Observaciones de la Auditoría deben ser solventadas por funcionarios: Céspedes

El mandatario poblano indicó que la ley marca un tiempo específico en el que se deben solventar las aclaraciones

Daniel Jiménez

02/11/2023 10:00pm

Las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre el gasto de más de 358 millones de pesos ejercidos durante el último año de gestión de Miguel Barbosa Huerta como gobernador de Puebla, deben ser solventadas por funcionarios y exfuncionarios de esa gestión.

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Lo anterior lo declaró el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al ser cuestionado sobre las irregularidades detectadas por la Auditoria federal en recursos que se destinaron para programas de infraestructura social.

Céspedes Peregrina indicó que la ley marca un tiempo específico en el que se deben solventar las aclaraciones, por lo que espera que funcionarios y exfuncionarios de la gestión que encabezó el extinto mandatario tengan todo el sustento para dar una respuesta.

«Son observaciones, precisamente. Habrá que cómo se solventa la mayor parte y una vez que se dé ese tema ya podemos tener mucha claridad si es que hay o no algún tipo de situación. Por el momento son estrictamente que se tienen que estar solventando»
Sergio Salomón Céspedes Peregrina
Gobernador de Puebla

El segundo informe de la cuenta pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación exhibió un monto por 64 millones 746 mil 445 pesos que eran parte de un crédito de infraestructura para un programa de mejora de viviendas sobre las que no se pudo acreditar el cumplimiento de normas para su ejecución.

Otra observación fue hecha por 222 millones 194 mil 053 pesos por 750 acciones del programa de vivienda progresiva, en las cuales señalaron que no se siguió el proceso establecido, como la publicación de una convocatoria para la licitación en el Periódico Oficial del Estado (POE).

De igual forma, surgió un tercer monto por aclarar de la Auditoría de 71 millones 464 mil 096 pesos que se usaron en el programa de estufas ecológicas. En este caso, la empresa contratada estaba impedida legalmente para ejecutar las acciones marcadas en el contrato.