El abogado Jorge Martínez Cornejo, defensor del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, envió al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, una carta con un informe, con el fin de “cooperar» en la investigación penal. que se lleva a cabo sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social.
Cabe recordar, que Yáñez se encuentra imputado en esta causa y con esta acción buscaría evitar ser formalizado por el fiscal regional Xavier Armendáriz.
La causa se inició 2019 bajo la dirección de la jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
«Se le imputa específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad», explicó la fiscal Chong en esa oportunidad.
En 2021 se sumaron dos querellas presentadas en por abogados particulares, que apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de «mando» por supuestos «delitos de omisión» en apremios ilegítimos durante el estallido, comprendiendo las fechas entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.
Según reveló El Mostrador, la misiva enviada a Valencia incluye el Informe en derecho con addendum titulado “El delito de apremios ilegítimos en Chile y su realización omisiva”, además de un addendum (agregado) sobre la Ley Naín-Retamal, confeccionado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
En el texto, el abogado defensor le explica al Fiscal Nacional que le está enviando de manera directa el informe –donde se refiere igualmente a la querella por altos mandos presentada por el INDH el 16 de noviembre de 2022 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del Alto Mando de Carabineros, que también fue anexada a la causa—, porque “para el general director don Ricardo Yáñez Reveco, resulta de la más alta importancia que usted conozca el contenido de estos informes, y que si usted lo estime a bien, sean puesto a disposición de la unidad de estudios de la fiscalía nacional, o a las personas que usted designe”.
Negativa del general Yáñez a declarar
En la misiva, Martínez Cornejo también indica que «Yáñez prestará declaración voluntaria en esta causa, como lo ha hecho en todos los procesos en que ha sido citado, derivados de los hechos ocurridos en el país a contar del día 18 de octubre de 2019”, época en que Yáñez era el director de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar) y, por ende, era quien estaba al mando de todo lo que ocurría en las calles.
No obstante, el abogado no hizo referencia a las razones por las que el general Yáñez, a pesar de haber sido citado seis veces a declarar por la fiscal Ximena Chong, solo ha concurrido en una ocasión-el pasado 27 de marzo- en la cual el oficial superior se acogió a su derecho a guardar silencio.
Desde la defensa del uniformado han utilizado como argumento que éste ya prestó declaración en abril de 2021. Sin embargo, esa declaración la hizo en una causa paralela, en calidad de imputado ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y que está incorporada en la investigación de la fiscal Chong.
Aquella vez, el uniformado descartó de plano la aplicación de una política sistemática de ataques contra la población civil, argumentando que una prueba es que «no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros».
Adicionalmente, la defensa de Yáñez ha planteado que ha prestado declaración como testigo en otras investigaciones llevadas adelante por la fiscal Chong, en causas sobre hechos similares.
Desde Londres 38, han cuestionado que el general director de Carabineros no haya concurrido a declarar ante la justicia en cinco oprotunidades.
«Él no ha concurrido a declarar ante la justicia. Existe una investigación en contra del alto mando de Carabineros, una que investiga la fiscal Ximena Chong, en la que él se ha rehusado a participar», afirmó a mediados de marzo, Karinna Fernández, abogada de la organización de defensa a los derechos humanos.
La jurista planteó que con su negativa, Yáñez «obstaculiza profundamente una investigación que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos».
La abogada manifestó que, en cada citación, Yáñez se ha excusado para ir, y otras simplemente ha decidido no asistir a dar declaraciones, entorpeciendo aún más las investigaciones.
Frente a ello, indicó que Londres 38 ha utilizado distintos mecanismos para exigir que Yáñez cumpla con sus obligaciones legales, desde realizar declaraciones públicas, a otras maniobras de escala internacional.
“Hemos pedido a la Comisión Interamericana que requiera al Gobierno la información de por qué el general no concurre a declarar, y de esas comunicaciones hemos enviado copia a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado acá en Chile, y a la senadora Fabiola Campillai”, explicó.
“Hay una serie de antecedentes que Carabineros no remite, que no envía de manera oportuna, o que lo hace de forma fragmentada. Todos esos son obstáculos para una investigación que justamente tenía que ser realizada de manera oportuna y efectiva, tal como dijo la Comisión Interamericana en su informe sobre Chile”, recalcó la abogada de la organización.
De acuerdo con El Mostrador, a pesar de que el Fiscal Nacional Ángel Valencia acusó recibo a Martínez de la carta y el informe, le dejó claro que “los documentos serán puestos a disposición del fiscal regional Xavier Armendáriz, considerada su designación mediante resolución para dirigir las investigaciones de la querella”.
Según el citado medio, a través de un oficio, Valencia ya le envió los documentos a Armendáriz.
Amnistía Internacional pide al fiscal Armendáriz formalizar a los responsables
El Mostrador destacó que días atrás, Valencia declaró a CNN Chile que en la Fiscalía Regional Metropolitana Norte no había investigaciones por violaciones sistemáticas de DD.HH. en el contexto del estallido social.
“Hay una sobre responsabilidad de Alto Mando y otra por delitos de lesa humanidad”, dijo.
Ante estos dichos, Desde Amnistía Internacional le recordaron a Valencia, que corresponde al Estado investigar violaciones de los derechos humanos.
«Es fundamental que si hay mérito se avance en la imputación de comandantes y se inicie un proceso penal que garantice la plena rendición de cuentas por la violencia policial y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Por supuesto, todo ello cumpliendo con todas las garantías del debido proceso”, señaló la organización.
“Los signos de impunidad siempre son malos, por eso Amnistía Internacional ha organizado una acción ‘urgente’ en la que la gente puede escribir una carta al fiscal expresando su preocupación y pidiendo que se tomen medidas urgentes», indicó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, a través de un editorial publicado en el portal web de la entidad.
«Es necesario y urgente que la Fiscalía, a través del fiscal Armendáriz, actúe con decisión para dar la señal firme de que estos crímenes nunca deben repetirse. La justicia no puede demorarse más”, indicó Bustos.
En el informe «Ojos puestos en Chile», publicado en 2020, la organización ya había advertido sobre la necesidad de investigar la posible responsabilidad del Alto Mando de Carabineros. Es decir, al director general, al subdirector y al director de Orden y Seguridad (Dioscar), en sus respectivos cargos al momento de los hechos.
“Es importante resaltar por qué es relevante que la justicia recaiga en la responsabilidad de los comandantes, ya que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de quien apretó el gatillo, sino que se debe investigar a toda la línea de mando. Esto se fundamenta en tres obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que Carabineros de Chile incumplió”, señalaron en el documento.
«En primer lugar, había múltiples fuentes a través de las cuales los comandantes sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando. Es decir, los comandantes sabían de la violencia policial”, plantearon en el informe.
“En segundo lugar, los comandantes de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades al interior de la institución durante el período analizado en el informe. Es decir, los comandantes tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron. Lejos de eso, permitieron que miles de personas sufrieran lesiones irreparables y cientos de ellas adquirieran una discapacidad de por vida”, indicaron.
“Y en tercer lugar, los comandantes no tomaron medidas suficientes para prevenir abusos, específicamente en lo que respecta al uso de municiones nocivas, falta de protocolos operativos adecuados, planes operativos inalterados, órdenes imprecisas y falta de sanciones”, añadieron en el informe.
Adicionalmente, Amnistía Internacional desplegó una campaña para que los ciudadanos de todo el mundo se pronuncien y pidan directamente al fiscal Xavier Armendáriz imputar a los responsables, a través de una carta modelo en tres idiomas (francés, inglés y español).
“Estimado señor Xavier Armendáriz, le escribo debido a la impunidad que rodea las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019. Es profundamente preocupante que, a cuatro años de estos hechos , la impunidad sigue siendo la regla, especialmente respecto del Alto Mando de Carabineros de Chile. (…) Después de cuatro años, la impunidad no se puede justificar y la justicia no se puede retrasar. Solicitamos que se formalice e inicie un proceso penal contra los comandantes de Carabineros, si existen pruebas admisibles suficientes para ello, en el marco de un juicio justo y con todas las garantías del debido proceso”, indicó Bustos en la misiva.
El plazo para enviar la carta es hasta el 27 de noviembre próximo.
En el marco del aniversario del estallido social, Amnistía recordó los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza contra la población civil, donde las cifras hablan de: 34 muertos, 460 personas con lesiones oculares –algunas con pérdida total de visión-, 8.827 denunciantes de posibles violaciones a sus derechos humanos y miles de denuncias.
“Ese es el resultado del descontrol en las protestas y el accionar de las fuerzas policiales. Pero, hasta el momento, los resultados de la justicia no se corresponden con la magnitud de las denuncias”, afirmaron en la ocasión.
¿Presión política de Yáñez?
Un abogado consultado por El Mostrador explicó que «es poco frecuente» que la defensa envíe antecedentes directamente al Fiscal Nacional que ayuden a una investigación, “porque el conducto regular es agregarlo a la carpeta investigativa y/o entregarlo directamente al o la fiscal que está llevando la investigación”.
A su juico, la carta enviada por el abogado del general Yáñez «es una forma de presión política».
«Busca ‘meter en el baile’ a una autoridad de la República, una persona que ha sido designada por el Gobierno, porque evidentemente, si se llega a formalizar al general director de Carabineros, la administración del Presidente Boric estaría en un dilema, por decirlo de forma suave. ¿Qué haría el Gobierno: mantiene al general Yáñez en su puesto mientras está formalizado? Entonces, la defensa, astuta o mañosamente, no sigue el conducto de la vía procesal que todo el mundo usa… Ejerce presión, y eso lo digo desconociendo cuántas copias de la carta fueron enviadas a otras oficinas”, planteó el académico y abogado.
Asimismo, indicó que le parece curioso «que la Universidad Católica preste su prestigio como institución para realizar un informe pagado por alguien que está investigado en una causa de derechos humanos”.
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