Helena Monzón señala falta de protocolos para ejecutar Ley Monzón

Hermana de la activista asesinada en 2022 advierte que ni FGE ni DIF han establecido un protocolo conjunto para proteger a infantes

Helena Monzón señala falta de protocolos para ejecutar Ley Monzón

Autor: Daniel Jiménez

La Fiscalía General del Estado (FGE), el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Igualdad no cuentan con un protocolo de actuación conjunto para salvaguardar a menores como parte de la llamada Ley Monzón, la cual ya ha sido aprobada en otros tres estados de la República, además de Puebla.

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Así lo señaló la abogada Helena Monzón Pérez, hermana de la activista Cecilia Monzón, quien fue víctima de feminicidio en mayo de 2022 y que inspiró la creación de la mencionada ley, cuyo objetivo es brindar protección a menores de edad en casos de feminicidio o violencia de género.

Por medio de redes sociales, Helena Monzón señaló que han pasado seis meses desde que el Congreso del Estado aprobó la ley y, hasta el momento, ni la Fiscalía ni el DIF han establecido protocolos de actuación para proteger a menores de edad.

“Hace seis meses, el Congreso de Puebla votó de forma unánime la Ley Monzón. Un gran paso para proteger a los menores víctimas indirectas de feminicidio. Pero hace falta un protocolo conjunto de Fiscalía, DIF y Secretaría de Igualdad, que salvaguarde a los menores”

Helena Monzón
Abogada y hermana de la activista asesinada

Desde la aprobación de esta ley en comisiones del Congreso, Helena Monzón señaló la necesidad de un protocolo para que Fiscalía, DIF e Igualdad actúen de forma coordinada para ayudar a niños cuando sus padres resulten vinculados a proceso por feminicidio o tentativa.

Ley Monzón

En el estado de Puebla, la Ley Monzón fue impulsada por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, y consiste en retirar la patria potestad de sus hijos a hombres acusados por feminicidio o tentativa, otorgando la tutela del menor a la familia de la víctima.

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Las reformas a los códigos civil y penal de Puebla, que conforman esta ley aprobada en el pleno del Congreso el pasado 2 de marzo, también establecen castigar con hasta ocho años de prisión a funcionarios omisos o que entorpezcan investigaciones, así como inhabilitarlos por hasta diez años.

Foto: Twitter

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