Caso Convenios: Ministerio de Justicia solicitó al CDE la disolución de la fundación Democracia Viva en tribunales

El Ministerio de Justicia solicitó este miércoles al Consejo de Defensa del Estado, recurrir ante los tribunales civiles, para pedir la disolución de la Fundación Democracia Viva, a partir de las investigaciones que se han realizado por el Caso Convenios.

Según expresa un comunicado de la cartera, la decisión fue adoptada por la subsecretaría de Justicia, luego de un procedimiento de fiscalización iniciado el pasado 22 de junio por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio, tras las denuncias de eventuales irregularidades en el traspaso que realizó la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva para la ejecución de proyectos de habitabilidad de campamentos.

A través de esta fiscalización, se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la fundación.

«Durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta», detallaron desde por el subsecretaría que lidera Jaime Gajardo Falcón (PC).

«En particular el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro», complementaron.

Los incumplimientos detectados por el departamento del Ministerio de Justicia harían “inviable” la existencia de la fundación Democracia Viva, “ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta”.

Cabe recordar que las investigaciones del Ministerio Público por el Caso Convenio se desarrollan en nueve regiones del país, y se estima que la cifra de las eventuales defraudaciones por los contratos firmados entre ramas ministeriales y fundaciones supera los $14 mil millones.

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