La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició este lunes la audiencia para revisar la denuncia contra el Estado de Chile, presentada por 144 mapuches de la agrupación Consejo de Todas Las Tierras, que fueron detenidos en La Araucanía en 1992.
El organismo internacional analiza la causa en su sesión ordinaria en Bogotá, Colombia, tras acogerla en junio del año 2022.
La querella fue presentada por Aucán Huilcamán Paillama, en representación de los 144 mapuches, él incluido, que fueron sentenciados por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Antonio Castro Gutiérrez, en base a 11 querellas interpuestas por el gobierno del expresidente Patricio Aylwin, acusados de «usurpación de tierras» y «asociación ilícita».
Fueron 11 querellas ingresadas por el exintendente en La Araucanía, Fernando Chuecas y el ex-ministro del Interior, Enrique Krauss, que generaron la detención de 144 mapuches y que en 1996, derivaron en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la instancia se recomendó al Estado de Chile reparar el daño causado y aplicar un acuerdo amistoso con los detenidos. Sin embargo, los mapuches alegan que esto no se cumplió por lo que elevaron los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Huilcamán, líder de la agrupación Consejo de Todas Las Tierras y quien estuvo seis meses recluido por los delitos ya referidos,explicó que fueron condenados por defender la causa mapuche y ser contrarios a la dominación de su pueblo
“Formamos una organización basada en la estructura tradicional mapuche y por tanto, promovimos todos los derechos a nivel nacional e internacional. Eso fue calificado por el gobierno de ese entonces como asociación ilícita y usurpación de tierras”, indicó, citado por Bio Bío Chile.
El dirigente mapuche planteó que el ministro en visita vulneró sus derechos humanos durante el proceso, que duró 3 años, tras lo cual dictó la sentencia que los llevó a cumplir penas de cárcel.
Indicó que esperan que el tribunal adopte las resoluciones correspondientes y condene al Estado de Chile a “reparar el daño causado a las víctimas”.
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