Es una vieja maniobra en la cual son diestros y que los convierte en directores de orquesta de arremetidas político-ideológicas. La Tercera y, por supuesto, El Mercurio con mucho bullicio mediático buscan a toda costa que el Estado, el gobierno y Bachelet, pisen el palito (1). Y es un artificio, cuyo objetivo, no por ser grotesco, puede pasar desapercibido. En La Tercera del 28 de julio pasado se incita lisa y llanamente a la violencia, a la represión y al terrorismo de Estado en contra del pueblo mapuche cuando el editorialista de turno escribe que “no se entiende la reticencia por parte de las autoridades de recurrir a la ley antiterrorista cuando se trata de acciones que caen dentro de la definición que dicho cuerpo legal hace de las conductas terroristas.”
Sospechosamente, La Tercera y El Mercurio comenzaron hace algunas semanas a agitar la demanda de violencia de Estado. Quieren que el Gobierno aumente los grados de represión policial en contra del pueblo mapuche. Buscan una condena de Chile en organismos internacionales.
Fue justo cuando todas las pruebas y testimonios comenzaban a indicar de manera fehaciente, que el candidato presidencial de la derecha conservadora y neoliberal, Sebastián Piñera, en su condición de empresario rico, poderoso y protegido de la dictadura, fue favorecido por la justicia pinochetista y absuelto de los delitos cometidos, que los impresos del duopolio se aplicaron a su tradicional trabajo de presión sobre la tecnocracia estatal concertacionista.
Es una evidencia. La denominada Ley Antiterrorista es un engendro de juristas autoritarios que incrustada en “Estados de Derecho” tienta y empuja a los burócratas a las peores violaciones de los derechos civiles vía la militarización y la vigilancia de la vida cívica. Se trata de un exabrupto jurídico que no salva las apariencias del Derecho y no tiene buena prensa internacional, salvo en la latinoamericana de factura oligárquica.
Es sabido. La ley Antiterrorista (o de terrorismo de Estado) a la que La Tercera apela majaderamente es un instrumento legal heredado de la dictadura que puede ser utilizada en todo momento por los gobiernos postdictadura. Por lo mismo, es un anacronismo en una democracia plena. Esta Ley ha sido denunciada con inobjetables argumentos jurídicos por instancias superiores de las Naciones Unidas, de organizaciones de juristas internacionales, de derechos humanos, de pueblos autóctonos y por Amnistía Internacional.
En resumen, corresponde a la caracterización de los instrumentos represivos que crean “estados de excepción” donde los derechos y libertades de las personas y de las comunidades son violados en nombre de una legalidad ilegítima.
Ahora bien, no hay que ser ingenuo; cualquier comisión internacional que visite nuevamente el País Mapuche será testigo y podrá levantar acta de la situación represiva, de violencia estructural e histórica sedimentada en la región y, por lo tanto, de la legitimidad de las demandas del pueblo mapuche. Por eso, algunos blogueros de La Tercera, especialistas en “seguridad y estrategia”, recomiendan a los aparatos represivos estatales más trabajo de “inteligencia” antes que represión abierta. Argumentan una posibilidad de “enlisement”, es decir de escalada de violencia en la región (2).
De lo anterior se desprende que ningún observador internacional permanecerá indiferente cuando constate que son más de treinta ciudadanos mapuches los que se encuentran en calidad de presos políticos y que en total son 80 los que están privados de libertad plena y bajo “medidas cautelares” (otra figura legal represiva que corresponde al arsenal de medidas “preventivas” que se pusieron de moda durante el Gobierno de Bush). Que jóvenes adolescentes han ocupado una escuela para solidarizar con las demandas de su pueblo y comunidades y que el dispositivo policíaco, que incluye un helicóptrero, ha detenido a ocho de ellos. Violencia asimétrica y desmedida, imposible de ignorar para observadores medianamente perspicaces.
¿Caerá el gobierno Bachelet en tan burda trampa que lo condenaría (¿no estará ya en el banco de los acusados?) al oprobio internacional?
El pretexto de la arremetida mediática de El Mercurio y La Tercera para distraer a la opinión pública son las movilizaciones de organizaciones mapuches por recuperar sus territorios ancestrales que cuentan con la simpatía de la gran mayoría de ellos. Estas actividades se enmarcan en la larga lucha por la emancipación de los pueblos y las minorías segregadas, como la de los afroamericanos por los derechos civiles en los EE.UU racistas en los años 1960; de los trabajadores por los derechos sindicales; de las mujeres por sus derechos reproductivos y la equidad; de los homosexuales por la dignidad y de los pueblos indoamericanos oprimidos por la libertad de autogobernarse.
Déle una somera mirada a la historia y percibirá con nitidez que ningún movimiento social ha logrado sus objetivos, incluso en un marco democrático, si no ha, en un momento dado, cuestionado y transgredido la legitimidad de la legalidad que asegura un orden aparente detrás del cual se oculta la injusticia, la discriminación, la intolerancia, la explotación y los abusos.
Según el filósofo Slavoj Zizek los medios dominantes presentan el accionar de los oprimidos como “violencia subjetiva” (3). Así manipulan a su antojo la realidad social. El mecanismo es el siguiente: al representar a los actores sociales como elementos interruptores del cauce normal de las cosas, los medios imponen al Estado la urgencia de actuar en un paisaje de violencia, inseguridad e incertidumbre relatado por ellos. Pero aquí está el meollo del asunto. Lo hacen superponiendo la representación de la “realidad” así construida sobre un fondo de violencia de grado cero (un modelo ideal —inexistente— del orden burgués que ellos proyectan y santifican) donde el poder estatal tendría que aplicar “tolerancia cero”.
Esta operación, estrictamente político-ideológica, La Tercera y El Mercurio la hacen ocultando la violencia sistémica, económica-social, “objetiva”. Proceden amañando la historia, alisándola y construyendo con pinzas al enemigo según el conocido paradigma del orden y el desorden. De este modo, desaparece la historia real. Se diluyen las clases dominantes con un historial político represivo. Desaparecen explotadores forestales, depredadores forestales, políticos al servicio de intereses empresariales e intereses oligárquicos.
Lo mínimo que los candidatos de izquierda a la presidencia pueden hacer en lo inmediato es pararle la mano a la represión. Tendrían que denunciar y desmontar las propuestas represivas (materia de querella ante organismos internacionales) de los medios de la derecha exigiendo la desmilitarización del territorio mapuche y proponiendo una comisión que responda a sus demandas apoyándose en los artículos 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (4).
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Por Leopoldo Lavín Mujica
(1) El pensador alemán Hans Magnus Enszensberger decía que los medios dominantes se paseaban encima de los huevos aparentando no quebrar ninguno.
(2) Cristián Leyton, en: http://blog.latercera.com/blog/cleyton/entry/conflicto_mapuche_la_estrategia_del
El estudio del Think Tank ultraliberal Instituto L&D, 2009: Menos Estado de Derecho en la Araucanía», va en el mismo sentido.
(3) Slavoj Zizek, Violence : Big Ideas/Small Books, Profile Books, Londres, 287, p.
(4) “Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.”
“Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
Leopoldo Lavín Mujica, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá, http://www.leopoldolavin.com