido por la empresa británica Askari Aeroparts alrededor de 2003. Hizo un par de apariciones en 2005 en exhibiciones aéreas locales», pero posteriormente fue desarmado para obtener piezas de repuesto.
Ross Beare, dueño del parque de paintball, Dogtag Airsoft,, aseguró a The Guardian que no estaba al tanto del pasado de la pieza: “Recibí la aeronave desmantelada en noviembre de 2014. Era solo el fuselaje y la cola vacíos”.
“Simplemente sabía que estaba en la Fuerza Aérea chilena y que estaba bastante mal. No estoy seguro de poder mirarlo de la misma manera otra vez o cómo me sentiré cuando mi hijo pequeño quiera sentarse en él y dado que ahora sé su historia”, reconoció.
Familiares de víctimas piden que aeronave sea devuelva a Chile
Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), pidió que la aeronave sea devuelta a Chile para que sea usada como monumento a las víctimas de la dictadura.
“Este helicóptero está manchado de sangre (…) Por supuesto que no debería estar en un parque de diversiones», expresó.
Rivera indicó que el ejército chileno debería haber puesto el helicóptero a disposición de los investigadores, y pidió a las autoridades que facilitaran finalmente los nombres de todos los que fueron arrojados al mar.
«Exigimos toda la verdad y justicia», afirmó a The Guardian.
Por su parte, Sebastián Velásquez, quien representa a las familias de Norambuena y Gustavo Farías Vargas, planteó que una prueba vital como el H-255 nunca debería haber salido de Chile.
Velásquez, abogado de la organización de memoria y justicia Londres 38, dijo que mientras el ejército destruía sistemáticamente pruebas relacionadas con crímenes de la época de la dictadura, el H-255 permaneció intacto hasta 2003.
No obstante, recordó que se vendió precipitadamente en la época de las primeras investigaciones dirigidas por el Estado sobre los crímenes de la dictadura, lo que a su juicio, «es motivo de sospecha».
En declaraciones anteriores concedidas a Sputnik, el abogado planteó que el hecho de que la aeronave no haya sido periciada afecta la búsqueda de verdad y justicia en este tipo de causa, «ya que si hubiera sido puesta a disposición tendríamos más antecedentes, como las bitácoras de vuelo, que sirven para poder encuadrar acciones en un contexto determinado, y preguntar a pilotos u otros oficiales con responsabilidades, en qué consistieron los vuelos registrados en la aeronave determinada».
«Es un antecedente que, sumados a otros, pueden configurar información relevante para el establecimiento de la verdad jurídica», explicó
Velásquez, coincidió con Gaby Rvera y pidió al gobierno del Presidente Gabriel Boric que devuelva el helicóptero a Chile para que «sirva de recuerdo del horror» de la dictadura.
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