Democracia Viva sólo destinó 1/3 de los fondos públicos para realizar obras en tomas de Antofagasta

CIPER tuvo acceso a la documentación que Daniel Andrade, expresidente de la Fundación Democracia Viva, le entregó al Ministerio Público en el marco del denominado Caso Convenios. La Subsecretaría de Justicia calculó que sólo el 33% de los fondos públicos adjudicados por la fundación Democracia Viva se destinaron a financiar obras en tomas de Antofagasta, mientras que el 66% restante se usó para pagar honorarios.

Según el balance 2022 de la entidad ligada a Revolución Democrática (RD), la institución definió sus líneas de acción en tres proyectos: Ciudades Sin Miedo, Escuela de formación para gestores territoriales y el Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta.

A través de una metodología participativa con “Asambleas, mesas de trabajo, mapeos y talleres, e instancias de vinculación como los puerta a puerta y el uso de medios digitales para una comunicación directa con las y los vecinos” fue como operaba el denominado Laboratorio de Acción Territorial.

El acuerdo sellado en 2022 por Daniel Andrade y el entonces Seremi de Antofagasta del Minvu, Carlos Contreras (RD), exjefe de gabinete de la entonces pareja de Andrade, la diputada Catalina Pérez (RD), terminó con la fundación investigada por posible tráfico de influencias y otros delitos que en total sumaron $426 millones.

Desde el Ministerio de Justicia solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la cancelación de la personalidad jurídica de la fundación argumentando, entre otras razones, que “De acuerdo a la información aportada por la propia entidad, su gasto en materiales parece mínimo y desproporcionado en relación con los gastos que debiese realizar”, dice el escrito.

Pese a que los convenios apuntaban mayoritariamente a mejorar las condiciones habitacionales de los asentamientos precarios existentes en Antofagasta, según indica CIPER, el Ministerio cuestionó que la realización de los 3 convenios destinó el 66% a honorarios, mientras que el 33% restante se gastó en trabajos de obras civiles.

Dentro de las personas que percibieron honorarios del convenio por trabajar en la zona hay al menos tres vinculadas al oficialismo: Karina Meneses, exasesora de candidatos de RD (entre $530 mil y $1,1 millones); Paulina Cabrera, exasesora de la diputada Maite Orsini (recibía entre $1,5 millones y $2,3 millones) y por último figura la actriz Catalina Guzmán (entre $200 mil y $500 mil), quien además fue parte de la campaña del Apruebo.

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