Caso “cuentas corrientes”: Corte de Chillán confirmó prisión preventiva de alcalde de San Ignacio

Corte de Chillán confirma la prisión preventiva de alcalde de San Ignacio por el caso “cuentas corrientes” en la Región del Ñuble

Cabe recordar que por la misma causa, además del alcalde César Figueroa Betancourt, están siendo investigados: Salvador lavagnino, jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes; Rodrigo Sepúlveda, ex director de Serviu de Los Ríos; Rodrigo Andrés Carmona Olivares, imputado como autor de los delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco; su colaborador, el exconcejal y exmilitante Udi, Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho; el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputados como autores de los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y fraude al fisco.  El alcalde de Ñiquén, exmilitante Udi, Manuel Pino Turra, imputado por el delito de cohecho.

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó este 25 de septiembre, la resolución que ordenó la prisión preventiva del  alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos. Ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior del municipio durante 2022.

El fallo señala que del mérito de los antecedentes que constan en la carpeta digital, y aquellos expuestos por los intervinientes en estrados, no se configuran, en esta instancia procesal, antecedentes que permitan sostener que han variado las circunstancias tomadas en consideración al disponer la medida cautelar cuya modificación se solicita, toda vez que la declaración del imputado, no aporta nuevos antecedentes ni permite, por ahora, configurar una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, y en cuanto al informe social, éste da cuenta de su arraigo, cuestión que no se ha discutido, por tratarse de una persona que resultó electo para el cargo de alcalde.

La resolución agrega que, en cuanto a la necesidad de cautela, inicialmente se estimó que la libertad del imputado Figueroa Betancourt resultaba peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida la naturaleza de los delitos formalizados, el número y entidad de los mismos y la pena probable, cuestiones que se mantienen invariables a la fecha.

Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que el imputado se concertó con el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio.

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