La Corte Suprema emitió el martes 12 de septiembre un fallo que obliga a la Corporación Cultural de Las Condes a entregar información respecto a contrataciones y nóminas de funcionarios, esto luego de un litigio iniciado a raíz de una solicitud de transparencia de la ONG América Transparente que la Corporación se negó a cumplir.
Se trata de una sentencia inédita, ya que ratifica que las corporaciones municipales del país sí están sujetas a la Ley de Transparencia y, por lo tanto, pueden ser sujetos de fiscalización y control por parte del Consejo Para la Transparencia.
Lo anterior zanja una larga discusión respecto al carácter jurídico de las corporaciones municipales. Desde la Corporación Cultural de Las Condes, por ejemplo, argumentaban que la ley que la creó no la definía explicitamente como una entidad municipal, por lo que no estaría sujeta a la Ley de Transparencia. El mismo argumento han esgrimido otras corporaciones culturales, como la de Santiago o la de Lo Barnechea.
Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, el hecho de que las corporaciones municipales hubieran tenido hasta el momento un menor estándar de transparencia que otras entidades públicas ha permitido que las mayores tranferencias de recursos a organizaciones colaboradoras del Estado se hayan otorgado precisamente a través de estos organismos.
En el caso de Las Condes, una nota de La Segunda publicada el 5 de septiembre de 2005 informaba que la alcaldesa Daniela Peñaloza había transferido $2.200 millones vía trato directo a EnRed Social, fundación que está siendo investigada por fiscalía en el marco del caso convenios. Sin embargo, el concejal Patricio Bopp asegura que los montos entregados por la alcaldesa en realidad superarían los $600 millones, pero, al haber sido entregados a través de la Corporación Cultural, éstos no forman parte del registro público.
«¿Por qué no figuran los 600 millones? Porque no están en el registro de Hacienda. Esos convenios se hicieron con las Corporaciones Municipales y por ende no quedan registrados. Es importante unificar las fuentes de datos y emparejar la transparencia con las Corporaciones Municipales», escribió en Twitter Juan José Lyon.
Cabe destacar que Peñaloza no solo es la representante legal de la Corporación Cultural de Las Condes, sino que también preside el directorio y designa a otros dos directores. Además, entre 2017 y 2022 la entidad recibió más de $30 millones desde el municipio, monto del cual deberán rendir cuentas gracias al fallo de la Corte Suprema.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, celebró el fallo señalando que «el criterio de la Corte Suprema es definitivo. Y no debe extrañar; es de máximo sentido común. Dice que las platas públicas no pueden quedar sin control. Y señala que el mecanismo de crear una entidad independiente, como, por ejemplo, una corporación municipal, no puede ser un truco para quedar fuera del control de la ley de transparencia ni de la Contraloría».
«Con esto queda definitivamente zanjado el asunto. Todas las corporaciones municipales quedarán sometidas al Consejo para la Transparencia, lo que es una gran noticia para Chile y para el combate a la corrupción», agregó.
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