Publican “Alerta Ciudadana”: Los 27 peligros de la propuesta constitucional

En una actividad realizada en la CUT, con presencia de la ANEF, consejeros/as del pacto Unidad por Chile realizaron una cuenta ciudadana, con el fin de informar respecto de la fase final del trabajo del Consejo Constitucional, cuyo borrador será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre

Seguel Alfredo

06/11/2023 10:45am

“Alerta Ciudadana”: Los 27 peligros de la propuesta Constitucional

Consejeros/as de Unidad por Chile, hicieron entrega la semana pasada, de un detallado documento de 27 puntos que alerta sobre el carácter regresivo de la propuesta aprobada que, entre otros aspectos, “constitucionaliza” las AFP, las Isapres, la educación de mercado, la privatización del agua y la concesión de los hidrocarburos en nuestro país.

Además, de acuerdo a la difusión de la ANEF, “El texto retrocede en derechos laborales básicos conquistados en las últimas décadas, y consignados en tratados internacionales suscritos por Chile. A esto se suma, el franco retroceso en materia de derechos reproductivos e incluso participación política paritaria de las mujeres”.

Compartimos a continuación, la publicación, descargable también en el sitio de ANEF

Revisa el documento aquí.

Los 27 peligros de la Propuesta Constitucional

I. Constitución con derechos sólo en el papel

Una de las principales demandas de una nueva Constitución era consagrar derechos socia- les efectivos, pero sólo quedaron palabras vacías. Se mantienen los modelos de negocio por sobre las necesidades de las personas, perpetuando sistemas que están fracasados, en crisis y que lucran con nuestros derechos. La libertad de elegir es sólo para quienes tienen recursos.

1. Salvataje a las Isapres. Se perpetúa un modelo segregado en materia de salud que genera un salvataje a las ISAPRES, la imposibilidad de crear un sistema integrado con criterios de equi- dad y solidaridad, y el desfinanciamiento de la salud pública, seguirá condicionando el acceso a la salud al tamaño del bolsillo de las familias en desmedro de las personas que tienen mayo- res necesidades sanitarias.

2. Constitucionalización de las AFP. No se establecen las bases de un sistema de seguridad social que ofrezca mejores pensiones. Se constitucionaliza la capitalización individual (sistema AFP), cerrando el debate para una reforma que ha sido postergada por más de una década, manteniendo las pensiones de miseria y los problemas que generan las lagunas previsionales. Además, la derecha rechazó incluir un derecho relativo a la dignidad en la vejez.

3. Educación de mercado: Se perpetúa la desigualdad en el sistema educativo, profundizando la crisis de financiamiento, a través del fallido sistema “voucher” (asignación por estudiante según asistencia), e impide el desarrollo de proyectos educativos de calidad para todas las y los estu- diantes, independiente de su origen socioeconómico. Se precariza la educación pública de la que alguna vez nos sentimos orgullosos/as y se perpetúa el endeudamiento para acceder a la educación superior.

4. Se mantiene la privatización del agua. Se replica la privatización de los derechos de agua, incluso yendo más allá que la Constitución vigente al agregar la facultad de “disponer, transmitir o transferir” las concesiones. Esto genera el riesgo de inconstitucionalizar la última reforma al Código de Aguas, que estuvo más de 10 años tramitándose y que estableció un límite temporal sobre las concesiones. Así, se permite que los privados puedan seguir lucrando con este recur- so sin límites a costa de las miles de familias que viven la escasez hídrica. Bajo esta propuesta, bastaría con tener acceso al agua mediante camiones aljibes para que se cumpla con el están- dar de este derecho.

5. Vivienda para unos pocos. Se rechazó la iniciativa popular de norma propuesta por los comi- tés de vivienda, y se privilegió a las grandes inmobiliarias por sobre las necesidades habitacio- nales de las familias. Según datos de la Casen 2022, se necesitan más de 1 millón de viviendas en Chile para abordar el déficit habitacional, omitiendo ello, se propone un derecho acotado, que no considera estándares básicos (como la habitabilidad) y no contempla mecanismos efec- tivos para frenar la especulación y el alza de precios que afectan hoy a las familias chilenas. Además, se debilita la facultad del Estado de regular actividades económicas, lo que profundi- zará la desregulación del mercado inmobiliario, propiciando las cuestionadas edificaciones de “guetos verticales”, o las “casas COPEVA”.

6. Perjudica los derechos de los trabajadores/as. Esta propuesta coarta la organización de las y los trabajadores aún más que la Constitución del 80. Se restringe explícitamente la huelga al ámbito de la negociación colectiva y se inconstitucionaliza la negociación ramal y la negociación interempresa, mermando el poder negociador de las y los trabajadores. Además, cercena la igualdad salarial que establecía el Anteproyecto. En síntesis, ahonda en las desigualdades que tienen origen en el mundo del trabajo, y no garantiza condiciones para el justo equilibrio en las relaciones laborales.

7. Personas en situación de discapacidad. Se desnaturaliza la iniciativa popular de norma presentada por personas en situación de discapacidad, recogiéndose como un principio y no como sujetos de derecho en igualdad de condiciones con los demás.

8. Desprotección para niños, niñas y adolescentes (NNA). No son reconocidos como sujetos de derecho, y los desprotege respecto de la situación actual, a través de la desfiguración del principio del interés superior del niño.. Esto pone en riesgo a los NNA que se encuentran desprotegidos en sus familias de origen o que están en una situación de abandono. Se desco- nocen las distintas realidades que viven los niños, niñas y adolescentes en Chile, y omite a quienes más necesitan apoyo del Estado.

9. Pueblos indígenas. Se rechazó la obligación del Estado de garantizar la participación política de los pueblos y no se consagra ningún derecho colectivo, como tierras, cultura o cosmovisión. No hay ningún avance sustantivo, incluso el proceso constitucional contempló escaños reserva- dos y el Consejo se opuso a consagrar esta figura para el Congreso Nacional.

II. Constitución antimujeres

Buscan retroceder en derechos de las mujeres y niñas, imponiendo una Constitución mora- lista que perpetúa los roles y la desigualdad de género. Dicen defender la libertad de elegir, pero para la derecha y la ultraderecha no tenemos derecho a decidir sobre nuestros proyec- tos de vida.

10. Peligros para la ley de aborto en tres causales. Pone en peligro la Ley de aborto en 3 causa- les (caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación), objetivo que han reconoci- do personeros republicanos en múltiples ocasiones. Se dejó la protección de quien está por nacer, de forma más conservadora que la Constitución del 80. Además, pone en riesgo políticas públicas de salud, como la pastilla del día después. Por otra parte, se rechazó la Iniciativa Popu- lar de Norma (IPN) sobre derechos sexuales y reproductivos, ignorando la participación ciuda- dana y poniendo en riesgo los derechos de mujeres y niñas.

11. Objeción de conciencia para saltarse la ley. Se consagra como un derecho amplio lo que en el mundo es una excepción. Generará más trabas de las que ya existen para acceder al aborto en 3 causales, y permite abrir un espacio de inmunidad ante la ley para los privados. Por ejem- plo, un colegio podrá expulsar a hijos de padres separados o a un estudiante trans. Además, las farmacias podrán negarse a vender la píldora del día después.

12. En riesgo la Ley Papito Corazón. La forma en que quedaron reguladas las pensiones, pone en riesgo la Ley de pago efectivo de pensión de alimentos, que puede ser declarada inconstitu- cional. La propuesta desconoce que 9 de cada 10 “alimentantes” son deudores, y en vez de ponerse en el lugar de los niños, niñas, adolescentes y sus madres, se ponen del lado de los deudores de alimentos, ofreciendo herramientas para oponerse a la retención de sus fondos.

13. Desprotección para labores de cuidado. No se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados y se rechaza el derecho a ellos, lo que no ofrece garantías para quienes los proveen y quienes los reciben. Sólo se entiende en el ámbito de la familia, una situación que no va en línea con redistribuir esta labor. Si bien se mencionan “los cuidados”, su formulación la convierte en una norma vacía.

14. Participación política debilitada: La derecha se opuso desde el inicio a incluir la paridad en la propuesta, en un proceso que era paritario, frenando los avances que se han logrado institucio- nalmente en los últimos años. El principio de participación política de las mujeres quedó debili- tado, consagrando solo el acceso equilibrado a las candidaturas, igual que la ley actual. Además, se aprobó una norma transitoria, que se limita al Congreso y dura solo dos periodos, en que un género no puede superar el 60% de los escaños. Nos quieren fuera del debate públi- co.

III. Constitución de abusos y privilegios

Ofrecen una Constitución que legitima los abusos y está hecha a la medida de los mismos de siempre.

15. Menos impuestos para los grandes empresarios. Se constitucionaliza una reforma tributaria encubierta y se incorpora una serie de beneficios que solo favorece a los mismos privilegiados de siempre. Con esto se corre el riesgo de desfinanciar al Estado, creando un espacio de privi- legio que cambia las normas que actualmente nos rigen. Además, se opusieron a las normas que sancionaban la elusión y la evasión.

16. Promueve la impunidad ante los abusos. Se limita la facultad del Estado para regular y sancionar cuando corresponda normativa que solo favorece a las grandes empresas por sobre las personas. Instituciones como la Dirección del Trabajo, SERNAC o la Dirección General de Aguas verán severamente dificultadas sus labores para fiscalizar y establecer sanciones.

17. Libertad para presos de Punta Peuco. Se establece a nivel constitucional el beneficio carce- lario de arresto domiciliario en caso de enfermedad terminal. Este beneficio está dirigido a dejar en libertad a violadores de derechos humanos, pero también a personas condenadas por otros delitos como homicidio o feminicidio, delitos sexuales o narcotráfico, entre otros.

18. Sistema electoral a la medida. Se reestructura el diseño parlamentario en base a cálculos electorales, generando un traje a la medida de la derecha y ultraderecha que se asegurará una mayoría permanente en el Congreso, al reducir la cantidad de representantes por distrito y disminuyendo la cantidad de diputados (de 155 a 138). El diseño que proponen es peligrosa- mente parecido al superado “sistema binominal”, que excluye a muchos grupos de la población. La supuesta “mayor gobernabilidad” es a costa de menos representatividad.

19. Promueve el Turismo Electoral. La propuesta permite que algunas autoridades que ostentan hoy un cargo de representación, como alcaldes o concejales, puedan eludir el máximo de dos períodos si se postulan en otra comuna, lo que promueve la permanencia de las mismas perso- nas en el poder y que las autoridades no conozcan las necesidades de la zona. Nuevamente se privilegia el cálculo electoral por sobre la posibilidad de nuevos liderazgos en política.

20. Normas ambientales pro empresa. Se opusieron a la justicia ambiental que buscaba solucio- nar problemas como las zonas de sacrificios. En plena crisis climática, la derecha se opuso a incluir principios básicos como el de prevención, precaución, no regresión, justicia ambiental, equidad y justicia climática y contaminador-pagador. Incluso la actual Ley de Bases Generales del Medioambiente es más avanzada que la propuesta constitucional.

IV. Constitución de la incertidumbre e inestabilidad

En lugar de ofrecer soluciones a las familias chilenas, escribieron una propuesta constitu- cional que genera más incertidumbre en el país, de forma improvisada y desoyendo a las instituciones y recomendaciones de expertos y expertas.

21. Bloquea reformas. Para que la propuesta de Constitución, en caso de ser aprobada, no sea modificada posteriormente, aumentan el quórum de reformas de 4/7 a 3/5, lo que la convier- te en una Constitución más inflexible que la actual, dificultando cualquier posibilidad de cambio. La derecha se queda con la llave para poder modificarla.

22. Mantiene la Tercera Cámara. Revive el modelo actual del Tribunal Constitucional, que había sido eliminado del Anteproyecto, entregándole más control sobre las decisiones soberanas del Congreso, legitimando un órgano no electo democráticamente que ha bloqueado o modificado leyes que benefician a la ciudadanía como la Ley que fortalece el SERNAC o la Ley de interrup- ción voluntaria del embarazo en 3 causales.

23. Desfinancian a los municipios. A través de una norma populista se exime del pago de contri- buciones a la vivienda principal, lo que solo beneficia a los más ricos y afecta el fondo común municipal, que beneficia a las comunas más pobres y pequeñas que dependen de más de un 70% de él. La propuesta no se hace cargo de cómo se repondrá el déficit de recursos, que tendrá un impacto en los servicios municipales, afectando áreas como seguridad ciudadana, salud, áreas verdes, entre otras.

24. Incertidumbre para funcionarios públicos. Se crea un estatuto general de contratación, promoción y despidos para funcionarios del Estado que no hace distinción de los empleos, poniendo en riesgo la estabilidad del empleo y la carrera funcionaria. Esta normativa se aplica- ría también a Gendarmería, sin dejar claro cuál es su naturaleza jurídica y los derechos labora- les de sus funcionarios.

25. Descentralización de papel. La derecha se opuso a avanzar en autonomía de las comunas y regiones, alejando las decisiones de la ciudadanía y acotando el margen de acción de las muni- cipalidades que son el primer eslabón del Estado para las personas. Por otra parte, se rechaza- ron mecanismos de financiamiento, manteniendo intacto el modelo actual que provoca desigualdad e inequidad territorial entre las distintas zonas del país.

26. Falsa promesa de seguridad. No se propone nada que sirva realmente para combatir de manera efectiva la delincuencia y solo agrega mayor burocracia al sistema. Se crean institucio- nes de forma improvisada que dificultan el actuar de las policías y del Ministerio Público. La misma Corte Suprema criticó la creación de un tribunal adicional debido a que genera proble- mas para impartir justicia al crear una “justicia paralela”. Se desfinancian las municipalidades, actores clave en seguridad ciudadana. A estos problemas se suma que prioriza la investigación y sanción de unos delitos por sobre otros, lo que da lugar a víctimas de primera y segunda cate- goría y dejan en un ámbito de desprotección a víctimas de delitos sexuales, robos violentos, violencia intrafamiliar, entre otros.

27. Aumenta la Burocracia: En lugar de hacer más eficiente el actuar del Estado y el funciona- miento de los organismos que actualmente tenemos, decidieron crear 10 nuevas instituciones que carecen de sustento, sin capacidad real de hacerse cargo de los problemas que tienen encomendados y que no dialogan con la institucionalidad con la que contamos, a lo que se suma que no incorporaron las recomendaciones de las y los expertos, ni las experiencias de otros países.