El 91 por ciento de los ingresos que tuvo el estado de Puebla durante 2022, destinados a inversión pública, programas sociales y el propio funcionamiento de las dependencias fue por transferencias del gobierno federal. Solo el 8.95 por ciento vino de recursos propios por recaudación de impuestos.
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Así lo dio a conocer el informe «Ojos al gasto«, realizado por la asociación civil Política Colectiva mediante distintos análisis a las cuentas públicas del Gobierno de Puebla, hasta el cuarto trimestre del año pasado.
Lo anterior, señaló el integrante de la agrupación, Luis Javier Moreno, evidencia una dependencia de Puebla y los demás gobiernos locales a las participaciones federales y un déficit de recaudación de los impuestos.
El año pasado, el gobierno de Puebla recibió ingresos por 105 mil 264 millones 11 mil 690.42 pesos, el séptimo presupuesto más grande del país.
En contraparte, Puebla ocupó el 21 en recursos propios, con 9 mil 870 millones 709 mil 685 pesos, de los cuales 4 mil 188 millones 418 mil 104 pesos son de impuestos. Por transferencias y convenios recibió 100 mil 388 millones 247 mil 877.
¿En qué se gastó el dinero?
El informe de la asociación civil indica que de cada 100 pesos gastados por el gobierno de Puebla, 45 fueron destinados a la educación, lo que en números reales equivale a 47 mil millones de pesos, durante 2022.
Tan solo en la nómina de los trabajadores del Estado, se devengaron 38 mil 58 millones de pesos, igual al 36.16 por ciento del gasto.
El 11.32 por ciento fue destinado a Salud, igual a 11 mil 901 millones de pesos, mientras que en seguridad la inversión fue de 3 mil 908 millones de pesos, que corresponde a 3.71 por ciento de los egresos.
En ayudas sociales hubo inversión de 3 mil 32 millones de pesos, igual al 2.88 del presupuesto y para la obra pública del estado se designaron 2 mil 652 millones, el 2.52 por ciento.
Los gastos de comunicación social durante 2022 ascendieron a 207 millones de pesos, equivalente al 0.02 por ciento del gasto total.
La asociación civil indicó que para realizar la base de datos de las 31 entidades federativas analizaron más de 2 mil 208 millones de documentos digitalizados, algunos en formatos de «mala calidad» s ilegibles, por lo que señalan falta de voluntad de entidades de gobierno de transparentar los datos.
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Foto: Archivo El Ciudadano
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