Cuatro exagentes de la extintanta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que fueron condenados en junio pasado por la Corte Suprema en el marco del Caso Conferencia II, se encuentran prófugos de la justicia.
Los exagentes responden a los nombres de Víctor Manuel Álvarez Droguett, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y José Miguel Meza Serran.
Según el portal Resumen, el Ministro en Visita Guillermo de la Barra ya ha despachado las órdenes judiciales para su búsqueda y aprehensión, y su captura internacional.
En junio pasado, la Corte Suprema condenó a los exagentes, integrantes de la denominada Brigada Lautaro del cuartel clandestino Simón Bolívar; por su responsabilidad en los delitos de secuestros calificados Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez; y secuestro simple y homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo. Ilícitos perpetrados en diciembre de 1976, en el marco del caso conocido como “Conferencia II”.
En concreto, los ex militares Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y José Miguel Meza Serrano, fueron condenados a 12 años de prisión como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro y Héctor Véliz; y a la pena de 3 años como coautores de los secuestros simples cometidos en la persona de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.
Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Droguett, quien junto con ser condenado a las mismas penas señaladas por los delitos antes enunciados, además, fue sancionado a la pena de 15 años y 1 día por ser coautor de los homicidios calificados de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.
Con el fallo de la Corte, se estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al decretar la absolución de los agentes operativos del cuartel Simón Bolívar; refiere Diario Constitucional.
Al respecto, el representante de las víctimas del Caso Conferencia II, Francisco Ugás Tapia, calificó de «extrema gravedad» que los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad estén evadiendo la justicia.
Por esta razón, instó al Estado de Chile sumar esfuerzos para perpetrar su detención.
«El Estado de Chile debe extremar sus esfuerzos para que estos sujetos sean aprehendidos y puestos a disposición de la Judicatura, porque este Estado tiene la obligación de asegurar el oportuno, debido y total cumplimiento de las penas que se han impuesto a estos sujetos», expresó Tapia, citado por Resumen.
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