El jueves 9 de noviembre de 2023, fueron noticia los informes del Contralor General de la República que daban cuenta de irregularidades en 15 seremis del país y en la gran mayoría de los Gobierno Regionales.
Al dar cuenta de ellos en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, las diputadas oficialistas Ericka Ñanco y Mercedes Bulnes le consultaron al Contralor Jorge Bermúdez por qué la investigación se realizó solo por el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023.
Ante la consulta, el Contralor señaló que no valía la pena ya que “por la pandemia” los montos eran muy bajos. Bermúdez evitó así investigar también el 2019, año en que, según ha recogido la prensa, comenzó la práctica de contratar fundaciones en el Programa de Asentamientos Precarios.
El mecanismo Monckeberg
En 2019, durante la gestión de Cristián Monckeberg (RN) en el Ministerio de Vivienda, durante el segundo gobierno de Piñera, se creó el mecanismo de fraccionar en pequeños convenios el traspaso de recursos a Fundaciones para realizar trabajos en campamentos.
En la Región de Antofagasta, la fundación Recrea recibió un total de 1.182 millones para realizar intervenciones y entregar subsidios habitacionales a los integrantes de los campamentos “Frei-Bonn” y “Villa Esperanza” .
Ya en 2016, en el segundo gobierno de Bachelet, la ministra de Vivienda Paulina Saball había comenzado la práctica de delegar en la Seremi la suscripción de los convenios relacionados con asentamientos precarios bajo las 5000 UTM, pero fue en 2019 que se creó la práctica de fragmentar en pequeños convenios para cumplir con el límite y evitar la toma de razón de Contraloría.
Los oficios de Felipe Berríos
En 2015, el exjesuita Felipe Berríos deja la ciudad de Santiago para radicarse en La Chimba, en Antofagasta, e inicia su trabajo con los campamentos de la región. Sin la espalda de Un Techo Para Chile, Berríos requiere una fundación o corporación para poder recibir fondos y ejecutar intervenciones en campamentos.
Su amiga personal, Alejandra Stevenson, contaba con la Fundación de Educación y Capacitación Recrea, que hasta la fecha se había dedicado a la edición de libros y a tareas educacionales.
Es por lo anterior que una fundación con razón y objeto educacional inaugura el 12 de julio de 2019 una práctica que se extenderá hasta el bullado caso de Democracia Viva. Aquel día se firmó la resolución exenta que aprueba el primer convenio con Recrea. El segundo convenio se aprobó el 14 de agosto de 2019, por 201 mil millones de pesos.
En su objeto, se describe que se transferirán subsidios para arriendo “que no podrán superar los 200 mil pesos”. Lo suscribe el exseremi Julio Santander Fuentes (UDI). Es decir, se realizó una entrega directa de recursos usando a la fundación Recrea como intermediaria, lo que contraviene el principio de legalidad.
Así se sucedieron los convenios el año 2019, hasta acercarse a un total de 1.200 millones transferidos por el Ministerio liderado por el exministro Monckeberg (RN) a habitantes del distrito de su pareja, la entonces diputada Paulina Núñez (RN).
El mecanismo se expande: Enlace Urbano
Durante los siguientes años, el mecanismo fue utilizándose en otras regiones. Durante 2021, llegó a las regiones de Arica, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos.
El mecanismo ha permitido el crecimiento explosivo de fundaciones ligadas a vivienda. Un ejemplo de ello es Enlace Urbano. El mismo 2021, a 5 meses de haberse constituido, esta fundación firmó los primeros 2 convenios con la Seremi de Vivienda de Tarapacá por 49 y 54 millones de pesos. En total, durante 2021 recibió 599 millones.
Estos convenios le permitieron cerrar un primer balance con 617 millones de utilidades, tras solo 7 meses de funcionamiento.
Por su parte, la Fundación En Red Social ha sido cuestionada por no contar con un domicilio de funcionamiento ni documentación. Además, desde junio de 2022, la presidenta de la entidad, Carolina Pérez, y el tesorero, Orlando Pérez -que es su papá- compraron 3 vehículos, uno de los cuáles tiene un valor de mercado de $64 millones.
Respecto a esta última, en febrero de 2022 el exministro Felipe Ward suscribe un convenio con la ONG para intercambiar y recolectar de forma conjunta información y acompañar actividades participativas, en el marco del programa “Quiero mi barrio”.
Cabe señalar que la representante legal de la fundación, Carolina Pérez Fierro, es además la gerenta general de Esperanza Previene, cuya representante legal es Ana Luisa Jouanne Langlois, esposa del exsenador Jaime Orpis.
Orpis fue senador por Tarapacá, región donde En Red obtiene los 7 convenios ya mencionados y donde establece su sucursal.
Seguiremos informando.
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