El Grupo de Puebla y los retos del progresismo latinoamericano

Los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró el IX Encuentro Oficial del Grupo de Puebla, organización latinoamericana que ahora agrupa aproximadamente 110 líderes progresistas posneoliberales de América Latina. Fue significativo que la reunión se hiciera en Puebla, con el auspicio del actual gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Como su nombre lo indica, este grupo fue fundado en Puebla el 14 de julio de 2019 y en aquella ocasión contó con el decidido apoyo del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa. Tuve oportunidad de participar en la fundación de dicho grupo porque asistí como delegado del gobernador electo. Ahora nuevamente pude asistir como invitado especial a dicho encuentro que llevó como título “En Unidad Avanzamos”.

Los grandes impulsores de Grupo de Puebla son el expresidente colombiano Ernesto Samper y el dirigente político chileno Marco Enríquez-Ominami. Su principal propósito es crear un frente latinoamericano de articulación de los progresismos posneoliberales en la región. Dicha articulación busca coordinar los esfuerzos de defensa de dichos progresismos con respecto a los ataques que recibe de las derechas nacionales e internacionales y también de los que provienen de los sectores más retardatarios de los Estados Unidos. Siendo el Grupo de Puebla un esfuerzo colectivo, he podido observar que en su animación y dirección se comparte la experiencia y visión de Ernesto Samper con la relativa juventud, energía y también visión política de Marcos Enríquez-Ominami.

Fue en aquellos días de julio de 2019 cuando escuché de Ernesto Samper la afirmación de que en el momento actual era la guerra judicial (Lawfare), la principal arma usada por las derechas en contra del posneoliberalismo. En 2019 ya conocía lo que era la judicialización de la política y de la represión por mi propia experiencia como secretario estatal (2012-2015) y secretario nacional de Derechos Humanos de Morena (2015-2022). Pero debo confesar que fue de Samper la primera vez que escuché la expresión Lawfare.

El propio Samper había sido víctima de estas argucias legales, así como de la guerra mediática con motivo de las acusaciones que se le hicieron de haber recibido fondos del narcotráfico en el contexto de su campaña electoral de 1994 por la presidencia de Colombia. Siendo sobreviviente después de ser gravemente herido en un atentado en 1989 que estaba dirigido contra José Antequera (dirigente de la Unión Patriótica), hoy Samper no se cansa de reiterar que los principales peligros que corre el progresismo posneoliberal son la guerra mediática y principalmente la guerra judicial.

Por ello a la par del Grupo de Puebla, ha surgido un grupo de mujeres juristas que han fundado el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), cuyo principal cometido es estudiar las argucias legales, el origen de estas y las estrategias de defensa necesarias. Puede escucharlas en el evento y quedé impresionado con respecto a la pericia que tienen, así como su decisión de lucha.

Son varios los retos del progresismo posneoliberal latinoamericano. Uno de ellos es la unidad como lo mostró el lema y nombre del IX Encuentro. Hoy en Bolivia observamos un preocupante cisma que enfrenta, por un lado, a Evo Morales y por el otro a Luis Arce y a David Choquehuanca Céspedes. Otro reto es el enfrentar la guerra mediática reaccionaria como lo ha mostrado el linchamiento moral que sufrió en Ecuador Revolución Ciudadana en meses pasados cuando infamemente se le adjudicó el asesinato del candidato presidencial de derecha Fernando Villavicencio. Esta guerra sucia logro bajar en casi 10% las preferencias electorales de Luisa González y le impidió ganar en primera vuelta la presidencia del país.

Otro gran reto es la eficacia en la gestión gubernamental progresista, lo que garantiza la gobernabilidad que no es más que legitimidad sustentada en logros. En Argentina hoy advertimos los efectos de una crisis económica en la que gravita el préstamo de 45 mil millones de dólares que obtuvo Macri en los estertores de su gobierno y que se expresa en una tasa de inflación de 124% anual. Crisis económica e inflacionaria suelen ser el caldo de cultivo para el ascenso de fuerzas de oscurantismo extremo y eso es lo que sucede en Argentina con el fantasma de un eventual triunfo del neofascista Javier Milei.

Independientemente de que la violencia física es uno de los riesgos que afronta el progresismo posneoliberal como lo demuestran el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y los siete asesinatos políticos en Ecuador (tres de ellos contra dirigentes de Revolución Ciudadana), como Ernesto Samper lo señaló desde la fundación del Grupo de Puebla, es el Lawfare el arma más letal de las derechas neoliberales y neofascistas. Varios de los líderes adherentes al Grupo de Puebla y/o asistentes al IX Encuentro se encuentran sujetos a procesos judiciales fabricados: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina); Rafael Correa y Ricardo Patiño además del exvicepresidente Jorge Glas que cumplió cinco años de prisión (Ecuador); Evo Morales (Bolivia) y Marco Enríquez Ominami (Chile).  El Lawfare es una estrategia impulsada desde Estados Unidos y resulta importante decir que ahora tiene una derivación nueva, el Lawfare verde producto de la invención de delitos ambientales.

El líder progresista más ovacionado del IX Encuentro fue el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. Con planes de asesinato en su contra y el uso del Lawfare hacia él y su partido Movimiento Semilla, Bernardo pudo dirigir un discurso y salir apresuradamente del encuentro como consecuencia del nuevo allanamiento por parte del ministerio público de instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Eso no le impidió entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador y que éste en la conferencia mañanera del 4 de octubre lo valorara altamente y condenara los intentos golpistas de “una minoría en Guatemala”.

Escribo estas líneas mientras sabemos las noticias de manifestaciones, paros y cortes de carretera que el pueblo de Guatemala (principalmente los pueblos originarios) están haciendo para defender la democracia. Guatemala no será la misma después del 14 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo asuma la presidencia de ese sufrido país.

Foto: Archivo El Ciudadano

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