Estado chileno continúa aplicando la Ley Antiterrorista a menores mapuche

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Estado chileno, mediante su sistema judicial, sigue aplicando la Ley Antiterrorista a menores de edad mapuche, a pesar de que en los años 2010 y 2011 se dictaron dos importantes reformas legales en la materia. Esto acontece con el joven mapuche José Ñiripil Pérez, de la comunidad Mateo Ñirripil en la comuna de Lautaro, quien fue imputado siendo menor de edad por hechos acaecidos en septiembre de 2009 en el caso denominado “Fundo Brasil”, siendo condenado por el tribunal.

A José Ñiripil se le imputaron los delitos de incendio de carácter terrorista, incendio cosa mueble frustrado reiterado, incendio cosa mueble y robo con intimidación, los que luego de las reformas legales a la Ley Antiterrorista de los años 2010 y 2011 fueron recalificados como delitos ordinarios.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco inició este lunes 11 de noviembre su juicio oral, fundándose en auto de apertura dictado por el Juzgado de Garantía de Temuco, en que se valida como prueba las declaraciones de testigos protegidos, obtenidas mediante del Art 4º de la Ley 18.314 que califica en Chile Conductas Terroristas.

Como recordaron la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud-Chile, tales reformas fueron resultado de una larga huelga de hambre que durante 82 días mantuvieron presos mapuche reivindicando un juicio justo y se respete su derecho humano a el debido proceso, así como a la presión ejercida por diversas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, e importantes instancias internacionales, para que se modificara la legislación antiterrorista vigente.

Por lo mismo, afirman, es nuevo procesamiento es absolutamente contradictorio con los compromisos asumidos en 2010, orientados a restablecer en el accionar del sistema judicial chileno el apego irrestricto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, en que se promuevan y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Según una fuente cercana que estuvo presente en la audiencia, entre las pruebas aportadas se apreció un video de alrededor de 50 minutos en donde declara un testigo protegido bajo la cuestionada figura que admite la ley antiterrorista, el que además ha sido compensado en sus procesos en su contra, por aportar con sus “testimonios”. Luego un fotógrafo basó sus fotografías en la declaración del testigo compensado, “es decir, toda la prueba de hoy que se apreció fue prueba ilícita”, aseguró la abogada Karina Riquelme.

Rechazo y llamado al Estado

El Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) sostuvo que es el propio Ministerio Público quien ofrece las pruebas como parte de su acusación y el Juzgado de Garantía luego las valida, violándose normas expresas sobre la exclusión de los menores de edad de la ley antiterrorista, así como derechos humanos consagrados en tratados internacionales que ambas entidades del estado están obligadas a promover y respetar de acuerdo al artículo 5 de la Constitución.

Consideran, por lo mismo, “que un juicio como este se encuentra viciado desde su preparación, confiamos que no se producirá un perjuicio al percatarse el Tribunal Oral de la ilicitud de la prueba”, señala en su portal web. Mientras que ANIDE y la Red de ONGs de infancia formularon “además un llamado a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones políticas y sociales y a la opinión pública en general, a permanecer atentos frente a este intento de aplicar, de manera subrepticia, una ley, generada bajo la dictadura militar, al pueblo mapuche y a sus adolescentes y jóvenes”.

Por su parte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, el caso representa una vez “una situación de grave vulneración a los derechos humanos, en particular las normas del debido proceso. Cabe recordar que hace unos meses atrás el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, cuestionaba la aplicación de esta ley al pueblo mapuche, tanto por su incompatibilidad con los derechos humanos como por su efectividad para resolver los problemas de fondos subyacentes a los conflictos por tierras en la Araucanía. En este caso además se aplica a menores de edad, en contradicción con la normativa nacional e internacional aplicable.

Preocupación de UNICEF

En tanto que UNICEF, en conjunto con la ROIJ y organizaciones de derechos humanos, reiteraron mediante comunicado público su “compromiso con la Convención, que consagra la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de una sociedad, donde el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos sea una práctica que los menores de 18 años puedan observar y ejercer en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana”, señalan.

A juicio del abogado Nicolás Espejo, encargado del Área de Protección Legal de Unicef Chile, lo acontecido en el caso de José Ñiripil es delicado porque puede sentar un precedente negativo que vulnere las garantías procesales de los jóvenes mapuche. Además, denuncia una mayor severidad en la aplicación de las normas.

«No tenemos suficiente información para decir si en total de las causas mapuche hay mayor sanción, pero en algunos de los casos podemos advertir mayor severidad en la aplicación de justicia con jóvenes mapuche. El comité de derechos de niños ya ha observado que los niños mapuche están más vulnerables por ejemplo en los allanamientos a sus comunidades, donde son sometidos a apremios físicos y estrés sicológico y nos preocupa que se consolide una tendencia de mayor severidad con los jóvenes mapuche», señala Espejo.

Al caso de José Ñiripil se suma el de Gabriel Valenzuela Montoya. «A él se le imputan los delitos de robo con homicidio y homicidio frustrado. Gabriel está con internación provisoria en Chol-Chol por más de un año y dos meses. En esto la Convención establece que la privación de libertad debe ser la última opción y por el menor tiempo posible. Él estuvo en huelga de hambre solicitando un juicio, y además él está separado de su comunidad y de su familia», subraya Espejo. «Hace tres semanas, él trató de suicidarse. Se presentó un recurso de amparo a su favor, que fue rechazado. El Sename dice que está bajo una situación crítica de estrés y eso nos parece preocupante, porque su internación supera el promedio en que están detenidos los menores no mapuche», finaliza.

Por Elías Paillán

Fuente: Azkntuwe.org