Senador Latorre: «A 50 años del golpe de Estado, es muy potente que se lance el Plan de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas»

Este miércoles, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó el lanzamiento del “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia” de víctimas de desaparición forzada en dictadura. Según diversas investigaciones judiciales, se ha establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990, mientras que las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas.

Uno de los asistentes a esta ceremonia, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró este hito a pocos días de conmemorarse los 50 años del Golpe de Estado de 1973.

“Hoy 30 de agosto, donde se conmemora y se reconoce el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, el Gobierno del presidente Boric junto al Ministro de Justicia, Luis Cordero, lanzan el Plan de Búsqueda, como una política de Estado. Todavía hay 1.162 personas detenidas desaparecidas por agentes del Estado, por el terrorismo de Estado en la dictadura cívico militar, que no sabemos dónde están», indicó.

«Es una responsabilidad del Estado hacer todo lo posible, movilizar todos los recursos, para saber dónde están, avanzar en verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. A 50 años del golpe de Estado cívico militar es muy potente que se lance este plan de búsqueda de personas detenidas desaparecidas”, afirmó.

¿En qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia?

El Plan Nacional De Búsqueda Verdad y Justicia se elaboró en base a tres objetivos:

• Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero.
• Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
• Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.

Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.

El trabajo de elaboración del plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.

No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.

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