La Corte de Apelaciones acogió este jueves el recurso de protección presentado por la Fiscalía de Arica-Parinacota para revertir la polémica decisión del juez que ordenó revelar a la defensa del clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, la identidad de 50 testigos protegidos que declararon en la investigación que se sigue en su contra.
El tribunal suspendió el mandato del magistrado Héctor Barraza, quien el miércoles admitió la solicitud de las defensas de los imputados, planteando que ellos tienen derecho a conocer quiénes son las personas que los acusan.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el órgano persecutor informó que la Corte de Apelaciones «dio lugar a la orden no innovar que pidió Fiscalía de Arica, en recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en causa contra Los Gallegos».
«Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a defensas», agregó.
Protección de los testigos
Ayer miércoles, tras conocer la decisión del juez Héctor Barraza, el fiscal regional de Arica y de Parinacota, Mario Carrera, expresó que desde el Ministerio Público estaban «absolutamente sorprendidos» y «a la vez consternados».
Indicó que la orden emitida por el magistrado iba «totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado».
Por su parte, desde el Gobierno también expresaron su preocupación y anunciaron que presentarían recursos con los que busca anular la polémica decisión del Juzgado de Garantía de Arica.
“El Ministerio Público hará sus propias gestiones, pero como Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, estamos emprendiendo estas dos acciones que buscan revertir esta decisión. En otras situaciones hemos enfrentados situaciones similares y las hemos logrados revertir así que esperamos que en este caso suceda eso”, señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Asimismo, expresó que para quienes trabajan día a día en combatir el crimen organizado, esta decisión es como un balde de agua fría.
«Son investigaciones muy complejas, donde se está persiguiendo grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder desarticular estas bandas criminales», agregó.
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