El llamado “Cura Tato” fue uno de los primeros casos de denuncia pública realizado tanto a la Iglesia Católica como a los tribunales de Justicia en Chile. Fue condenado en el año 2003 por nueve delitos de abusos deshonestos contra menores y uno de estupro, pero sus escandalosas acciones habían comenzado ya antes, en la década de los 80, cuando ejercía en los mejores colegios de Santiago.
El sacerdote José Aguirre Ovalle, alias el “cura Tato”, murió en la madrugada de este martes 12 de noviembre a los 56 años, ya libre de su reclusión, pero afectado de una distrofia muscular que le impedía moverse por sí solo, y en razón de ello, necesitaba ayuda para sus labores domésticas como vestirse, alimentarse. Este sacerdote quedó en libertad el año 2012, después de casi 10 años de reclusión.
El denominado “Cura Tato” fue el primero en ser condenado en Chile por delitos sexuales, también sufría de insuficiencia respiratoria, lo que al final le provocó un paro cardíaco en el servicio de Urgencia del Hospital del Salvador, hasta donde llegó en grave estado en la noche del lunes pasado.
Sin embargo, en su ejercicio sacerdotal no le importaban en demasía sus votos de castidad. Cuando trabajó entre los años 80 y 90 como director espiritual de los colegios Villa María Academy, Sagrado Corazón de Apoquindo, Juanita de Los Andes, Bradford y Sagrados Corazones de Manquehue, además de ejercer como confesor del Colegio Verbo Divino y párroco de la iglesia de Colón Oriente, fue denunciado al Arzobispado de Santiago por varios abusos sexuales a menores.
TRASLADO A COSTA RICA Y HONDURAS
En 1994 se menciona que dejó embarazada a una menor de 15 años y por este hecho el Arzobispado de Santiago lo traslada en misión por tres años, enviándolo a Costa Rica y Honduras. Regresó en 1998 y la iglesia católica lo destinó a la parroquia Nuestra Señora del Carmen ubicada en Quilicura.
Fue en la diócesis de Quilicura donde Aguirre Ovalle cometió los delitos sexuales que lo llevaron a la cárcel por 10 años. La primera denuncia provino de los padres de dos niñas, que en 1988, al comenzar los abusos, tenían 11 y 14 años. Una de ellas fue la más afectada y con quien el “cura Tato” tuvo relaciones carnales. La menor llegó a cortarse el rostro debido a la angustia.
Después se sumaron las denuncias de otras ocho menores. Entonces y tras enterarse del nuevo escándalo, el Arzobispado de Santiago volvió a enviarlo a Honduras, pero antes de un mes el entonces arzobispo Francisco Javier Errázuriz le ordenó que regresara a responder por sus actos. En octubre del 2005, Aguirre fue detenido apenas aterrizó en Santiago.
PROCESO JUDICIAL Y CONDENA
La jueza del 16° Juzgado del Crimen, Rosa María Pinto, lo sometió a proceso por nueve delitos de abusos deshonestos en contra de menores y uno de estupro, cometidos entre los años 1998 y 2002. Sus víctimas eran niñas que colaboraban con el “cura Tato” en la parroquia de Quilicura. Para evitar que lo denunciaran, las amenazaba con que se mataría si lo metían preso y que sería culpa de ellas.
Según testimonios agregados al proceso, el proceder del sacerdote José Aguirre Ovalle consistía en seducir a las menores y aprovecharse de su condición de sacerdote para obligarlas a aceptar sus requerimientos. Las confesaba sobre sus piernas, les hacía la cruz sobre sus senos y buscaba la manera de quedarse a solas con sus víctimas para manosearlas e incluso tener relaciones sexuales con una de ellas.
En el 2003, la jueza lo condenó a la pena única de 12 años de cárcel, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema. Aunque la Corte Suprema salvó al Arzobispado de Santiago de pagar una indemnización de $50.000.000 a las víctimas en su calidad de superior del “cura Tato”, a pesar que los fallos de primera y segunda instancia sí acogieron esta solicitud.
LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DEL NIÑO
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos independientes, es el órgano de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Y uno de sus métodos de trabajo consiste en la recepción periódica de informes presentados por los Estados miembros de la Convención, con el fin de examinar las medidas adoptadas internamente en miras al cumplimiento de las obligaciones de los Estados derivadas de este Tratado Internacional. Como trabajo y práctica común de los comités es presentar con anticipación aquellos aspectos que considera centrales conocer en las audiencias que se celebran con estos fines.
En dicho marco es que el Comité dio a conocer una lista de preguntas que la Santa Sede deberá responder en lo inmediato, específicamente en relación a los casos de abusos sexuales sobre niños cometidos por miembros del clero, religiosos y religiosas. Concretamente, el Comité pidió explicaciones sobre “cuáles fueron las medidas puestas en práctica para que ningún sacerdote acusado de abusos sexuales esté autorizado para permanecer en contacto con niños”; “cuáles `instrucciones explícitas´ fueron dictadas al clero, a todos niveles, para que las noticias de abuso fueran indicadas a la policía de sus respectivos países” y “en cuáles casos se pidió que los miembros de la jerarquía católica no indicara estos crímenes, y a cuáles niveles”.
Además, requirió mayor información sobre el apoyo que ofrece la Santa Sede a los niños que sufrieron abusos, sobre las investigaciones canónicas en contra de los sacerdotes involucrados y sobre la cooperación de las autoridades eclesiásticas con las magistraturas y el poder judicial de los respectivos países. El Comité también exigió conocer cuál es la política de la Iglesia en cuanto a las indemnizaciones -y si el pago de dinero ha tenido que ver con la obligación para guardar silencio al respecto-, y, además, qué medidas para prevenir nuevos abusos han sido adoptadas.
El documento cita particularmente dos casos muy gráficos: las “Casas de las Magdalenas”, institutos femeninos administrados por religiosas católicas que recibían niñas huérfanas en Irlanda y fueron víctimas de tortura y trato cruel, degradante e inhumano y los “Legionarios de Cristo”, acusados de negar a los seminaristas el contacto con sus familias, entre otros.
A pesar de ciertas veladas “amenazas” esgrimidas desde un sector del Vaticano en relación a denunciar el tratado y, por ende, desvincularse jurídicamente de él, el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, fijó el día 1 de noviembre como plazo máximo para presentar las respuestas, las cuales serán expuestas por representantes de la Santa Sede en la audiencia pública que se llevará al efecto en enero de 2014.
Como primera medida, Francisco I anunció, a través de un documento apostólico, el endurecimiento del derecho penal vaticano en caso de crímenes contra niños -particularmente pornografía infantil, venta y prostitución de niños y violencia sexual-, con la intención de adecuarlo a las convenciones internacionales de las que la Santa Sede es parte.
Ver Texto Oficial de la Convención sobre Derechos del Niño.
http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Texto-Oficial-de-la-Convencion
Por, David Rubinstein
El Ciudadano
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