Las presiones para que Willy Kracht sea el próximo ministro de Minería

Había tensión en la sesión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, el pasado miércoles 26 de julio. Entre los puntos calientes en la mesa estaban los dichos del subsecretario de la cartera, Willy Kracht, de que era inviable económicamente la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Paipote, demorando una vez más un anhelado proyecto que esperan los pequeños y medianos mineros al interior de Copiapó. En un intervalo de la discusión, en esos instantes de sosiego en que se continua conversando en el pasillo, se oyó decir a un diputado del Frente Amplio que integra dicha comisión que no le importaba lo que decían los sindicatos, que sí había un estudio que decía que la planta no generaría ganancias, no había nada que hacer. Según constataron testigos que a esa hora se encontraban en el Congreso, no dejó de repetir de que la única condición para modernizar Paipote era que debía ser rentable para el Fisco.

La frase dejó mudo a varios interlocutores. Lo tajante del razonamiento permite dar cuenta de como importantes miembros del gobierno y sus parlamentarios están siendo convencidos a través de una sutil estrategia de que la modernización de las fundiciones estatales es inviable económicamente, que las empresas mineras estatales no son rentables y deben abrir proyectos en minas de propiedad pública asociados a mineras extranjeras.

Las narrativas son producidas por instituciones como el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) e institutos como Libertad y Desarrollo. En los últimos meses han publicado varias estimaciones que resaltan la crisis económica de las cupríferas estatales, promoviendo la participación privada en la explotación de los minerales. Luego los cálculos son difundidos por las más importantes cadenas de medios, destacando las pérdidas de las empresas públicas. Con sus analistas etiquetados como ‘expertos’ copan la agenda informativa y las interpretaciones dadas a una crisis provocada para hacer quebrar a las mineras estatales.

El plan no sería más que otra clásica campaña de relaciones públicas, sino contara con el apoyo de importantes agentes colocados por el subsecretario de Minería, Willy Kracht, en puestos claves en los directorios de Cochilco, Codelco y Enami.

Cesco, fundado en 1984, se presenta como un centro de estudios mineros, pero en la práctica ha sido una institución «pantalla» de las empresas mineras extranjeras para promover políticas en minería que amplían sus espacios de intervención.

Su modus operandi consiste en financiar cada cierto tiempo seminarios en Santiago, auspiciados por SQM o Anglo American; espacios de encuentro que han servido de conexión a lo largo de la post-dictadura de ingenieros en minas, académicos y empresarios. En Enami, Kracht colocó en el directorio a Osvaldo Urzúa y Juan Carlos Román. En un cargo, inmediatamente por debajo del vicepresidente ejecutivo, colocó como gerente de operaciones a Matías Lagos. Todos ellos provienen de Cesco.

Al mismo tiempo, las mineras están en plena campaña de construcción de una imagen positiva ante la opinión pública chilena. SQM ha desplegado una flota de vehículos por las ciudades chilenas. Anglo American auspicia el programa Contigo en Directo de Chilevisión, en tanto BHP Billiton ha regado con su dinero los informes del tiempo posteriores a los noticiarios. A diferencia de otros auspiciadores que venden celulares, ropa o cosméticos, cuesta al televidente distinguir qué es lo que nos quieren vender. Lo que sí está claro es que silencio están comprando.

CESCO Y EL MERCURIO EN PICADA CONTRA CODELCO

Este fin de semana, nuevamente los engranajes del mecanismo contra las empresas públicas fueron echados a andar. La ofensiva se inició a través de las páginas de Economía y Negocios de El Mercurio (5 de agosto de 2023), en las que Jorge Cantallops, director de Cesco, interpretó el endeudamiento de Codelco, estimado en US$ 18 mil millones al término del primer semestre de 2023, como una lentitud e incapacidad de la estatal para emprender proyectos, por lo que debía comenzar a asociarse con compañías privadas en la explotación de minas bajo propiedad de la minera pública.

A través de una cuidada retórica, Cantallops sostuvo que “es momento de que la estatal profundice en nuevas alternativas de financiamiento, como este tipo de alianzas con privados, pero con pactos de accionistas que protejan el interés de la corporación para el desarrollo de estas obras”. Luego, en una contradicción evidente, tras decir que no se trata por nada del mundo de una privatización, sostuvo que una buena opción sería “desprenderse de algunos de los activos y por qué no algunos proyectos”.

Cantallops ha hecho su carrera por más de ocho años al interior de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), desempeñándose hasta septiembre del año pasado como director de Estudios y Políticas Públicas. En dicha oficina habría sido armado el cálculo, que arrojaría una supuesta rentabilidad negativa de 137 millones de dólares para la fundición Paipote, extrañamente calculada en escasos 25 años.

En varias oportunidades hemos consultado a la Subsecretaría por dicho documento, pero no hemos obtenido respuesta.

El domingo 6 de agosto fue el turno de la radio Biobío, que se colgó de la noticia y reforzó la tesis de la insolvencia de Codelco, destacando la reducción de los excedentes de la minera estatal en un 90 por ciento. La radio de Tomás Mosciatti buscó al economista, Pablo Barberis, para que reforzara la tesis de que las “alianzas público-privadas serían una forma rápida de aumentar la eficiencia de Codelco”.

También el domingo el periódico de Cristián Bofill, Ex-Ante, dedicó un amplio perfil para valorar la gestión de Kracht, destacando sus estimaciones de que la modernización de la fundición no es rentable.

El lunes en El Ciudadano publicamos un reportaje, dando cuenta de un provechoso ciclo de alza en el precio de los minerales preciosos que se inicia el próximo año, lo que podría ser aprovechado al máximo para el presupuesto público si se comienza lo más pronto posible con la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. También dimos cuenta de que a comienzos de la democracia, Chile exportaba más cátodos de cobre, pero que con la expansión de la minería privada y su avidez por sacar recursos de la manera más rápida posible, han producido un alza en la exportación del cobre como concentrado, aprovechando también de sacar en los barros anódicos minerales preciosos como oro, plata y platino.

Este martes, en un reportaje publicado por El Mostrador fueron exhibidas las redes del vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce y de la ministra de Minería, Marcela Hernando, en la estatal, acusando al primero de ser el responsable de su ‘descalabro’. Las huellas digitales del origen de la noticia ni siquiera fueron borradas, citándose como fuente una “minuta de 15 puntos” registrada en un computador de la misma Subsecretaría dirigida por Kracht.

Aprovechándose de la débil gestión de Enami, la incursión contra Pérez de Arce está siendo digitada desde las oficinas del subsecretario, desde donde se apuesta por la salida del vicepresidente ejecutivo y con ello paralizar la modernización de la Fundición Paipote. El 3 de junio pasado, el ex fiscal de la Enami, Marcelo Rocha, ingresó un proceso contra Kracht ante el Tribunal Supremo de Convergencia Social, partido en que ambos militan, por “faltas a la conducta y a la ética”.

Según Rocha, Kracht lo había invitado en una reunión almuerzo a complotar contra Pérez de Arce, diciendo que “era parte del problema y que había que sacarlo”.

El Ciudadano consultó respecto del curso del proceso y fuentes de Convergencia Social, comentaron que “no será vista prontamente”.

UNA MINUTA FANTASMA

Kracht tras colocar a sus agentes de Cesco en puestos claves, se ha esforzado en instalar la idea de la pérdida de US$137 millones, sin presentar el informe ni quienes realizaron ese cálculo.

Según un artículo de El Mostrador, “la minuta –según confirmaron en la subsecretaría– fue redactada por un asesor del gabinete del subsecretario Willy Kracht”.

Extrañamente, el informe coincide con las estimaciones presentadas recientemente a través de dos informes dedicados a la Enami, por el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD). Dicho espacio fue fundado por ex-ministros del dictador Pinochet y, según su último ministro del Interior, Carlos Cáceres, su función es dar «la batalla de las ideas en la defensa de la obra del Régimen militar», promoviendo además en las políticas públicas la profundización del desmantelamiento del Estado, y con ello la ampliación de espacios para que los grandes grupos económicos puedan hacer negocios.

La proyección inicial de Enami que situaba un valor presente neto de US $389 millones, fue cambiada para determinar los US $137 millones en pérdidas, en un cálculo hecho a escasos 25 años (la actual Fundición Paipote lleva más de 60 años funcionando).

El cambio fue realizado después del Informe de Cochilco Nº 24O, emitido en mayo reciente, en donde se daba el visto bueno a la modernización de la fundición al interior de Copiapó. Sin embargo, el informe siguiente, correspondiente al 13 de junio de 2023, instalaba un nuevo cálculo que aumentaba los costos y sugería la contratación de una nueva revisión independiente.

La exigencia, además de sumar nuevos gastos en consultoras, retrasaría nuevamente el inicio del proyecto, que ya lleva años de haber sido anunciado en el último gobierno de Michelle Bachelet.

En conversación con El Ciudadano, el ex fiscal de Enami, Marcelo Rocha, contó respecto de las primeras estimaciones favorables a la modernización de la fundación que “las cifras calzan no sólo en términos de ganancias, sino que en aportes a la pequeña y mediana minería, en términos de empleos, tributos y dinamización de las economías locales”.

Según la senadora Paulina Vodanovic, “las empresas del Estado no tienen que estar sujetas a criterios de evaluación financiera en periodos breves. La rentabilidad no es el único criterio que ha de utilizarse. El hecho que atienda pequeños y medianos mineros para el desarrollo de la región da cuenta de su rentabilidad social”.

También Rocha acusa que en el informe de Cochilco también sacaron la mención de Enami en la explotación del litio. El ex fiscal relaciona lo ocurrido con la demora en la entrega de la Concesión Especial de Operación de Litio, pedida por Enami exactamente hace un año, el 9 de agosto de 2022.

“El CEOL es un decreto que tiene que hacer Kracht. No se entiende tanta tardanza porque el decreto no requiere de ningún estudio previo. Se hace en 20 minutos. Lo que demora tiempo es el contrato, lo que puede demorar un año al tener que fijar las condiciones entre la filial de Enami y el Estado, pero un decreto demora 20 minutos”- detalla Rocha.

Vodanovic recordó que “hace poco conmemoramos 52 años de la nacionalización del cobre, un proyecto aprobado por el Congreso pleno en 1972. Tiene que ver no sólo con la propiedad del cobre en Chile, sino que también con haber pasado a su industrialización y así no vender el producto en bruto. Por eso hoy, la postura nuestra es apoyar el desarrollo de Enami, cumplir con el compromiso de aumentar la capacidad de fundición que necesita el país y de acuerdo a estándares medioambientales”.

Rocha también destaca que el cálculo difundido por Kracht no compara qué pasaría si no se moderniza la fundición. Para Enami significaría una pérdida de 106 millones de dólares, comenta.

LA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y LAS PÉRDIDAS DE CODELCO Y ENAMI

Los malos negocios realizados por Codelco y las pérdidas durante los últimos años de Enami, son provocadas por varios factores, pero hay uno que los medios omiten y tiene que ver con las sillas musicales que se producen en el directorio de las empresas estatales tras la incorporación al Sistema de Alta Dirección Pública, en 2009, que definió reglas de nombramiento de los directores ejecutivos cual si se tratase de una compañía privada. De este modo, el directorio y altos cargos de Codelco comenzaron a ser usados por profesionales que provenían de la minería privada y que apostaban, tras pasar los cuatro años integrando el directorio de la estatal, volver a ser recibidos de brazos abiertos en las mineras transnacionales.

Patricio Elgueta, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores del Cobre, comenta que “Codelco es un botín de oro. Los privados en conjunto con Cesco, y por detrás la derecha, quieren privatizar Codelco. Asistimos a una campaña muy bien orquestada. Acá no se ha invertido en Codelco como corresponde. Codelco se ha estrujado como una vaca lechera. Hay que asumir las consecuencias de las malas decisiones que tiene Codelco”.

El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) fue promovido con el fin de dotar a las instituciones de gobierno de directivos con “probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad”.

La jerga muy parecida a los manuales de reclutamiento de ejecutivos no es casual. La colonización de los directorios de las pocas empresas estatales por gerentes de empresas privadas, fue horneado en el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) por la economista Rosanna Costa, quien tras hacer carreta al alero de Cáceres, fue nombrada jefa de la Dirección de Presupuesto en el primer gobierno de Sebastián Piñera y hoy es directora del Banco Central. Costa a través de las negociaciones emprendidas por parlamentarios de derecha, promovió en 2003 un acuerdo legislativo con el gobierno de Ricardo Lagos bajo la retórica de “aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública”.

En julio de 2004 el Senado ratificó una comisión que diseñaría el SADP, la que fue integrada por la misma Rosanna Costa; el ingeniero Mario Waissbluth; el abogado demócratacristiano José Florencio Guzmán Correa y la abogada María Luisa Brahm. Esta última se desempeñaba en el Instituto Libertad, think tank de Renovación Nacional, y posteriormente sería jefa del primer piso en el primer gobierno de Piñera y entre 2018 y 2022, ejercería como ministra del Tribunal Constitucional, donde fue acusada de maltrato laboral. La entidad fue dirigida por Catalina Bau, ex-esposa de Enrique Correa y que en 2018 asumiría el estratégico cargo de gerente de Asuntos Públicos de la consultora Imaginacción.

En ese lote se cocinaron los mecanismos de acceso para ejercer cargos en los directorios de las estatales.

En noviembre de 2009 fue aprobada la Ley N°20.392, que incorpora los principios de la SADP en el gobierno corporativo de Codelco, estableciendo que 4 de sus 9 directores debían ser seleccionados a través de dicho sistema.

El economista Julián Alcayaga, autor de ‘El libro negro del metal rojo’ (2001), comenta que tras la implementación de dicha ley (2010) y ya en el primer gobierno de Piñera, “Codelco comenzó a ser administrado por los mismos directivos de las transnacionales mineras. Codelco tenía deudas de 3.485 millones en 2009. Durante todo el gobierno de Piñera la deuda subió para situarse en 2014 en 11 mil millones, ¿Cómo es que en apenas cuatro años aumentó en 7 mil millones el endeudamiento?”.

Fue la época en que arribaron al directorio de Codelco, Diego Hernández y Thomas Keller, ambos provenientes de Anglo American y BHP Billiton. Hernández incluso, tras ser nombrado en 2010 por Piñera, renunció subrepticiamente en mayo de 2012, apareciendo apenas dos meses después como presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, compañía controlada por Luksic. También pasó con Nelson Pizarro quien llegó a Codelco proveniente de La Disputada y Antofagasta Mineral.

“Estos ejecutivos que se hacían cargo de Codelco tienen mucha experiencia y formación como ingenieros, siendo ya no cargos políticos, lo que aumentaría los excedentes de la empresa estatal y realizarían una mejor administración, pregonaban El Mercurio y La Tercera promoviendo el SADP”, recuerda Alcayaga.

Todo lo contrario. Desde la puesta en marcha del SADP en Codelco, ha tenido los peores excedentes de toda su historia -destaca el economista.

Menciona como ejemplo un programa de inversiones los años 2015-2016, que contemplaba unos 27 mil millones de dólares para aumentar la producción de concentrado en 300 mil toneladas en las divisiones Andina, Radomiro Tomic y Ministro Hales.

“Yo no sé cuánto han invertido, pero llama la atención que por las mismas fechas las mineras extranjeras hicieron un anuncio similar de una inversión de 25 mil millones, pero con el objetivo declarado de aumentar la producción en más de 3 millones de toneladas. Entre el cálculo de la estatal y éste no hay sentido económico financiero de ningún tipo”- destaca Alcayaga.

El economista también llama la atención que desde la década de 2010, Codelco ha hecho inversiones en minas en Ecuador y Brasil, entre otros países, cuya pobre rentabilidad han hecho esfumarse el dinero. Llama la atención que Hernández, el primer director nombrado por Piñera, había trabajado justamente por décadas en proyectos mineros en Brasil, siendo gerente general de la Companhia de Estanho Minas y posteriormente en Río Tinto, una filial inglesa que opera en Minas Gerais.

“Estos tipos llegaron para hacer perder plata a Codelco. Y el objetivo final es desmantelar la estatal, promover una perspectiva contra la empresa pública producto de esos malos negocios en los medios y, finalmente, producir su venta. Ese es el objetivo y para eso llegaron”- sentencia Alcayaga.

LAS REDES DE APOYO Y DE RECHAZO A KRACHT

El subsecretario Kracht ha tejido una importante red de apoyos en el gobierno de Gabriel Boric. Si en su arribo al comando sus credenciales académicas y la ignorancia respecto de los financistas de Cesco, le sirvieron para llegar a quedar a cargo del diseño del programa en el área minera; tras la derrota en el plebiscito de 2022 y las sucesivas renuncias al programa, se ha ampliado la percepción amigable respecto de empresas como Antofagasta Minerals, Anglo American o BHP Billiton.

Dicha perspectiva la comparten algunos ministros, como el de Energía, Diego Pardow, quien aprovechando la intimidad que tiene con Boric ha salido al paso de las críticas hacia Kracht.

En las últimas horas, El Ciudadano ha sido informado de que tras las denuncias hechas contra la ministra y el vicepresidente de Enami, Kracht sería promovido a asumir la dirección de la cartera.

Las críticas, en cambio, provienen de economistas y dirigentes sindicales. Para el economista del CENDA, Manuel Riesco, “el subsecretario de minería o es ignorante o está atornillando al revés. No está defendiendo los intereses de Chile, sino de las mineras. Lo que dijo de que era inviable económicamente construir una fundición es no tener idea del ciclo de precios de los metales preciosos. Tener fundiciones y refinerías es una de las principales ventajas comparativas que tiene el país”.

Pese a que aún tiene esperanzas en el gobierno, Riesco reconoce que “en su interior hay un sector que está trabajando para las mineras privadas, y se mueve al revés de las políticas decididas por la coalición de gobierno. Así vemos la ofensiva contra Enami emprendida por el señor Kracht, quien parece que quiere continuar con la política rentista de las mineras. Exportan y refinan afuera porque se quedan con los subproductos, los que van en el concentrado. Por eso se niegan a que haya fundiciones en Chile”.

Cristián Cuevas, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Minería, Fetramin, Codelco y Ventanas y vocero de los trabajadores contratistas de Codelco, comenta que “el señor Kracht es un aparecido en la industria minera, que ha construido un poder instalándose como un experto en cuestiones mineras para un sector del Frente Amplio, que está un poco perdido. El viene de Cesco, que es una fundación ligada al Consejo Minero, y ha colocado a distintos actores en Codelco, Enami y Cochilco. Por lo tanto, esa triangulación de poder no está pensando en la necesidad de recuperar la soberanía sobre el recurso”.

Para el diputado Jaime Mulet, “en el Ministerio de Minería hay un conflicto evidente. Hay dos visiones distintas entre la ministra y el subsecretario. Además, la denuncia en la Enami es muy compleja. Yo espero que el presidente Boric resuelva rápidamente este incordio y baje la línea respecto de lo que es coherente con la línea de gobierno. Y por lo pronto, se necesita de manera rápida comenzar con la construcción de la fundición”.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano