A través de una declaración pública titulada «Por la verdad histórica y el reconocimiento de la violencia política sexual como crimen de lesa humanidad», la Red de Historiadoras Feministas advirtió sobre el peligro que acarrea el proyecto político de la ultraderecha en Chile, a partir de la «relativización de la violencia y la pérdida del valor a la vida».
Asimismo, recordaron que la violencia política sexual «fue una práctica sistemática de tortura» que constituye «un crimen de lesa humanidad».
A continuación, compartimos íntegramente la declaración:
«El miércoles 23 de agosto la Cámara de Diputados y Diputadas decidió condenar la violencia política sexual ocurrida bajo la dictadura civil militar en el país. El proyecto fue aprobado, contando con un número de 15 votos en contra y otras tres abstenciones.
A partir del debate desarrollado se han vertido declaraciones falsas como la de la diputada Gloria Naveillan, que señaló que las violaciones contra mujeres eran parte de las “leyendas urbanas”, exhibiendo no sólo el giro obsceno de la ultraderecha fascista que ella representa, sino el peligro de un proyecto político que busca abrirse paso a partir de la relativización de la violencia y la pérdida del valor a la vida. La violencia política sexual fue una práctica sistemática de tortura que constituye un crimen de lesa humanidad.
La profunda falta de respeto que se observó a través de los dichos de diputadas y diputados que votaron en contra de la moción que condena la violencia sexual ejercida hacia las mujeres durante la dictadura chilena, es reflejo de la indolencia y abismante ignorancia frente a la violencia sexual que, como han señalado los informes de verdad, investigaciones académicas, y los testimonios de quienes lograron sobrevivir a este tipo de padecimientos, fue ejercida de forma deliberada y sistemática por parte de militares, policías y civiles.
Además, la violencia política sexual fue ejercida contra un abanico amplio de mujeres, incluyendo tanto las mujeres militantes y simpatizantes de partidos de izquierda, como también las mujeres familiares de militantes, en contextos de centros de tortura y prisión política.
Y más allá de este contexto específico, también hubo violencia política sexual ejercida contra las mujeres pobladoras, campesinas, feministas, lesbianas, mujeres trans y travestis, entre otras, en contextos de allanamientos, protestas y otros escenarios donde agentes del Estado utilizaron el terrorismo.
El terrorismo de Estado que se ejerció en Chile entre 1973 y 1990, fue diferente para hombres y mujeres, y miles de mujeres han sido oficialmente reconocidas a través de juicios y por comisiones de verdad, convocadas e implementadas por gobiernos de todas las tendencias políticas. Aquí hay una verdad política e histórica innegable. La violencia política sexual es un hecho, parte de nuestra historia reciente.
Hace poco, en agosto 2023, la Corte Suprema ratificó el fallo y la condena del ministro Mario Carroza, contra tres ex agentes de la DINA por los delitos de secuestros calificados y la aplicación de tortura con violencia sexual contra seis mujeres -Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Bataszew Contreras, Sara Gabriela de Witt Jorquera, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Clivia Marfa Sotomayor Torres- en el ex centro de tortura conocido como “Venda Sexy” entre los años 1974 y 1975.
Previo a esto, en abril 2019, el mismo ministro, Mario Carroza, también condenó a nueve Carabineros en retiro, por el secuestro agravado, de connotación sexual, de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar, detenidas en junio de 1974 y recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución.
Estos casos tardaron más de una década en llevarse adelante, y se tramitaron gracias al apoyo constante de abogadas feministas como las de Humanas, pero son significativos por cuanto muestran, sin ninguna duda, que ocurrió violencia política sexual durante la dictadura.
Además, las diversas comisiones de la verdad efectuadas con Chile también reconocen diversas violencias cometidas específicamente contra mujeres durante la dictadura, incluyendo la violencia política sexual.
En el Informe Rettig (1990-1991), de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 138 mujeres (6% del total) fueron reconocidas como víctimas de graves violaciones de derechos humanos que terminaron en la desaparición forzada, la ejecución política o una muerte por la violencia política.
Por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, este número se elevó en 57 mujeres más, siendo, en total, 195 mujeres reconocidas.
Esto también fue rescatado en la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y la Tortura, cuyos informes se reconocen como el Informe Valech y el Informe Valech II y cuyos apartados incluían secciones específicas sobre la violencia sexual, ya que fue prácticamente omnipresente en todos los testimonios recogidos.
El Informe Valech I (2003-2004) reconoció formalmente a 3.399 mujeres como víctimas de prisión política y tortura (un 12,47% del total) y el Informe Valech II (2010-2011) reconoció a 1.580 mujeres adicionales, siendo un 16% del total.
En suma, el Estado de Chile ha reconocido formalmente a 4.979 mujeres como víctimas de prisión política y tortura y 195 mujeres como víctimas de graves violaciones de derechos humanos con resultado de muerte.
No obstante, sabemos que las 5.174 mujeres reconocidas por el Estado son, en realidad, una cantidad muy pequeña en comparación con el enorme número de mujeres cuyas vidas fueron impactadas negativamente por la dictadura, viviendo la exoneración política, el exilio y diversos tipos de terrorismo de Estado, no necesariamente reconocidos hasta ahora por el mismo Estado.
Todavía quedan muchísimas mujeres, hombres y personas LGBTQ+, víctimas de violencia política sexual, que no han sido reconocidos/as por el Estado, ni han tenido acceso a ningún tipo de reparación, incluso a 50 años del golpe de estado de 1973.
Los estándares internacionales de derechos humanos, desde un enfoque de género, señalan que la gravedad y deshumanización constituyen una forma específica de violencia hacia las mujeres. Y más aún, apuntan a su imprescriptibilidad (Estatuto de Roma).
Es aquí donde cabe apuntar a quienes -debido a su incontinencia verbal y arrogante ignorancia-, expresan barbaridades como las que hemos conocido a través de la prensa. Por esta razón es imperioso que el Estado trabaje hacia una ley que sancione el negacionismo y aquellas acciones que inciten al odio y revictimización.
También es importante abrir la calificación de víctimas -al estilo de las comisiones Rettig y Valech – para que sea un proceso constante. Ninguna víctima de violencia política sexual se debe quedar fuera del reconocimiento estatal y el acceso a reparaciones integrales sólo por no haber hecho su denuncia en ciertas fechas.
Además, a la hora de recoger estas nuevas denuncias, los/as integrantes de la comisión permanente deben ser capacitados/as en perspectivas de género y la violencia política sexual, en pos de recibir estas denuncias con la mayor capacidad de sensibilidad y receptividad posible.
Asistimos en la actualidad a un complejo escenario donde los discursos negacionistas han ingresado en la disputa política por el pasado. Sin duda, no es posible entender este momento, si no como consecuencia de un proceso de normalización de la muerte como mecanismo de ejercicio del poder. Lo anterior, es posible fundamentalmente debido al impacto de la “verdad y justicia en la medida de lo posible.” A ello se suma el hecho que los asesinos construyeran un discurso en defensa de sus crímenes, basado en que las violaciones a los DDHH eran “los costos” de la salvación nacional y del desarrollo del país.
Esta “normalización” del régimen de muerte y la impunidad ha consistido por un lado, en el fortalecimiento del discurso de que el Golpe era inevitable; por otra parte, que el problema de las violaciones a los Derechos Humanos afectaba sólo a un segmento de la población -a los familiares directos, principalmente a mujeres-, pero no al cuerpo social en su conjunto.
Como estudiosas de la historia, investigadoras, profesoras y feministas, no podemos sino plantear nuestro profundo malestar, frente a esta situación, y nuestra solidaridad hacia las familias de las víctimas y sobrevivientes de tan brutales vejámenes.
Y declaramos lo siguiente:
- Acompañamos en su lucha a las mujeres resistentes, agrupaciones y organizaciones de mujeres sobrevivientes de tortura y de la violencia política sexual.
- Denunciamos públicamente a quienes hoy en completa impunidad cuestionan la verdad histórica. La violencia política sexual fue estrategia diferenciada de género que operó en las dictaduras civiles militares del Cono Sur, siendo en nuestro país, mecanismos sistemáticos de represión que buscaron imponerse sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias sexuales y de género.
- Interpelamos a las comunidades académicas a no permanecer en silencio frente a la mentira y el extremismo de la derecha que ponen en cuestión el saber y el conocimiento producido sobre el pasado reciente.
- Hacemos un llamado a las fuerzas políticas democráticas a repudiar públicamente estos dichos y a frenar conjuntamente el avance del negacionismo, impulsando legislaciones que lo regulen y lo impidan.
- También hacemos un llamado al gobierno, los partidos y las instituciones, en particular aquellas relacionadas con los derechos humanos, a que convoquen a una comisión permanente para calificar a víctimas del terrorismo de Estado en Chile, capacitando, en particular para este fin, en torno a perspectivas de género y la violencia política sexual.
- En articulación con el conjunto de colectivas y organizaciones feministas nos sumamos a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado visibilizando la violencia política sexual y el conjunto de violaciones a los derechos humanos, ya que son parte de la larga duración de la impunidad con la que hasta hoy se vulnera a mujeres y disidencias sexuales.
La Red de Historiadoras Feministas permanece en alerta frente a los discursos de odio y negacionismo. Contra todas las violencias, ni olvido, ni perdón.
25 de Agosto del 2023″.
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