Insólito: Depredadores ambientales demandan por $10 mil millones a defensores de la naturaleza en sector Parque La Campana

Diez defensores ambientales, la mayoría de ellos de la tercera edad, tras denunciar la explosión inmobiliaria que afecta al Parque Nacional La Campana, declarado Reserva de la Biósfera, fueron demandados por más de $10.000 millones, por parte de los hermanos Francisco y Mauricio Moreno Sagredo, propietarios de la Inmobiliaria Oasis de la Campana SpA.

Según consignó el Mostrador, la denuncia presentad por los vecinos de la comuna de Hijuelas,  en la región de Valparaíso, contra los propietarios de la mencionada empresa, provocó a que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abriera un proceso sancionatorio contra la inmobiliaria de los Moreno por eludir la normativa vigente, modificar el proyecto original, permitiendo una explosión inmobiliaria de miles de loteos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental.

El proyecto Oasis de La Campana contemplaba originalmente 360 parcelas, sin embargo, en 2021 la inmobiliaria informó que el número total llegará a 2.142 lotes, los que, unidos a la parcelación Barrio Privado Lafquén, sumarán más de 2.500 parcelas junto al Parque Nacional, transformándose en un núcleo urbano fuera de toda regulación.

Las obras de construcción del proyecto podrían afectar los objetos de conservación biológicos del Parque Nacional La Campana referidos a palma chilena, bosque y matorral esclerófilo, matorral xerófilo, laderas de exposición sur y carnívoros (hábitat), generando la fragmentación de ecosistemas vegetacionales y paisaje, disminución de individuos de especies de flora silvestre, pérdida de hábitat de especies de fauna silvestre, afectación de especies de flora silvestre clasificadas en categorías de conservación y posibles riesgos por infiltración de aguas servidas hacia la red hidrográfica del parque.

«Acción gravísima» de la Inmobiliaria Oasis de la Campana SpA

Tras completar una investigación, el pasado 2 de febrero el organismo determinó que “modificar la propuesta original derivando en un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que contempla obras de construcción y que no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental”, constituye una acción gravísima, por lo que la compañía podría verse obligada a pagar una multa que supera los $7.500 millones.

Luego de transcurrir algunas semanas después de que la SMA abriera el proceso y en medio de una serie de protestas realizadas en las inmediaciones de la parcelación ecológica Oasis, los hermanos Francisco y Mauricio Moreno interpusieron sendas demandas civiles contra los denunciantes, acusando daño patrimonial causado en la venta de las parcelas.

Los hermanos Moreno Sagredo son hijos de Mauricio Moreno Rojas, hermano del exsenador e impulsor de la reforma agraria, Rafael Moreno. ambos iniciaron el negocio inmobiliario familiar hace casi 40 años y en la actualidad tienen parcelaciones entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

En el balance 2022 de Fundación Terram se premió a Mauricio Moreno Sagredo, integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana para el periodo 2022-2024, en la categoría de “Lavado verde”, como “el principal referente de los empresarios inmobiliarios cuyos proyectos de ‘barrios ecológicos’ fragmentan los ecosistemas bajo un manto publicitario de verde, creando núcleos extraurbanos por fuera de toda planificación territorial”.

Multas por más de $10.000 millones

Cabe destacar que las demandas contra los diez defensores ambiental suman más de $10.000 millones, un monto que supera la multa de $7.500 millones, a la que se arriesga la empresa.

“Lo que hemos hecho los vecinos demandados es ejercer nuestro legítimo derecho a manifestarnos para advertir el daño socioambiental que se está generando en la zona, ante la creciente proliferación de parcelas sin regulación ambiental», indicó Paula Leighton, una de las demandadas.

«Queremos crear conciencia en nuestra comunidad y contribuir a que quienes quieran comprar parcelas puedan tomar una decisión informada, con antecedentes fundados que hemos recabado a través de Ley de Transparencia o que vemos cotidianamente quienes vivimos en el lugar”, señaló a El Mostrador la también directora de la Junta de Vecinos del Oasis de La Campana.

Jacqueline Forteza, quien fue demandada por más de $1.600 millones, expresó que “estos montos exorbitantes, responsabilizando a los vecinos por no haber vendido una docena de parcelas, nos parecen un acto desesperado de represalia por parte de Francisco Moreno, tras la denuncia de su infracción ante la SMA”.

Indicó que estos empresarios «están instrumentalizando el sistema judicial y haciendo demandas como una herramienta de presión en contra de quienes alzan la voz y denuncian afectaciones ambientales, pero con ellas también persiguen silenciar a los demás miembros de las comunidades afectadas”.

Cristián Altamirano, uno de los ocho adultos mayores demandados, recordó que el objetivo de los vecinos ha sido que las autoridades se pronuncien y señaló que estas demandas, «pese a lo absurdas, igualmente nos generan preocupación» y en especial u»na gran decepción por tener que lidiar con empresarios que no entienden que se puede trabajar y hacer negocios en armonía con las comunidades y el medio ambiente, en vez de amedrentar a los vecinos y vulnerar un ecosistema que los habitantes de este lugar queremos resguardar y proteger”.

Amedrentamiento contra los dirigentes sociales

Ajuicio de Joaquín Salinas, coordinador de Campaña de Defensores de Escazú Ahora, “este es sin duda un acto de amedrentamiento contra dirigentes sociales. Ante este tipo de situaciones es urgente que el Estado tome medidas de protección y prevención. No se puede seguir violentando a las personas defensoras ambientales”.

A los actos de intimidación, se suma la denuncia realizada por los vecinos del Oasis de La Campana,  quienes desde hace meses sufren cortes de agua sin aviso, falta de presión, mala calidad del agua debido a la deficiente mantención de la red de abastecimiento y a la escasez de este recurso en los pozos y el canal desde el cual se abastece a los residentes.

Por tal motivo, han instalado lienzos, dando cuenta de la escasez de agua, su deficiente calidad y su alto precio.

La empresa que surte el recurso es Aguas Oasis S.A., cuyos dueños son los mismos hermanos Moreno Sagredo.

Al respecto, Paula Leighton, señaló que «hay tres hechos totalmente demostrables: en enero la empresa Aguas Oasis, cuyo representante legal es el mismo Francisco Moreno, anunció alzas de entre 150 y 1400% en sus tarifas; la empresa indicó que dada la sequía no puede garantizar el suministro futuro y a enero de este año acumula sumarios sanitarios por deficiencias en la calidad de su agua, entre otros cargos”.

Los hermanos Moreno Sagredo justificaron que las demandas –interpuestas por sus empresas– se deben al supuesto daño causado por el levantamiento de los lienzos y por impedir que interesados pudieran comprar parcelas.

“El demandado de estos autos, en forma sistemática y durante varios meses, ha obstaculizado el libre tránsito al proyecto tanto de personas interesadas en la compra de parcelas, como de los empleados y trabajadores del proyecto mismo”, Indicaron en un comunicado , bajo la asesoría de ña agencia de comunicación estratégica y lobby Imaginaccion, controlada por Enrique Correa Ríos

En el texto, plantearon que las demandas que presentaron “corresponden a los perjuicios objetivos causados por impedir el paso de clientes interesados en parcelas en ambos proyectos. De manera ilegal, a nuestro juicio, los demandados impedían el paso y desarrollaban acciones que amenazaban y agredían verbalmente a clientes y trabajadores de la empresa”.

Asimismo, descartan que las acciones estén motivadas por el proceso sancionatorio que inició la SMA, y para el cual ya presentaron un Plan de Cumplimiento, que está siendo estudiado por la autoridad.

“Las demandas no tienen ninguna relación con el proceso de la SMA. Las empresas demandantes sufrieron un daño generado por los demandados y llevaron este tema a tribunales, como se hace en cualquier conflicto entre dos partes”, afirmaron los Moreno Sagredo.

Indicaron que un hecho que demuestra que no se trata de una acción de represalia o amedrentamiento por las denuncias realizadas por la Junta de Vecinos «es que el presidente de esa entidad, Fernando López, no ha sido demandado, pues no estuvo presente en ninguno de los actos descritos”.

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