La cadena de irregularidades detectada por Contraloría en el caso Democracia Viva: Informe confirma que hubo corrupción

Este jueves se emitió el primer informe elaborado por la Contraloría General de la República sobre el caso Democracia Viva, el cual acredita una serie de irregularidades en el traspaso de $426 millones a la fundación liderada por Daniel Andrade.

El informe fue el resultado de una auditoría que tuvo a funcionarios de la Contraloría revisando carpetas, correos electrónicos y archivadores durante casi tres meses al interior de las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Las conclusiones son tajantes: apuntan a una vulneración del principio de probidad por parte del entonces seremi Carlos Contreras, quien mantenía un vínculo de público conocimiento con Daniel Andrade al momento de la entrega de fondos públicos.

El documento advierte que Contreras carecía de imparcialidad en el proceso de entrega de platas, y por lo tanto tenía el deber se abstenerse y no participar en el convenio. Dicha obligación no solo fue violada por la exautoridad, sino que fue él mismo quien mandató enviar un correo electrónico a la fundación Democracia Viva para evaluar su incorporación al Programa de Asentamientos Precarios, señalando como contacto a Daniel Andrade, militante de su mismo partido y pareja de su exempleadora, la diputada Catalina Pérez.

Además, el informe señala que el traspaso de fondos se realizó de manera parcelada a través de tres convenios separados con el único objetivo de evitar que Contraloría hiciera un control de legalidad de dicha operación. Tampoco se utilizaron criterios técnicos ni legales para justificar la concreción de estos convenios con Democracia Viva y, finalmente, no se controló debidamente la rendición de gastos de la fundación, la cual presentaba una baja ejecución del proyecto.

Otra irregularidad detectada por Contraloría fue el manejo de información privilegiada por parte de Democracia Viva y otras seis fundaciones, las cuales contrataban personal que trabajaba de forma paralela en las dependencias de la seremi de Vivienda con el objetivo de hacer un seguimiento de los proyectos. Si bien no se trataban de funcionarios públicos, estas personas utilizaban equipos públicos y plataformas institucionales que les permitía tener acceso a información contable.

El informe agrega que la información recabada por Contraloría será remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que tomen las medidas correspondientes.