El Primer Tribunal Ambiental admitió ayer lunes a trámite una nueva reclamación que ingresó la empresa Andes Iron en contra de la decisión tomada por el Comité de Ministros de rechazar el desarrollo del proyecto minero-portuario Dominga, en la comuna La Higuera, Región de Coquimbo.
Andes Iron solicitó que se deje sin efecto la resolución del Comité de Ministros, argumentando que es “ilegal” y “contradice lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en la causa rol R-1-2017. Asegurando que el proyecto ha sido rechazado únicamente en instancias políticas, y sostienen que Dominga es totalmente compatible con el ordenamiento territorial y con la protección del ecosistema del territorio donde pretende localizarse.
La empresa ligada a la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, amigo personal del expresidente Sebastián Piñera, argumentó que “se han tenido a la vista consideraciones no técnicas, sino políticas y sin cumplir las directrices jurisdiccionales” y señaló que “ha superado el test técnico ambiental una y otra vez”.
De acuerdo con la reclamación ingresada por Andes iron al Primer Tribunal Ambiental, “Dominga ha sido un proyecto que, como pocos, ha superado repetidamente las exigencias más elevadas en materia ambiental, tanto en sede administrativa como judicial; posicionándolo como uno de los proyectos con escrutinio más intenso en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.
El documento busca poner en duda la decisión del Comité de Ministros, señalando que “el tribunal ambiental es un tribunal especializado, facultado para pronunciarse sobre temas técnico-ambientales, contrario a lo sostenido por el Comité de Ministros”.
Cabe recordar que el pasado 18 de enero el Comité de Ministros rechazó por decisión unánime el desarrollo del polémico proyecto minero-portuario que Andes Iron pretende emplazar en el norte de la Región de Coquimbo, justo en las cercanías del archipiélago Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas que expertos científicos globales han identificado como de los más importantes del mundo.
Dicha instancia fue presidida por la ministra de Ambiente, Maisa Rojas, y por los titulares del Ministerio de Economía, Nicolás Grau; de Salud, Ximena Aguilera; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Energía, Diego Pardow, y de Minería, Marcela Hernando.
Para tomar su decisión, el Comité contó con los informes técnicos de los ministerios de Salud, Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca, Conaf, la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
«Tuvimos a la vista todos los informes técnicos existentes. En base a eso, el Comité de ministros decidió acoger las 12 reclamaciones, y, por lo tanto, queda con una evaluación desfavorable», indicó en esa oportunidad la ministra Rojas.
Destacó que la decisión se basó en el resguardo de la «vida marina, líneas bases, áreas de influencia, evaluación de especies, reclamaciones sobre impactos de desaladoras y reclamos a la mina misma sobre la calidad del aire y riesgo en contaminación de aguas».
«Estamos muy seguros de que se tomó una decisión robusta, trazable y basado en evidencia técnica», añadió la secretaria de Estado.
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