El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella criminal por el delito de injurias graves, interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de la periodista de La Tercera Leslie Ayala, y su director José Luis Santa María. Según el documento, el medio habría publicado información falsa respecto a las diligencias de la Fiscalía Centro Norte en una investigación por cohecho en contra de Jadue, y en que iba a ser formalizado prontamente.
No obstante, el alcalde de Recoleta no fue el único jefe comunal en querellarse contra un medio de comunicación, y lo que no fue informado masivamente como en el caso de Jadue. En mayo pasado, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter se querelló por el delito de injurias graves con publicidad, interpuesta en contra del medio independiente El Mostrador, específicamente a su director Federico Joannon y el periodista Carlos Saldivia.
«El día 17 de mayo de 2023, el diario electrónico “El Mostrador” publicó una noticia que indicaba
“La Florida lidera municipios con mayor cantidad de casos de corrupción de la Región Metropolitana”. Esta publicación contó con la imagen del alcalde Rodolfo Carter Fernández en primera plana (…) Sin embargo, todo lo expuesto carece de veracidad y exactitud, no existiendo tales actos de corrupción», se lee en la querella criminal a la que El Ciudadano tuvo acceso.
Incluso, en la acción judicial se detalla que “El Mostrador”, expusieron a la opinión pública, «un supuesto ranking de municipalidades en que existían delitos de corrupción, utilizando maliciosamente la imagen del alcalde Rodolfo Carter Fernández en primera plana –único alcalde nombrado en la publicación y reiterado durante su desarrollo-, efectuando un titular insidioso e injurioso en su contra, del Municipio y de los funcionarios que laboran en este», que claramente tiene un ánimo de perjudicar su imagen y su honra frente a la comunidad, además de buscar destruir la confianza y el prestigio de los vecinos
para con el municipio».
Actualmente, la causa judicial sigue vigente en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Se consultó a la alcaldía sobre el caso, sin embargo, hasta el cierre de este artículo siguen sin emitir respuesta.