Salvadoreñas que estuvieron presas por criminalización del aborto contraatacan

Salvadoreñas recluidas durante años tras sufrir abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas pelean ahora para conseguir la liberación de mujeres perseguidas como ellas – y echan mano a todas las herramientas disponibles.

Teodora Vásquez pasó 10 años y siete meses tras las rejas luego de una emergencia obstétrica en 2007. Tenía 22 años y nueve meses de embarazo cuando empezó a sentir dolores de parto mientras trabajaba como limpiadora en un colegio. Solo tuvo tiempo de llamar a una ambulancia antes de desmayarse. Al despertar, el bebé estaba muerto y los médicos la habían denunciado. Le cayó una condena de 30 años por homicidio.

El Salvador tiene una de las leyes contra el aborto más duras del mundo. No solamente está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la gestante está en peligro, sino que se lo castiga muy severamente con hasta 8 años de prisión.

Pero quienes sufren una complicación obstétrica, como aborto espontáneo o parto de un mortinato, pueden ser juzgadas por homicidio u homicidio agravado y recibir hasta 50 años de prisión. Cientos de mujeres, la gran mayoría pobres, han sido sentenciadas a largas penas.

Durante su tiempo en la cárcel, Vásquez gestó la idea de hacer algo para que otras mujeres no corrieran la misma suerte. En la prisión de Ilopango, a pocos kilómetros de la capital, conoció a Ena Munguía Alvarado, también presa por una emergencia obstétrica.

“Decidí que teníamos que pronunciarnos y defendernos. Me involucré en conocer, leer y anotar todo; allí comenzó mi lucha”, recuerda.

“La única alternativa fue unirnos, hacer ruido desde el interior de la cárcel para que pudiera empezar una movilización jurídica y social para sacar a las mujeres encarceladas: en aquel momento éramos 17 [en la misma situación]», continúa.

Alvarado, que ahora trabaja en la cocina de un colegio público, estuvo 9 años presa por tentativa de homicidio tras parir prematuramente en 2009 a su hijo en los baños colectivos de la aldea rural donde vivía. Cuando se despertó en el hospital, el niño Ervin Alexander, su quinto hijo, estaba a salvo. “Los médicos me dijeron que no me iba a ir de allí. Y a pesar de que mi hijo estuviera vivo, pasé más de 9 años en la cárcel», explica Alvarado. “Y no lo pude ver hasta los 3 años de edad”.

Entre 2000 y 2019 se registraron 181 casos de mujeres imputadas por emergencias obstétricas. “Mientras no haya un cambio en las leyes del país nuestra historia se irá repitiendo”, dice Vásquez.

Mujeres en busca de justicia

Cuando Vásquez y Alvarado recuperaron su libertad fundaron la asociación sin fines de lucro Mujeres Libres El Salvador. Este grupo suministra formación y apoyo para mujeres que, como ellas, fueron privadas de su libertad, sobre todo para que puedan reinsertarse en la sociedad. La formación está centrada en el crecimiento personal y abarca temas jurídicos, derechos humanos, género y salud sexual y reproductiva.

Para Teodora Vásquez, el activismo en la asociación es su trabajo diario. Cuando ella o sus compañeras se enteran, a través de las redes sociales o del boca a boca, de que una mujer está en prisión por una emergencia obstétrica, se ponen en movimiento. Se reúnen con ella en la cárcel y trabajan con un grupo de abogadas que prestan asistencia legal y defensa en forma gratuita.

Zuleyma Beltrán y Katy Araujo son también integrantes de Mujeres Libres.

Beltrán, de 42 años, tuvo un parto anticipado en su séptimo mes de embarazo en 1999, pero el feto no sobrevivió. “Tenía un dolor fuerte en el estómago y me desperté en el hospital. Mi hermano llamó a la ambulancia, pero ni él ni yo sabíamos de esta ley, ciertamente no creía que terminaría en la cárcel”, relata. Condenada a 26 años, llegó a cumplir 10 años y medio. Ahora està empleada en una cafetería y dedica su tiempo libre al trabajo voluntario en Mujeres Libres.

Araujo cursaba un embarazo de nueve meses cuando dio a luz un mortinato sin asistencia médica en 2013. Tenía 28 años, estudiaba contaduría en la universidad y era madre soltera de una niña de tres años. La condenaron a 30 años de prisión. Hoy, gracias al apoyo de la asociación, retomó sus estudios en la universidad.

Las cuatro no solo trabajan juntas en Mujeres libres, también viven juntas en la Casa Encuentro, una vivienda rentada y espacio de resguardo en San Salvador, que funciona a base de donaciones recibidas por la asociación. Tiene capacidad para albergar hasta 12 mujeres liberadas que no reciben ayuda familiar ni del Estado. Allí cuentan con un techo, alimentación, seguridad y apoyo directo de Mujeres Libres.

Allí también acuden otras mujeres con experiencias de vida similares y que viajan a la capital a resolver cuestiones legales o a intentar rehacer sus vidas. “El momento más significativo de toda la lucha es [después de] ver una fotografía de las mujeres dentro de la cárcel y hoy poder verlas ya en libertad”, dice Vásquez.

Mujeres Libres intenta diferentes estrategias para hacer conocer sus historias. Está el programa Entre Muros, que se emite por internet el tercer martes de cada mes en la emisora suiza Radio LoRa, la película documental “Fly so far” (“Nuestra Libertad”), estrenada en 2021 con Teodora como protagonista, y una obra teatral creada con la asociación Tiempos Nuevos Teatro, que brinda talleres artísticos a exprivadas de libertad.

“La idea es llegar también a adolescentes que viven en los pueblos más alejados y que, al no conocer esta ley y no tener ningún elemento de educación sexual, podrían ser potenciales víctimas de estas injusticias”, dice Vásquez.

Discriminación y pobreza

El período de prisión es recordado por todas como muy duro.

“Fui discriminada por mi ‘delito’”, dice Araujo, hoy de 37 años, que pasó ocho años y medio en la cárcel de San Miguel, este del país. “Cuando llegué, todos sabían por qué estaba allí y me trataron mal  – la policía me había puesto en contra de todas. Las otras presas me llamaban ‘mataniños’.

Hay factores decisivos, como el estigma de la sociedad hacia las mujeres y la violencia de género, con más de tres casos registrados al día. “Las criminalizadas por emergencias obstétricas se enfrentan con la sociedad salvadoreña, que es muy patriarcal, conservadora y clasista«, explica Morena Herrera, filósofa y activista feminista.

“Se trata de mujeres que viven en situación de pobreza y esto implica discriminación: se piensa que no quieren a las criaturas porque no pueden mantenerlas”, agrega Morena, que preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. “Pero el estigma es más amplio. Se cuestiona que ellas se hayan rebelado contra el mandato de la maternidad porque en El Salvador, como en muchas sociedades, el ser mujer está asociado en términos identitarios al ser madre”.

La criminalización opera a diferentes niveles: las denuncias son presentadas por el personal sanitario, médicos, enfermeras, pero también por policías y jueces.

“En muchos casos prevalece la idea de que la mujer es culpable, a pesar de que no tengan pruebas directas, y así las enjuician y las condenan», dice Herrera.

Batallas legales

Otros grupos se movilizan por la justicia para las mujeres de El Salvador. Con apoyo del Centro de Derechos Reproductivos (CRR – una organización internacional de juristas y defensoras de derechos humanos) y de una coalición de colectivos liderada por la Agrupación Ciudadana, 69 mujeres han sido liberadas desde 2009. Se despliegan para ello diferentes estrategias legales.

“A muchas les falta una defensa adecuada”, explica Alejandra Coll, asesora de incidencia del CRR. “Nuestro principal objetivo es cambiar la ley, pero también aspiramos a que las mujeres, criminalizadas injustamente, salgan de la cárcel como inocentes. No tener antecedentes penales les ayuda para encontrar trabajo o vivienda».

La Agrupación Ciudadana que lidera Herrera trabaja en tres áreas, explica la coordinadora del grupo, Sara García: “La libertad de las mujeres, el cambio de imaginarios sociales en relación con el aborto, y la lucha para cambiar la ley”. También cooperan con el CRR y otras organizaciones de litigio estratégico para elevar casos al sistema interamericano de justicia.

El 23 de marzo de este año esos esfuerzos dieron fruto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la primera audiencia del juicio conocido como Beatriz vs. El Salvador, tratando así por primera vez la prohibición total del aborto en las Américas.

Beatriz (no es su verdadero nombre), una joven de una familia rural empobrecida, estaba enferma de lupus cuando dio a luz un bebé prematuro en 2012, tras cursar un embarazo de alto riesgo. Al año siguiente volvió a quedar embarazada, y los médicos le indicaron que por su enfermedad y porque el feto padecía una malformación incompatible con la vida, no podía seguir la gestación.

Rogó por un aborto, pero se lo negaron. Sólo después de protestas generalizadas y una denuncia ante el sistema interamericano de justicia, el gobierno accedió a una cesárea cuando el embarazo estaba muy avanzado. El feto murió horas después, y Beatriz, muy debilitada, perdió la vida cuatro años más tarde.

El fallo que dicte la Corte Interamericana, posiblemente este año y de cumplimiento obligatorio, puede tener repercusiones para El Salvador y para toda la región.

Pero no sería esta la primera condena de la Corte Interamericana por la criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador.

En noviembre de 2021, la Corte condenó al Estado salvadoreño en el caso Manuela y le ordenó respetar el derecho fundamental de las pacientes a la confidencialidad y al secreto profesional. Manuela (no es su nombre real), una mujer rural y analfabeta, había sido sentenciada a 30 años de prisión tras perder su embarazo en 2008, encarcelada en condiciones inhumanas y sin atención médica por una enfermedad crónica que la condujo a la muerte.

La Corte Interamericana declaró a El Salvador “internacionalmente responsable” de haber violado los derechos de Manuela a la vida, la integridad personal, la vida privada, la salud, la libertad personal, las garantías judiciales y la igualdad ante la ley. También le ordenó indemnizar a los dos hijos huérfanos de Manuela y a reformar los protocolos de salud para evitar que se siga criminalizando a las mujeres pobres que sufren emergencias obstétricas.

Actualmente, hay al menos dos mujeres privadas de libertad y otras dos que enfrentan juicios en condiciones similares a las que soportó Manuela.

Mientras, Teodora Vásquez y sus compañeras siguen adelante. “Queremos trabajar para superar el trauma de la cárcel y hacer que en el futuro ninguna más vaya a la cárcel después de sufrir emergencias obstétricas.”

Autor: Alice Pistolesi y Monica Pelliccia

Foto: Wire

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